Los Primo de Rivera, divididos sobre el destino de José Antonio: un osario en el propio Valle de los Caídos o entierro en Madrid

El quinto entierro –los anteriores fueron en Alicante (en 1936 y 1938), el monasterio de El Escorial (1939) y el Valle de los Caídos (1959)– de José Antonio Primo de Rivera, fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936, es inminente. De hecho, muy probablemente ya se hubiera llevado a cabo de no ser por las diferencias que han surgido, en las últimas semanas, en el seno de la familia Primo de Rivera, según ha sabido LA RAZÓN.

Por un lado, la rama familiar que procede de su hermano Fernando Primo de Rivera prefiere que los restos sean inhumados en el madrileño cementerio de San Isidro, mientras que los descendientes de María del Carmen, hermana del fundador de Falange –que se casó con Juan José Peche y Cabeza de Vaca, noveno Marqués de Rianzuela– prefieren que continúe en el Valle de los Caídos, pero en un osario pues, como víctima de la Guerra Civil, la Ley de Memoria Democrática (LMD) contempla esta opción. Ya en 2011, la «Comisión de Expertos» creada por José Luis Rodríguez Zapatero determinó que para «dignificar» y «democratizar» la basílica católica había que sacar el cadáver de Franco de su tumba –cosa que se hizo el 24 de octubre de 2019– y «reubicar» dentro del templo los restos mortales de José Antonio.

Sin embargo, Fernando Primo de Rivera, como portavoz, expresó el pasado mes de octubre a través de un comunicado el deseo de la familia de llevar a cabo su traslado al exterior. El lugar elegido sería el Sacramental de San Isidro, el camposanto más antiguo de Madrid, en una sepultura junto a Pilar Primo de Rivera, hermana del líder falangista, y otros miembros de la familia, pero los Peche están pugnando por la permanencia de su deudo en el osario de la Virgen de la Merced, que se encuentra vacío, al lado de las 33.847 víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. Sin duda confiando en que la desacralización del lugar no se lleve a cabo, y evitar así incumplir el deseo expresado por el propio José Antonio de «ser enterrado en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz». El artículo 54.3 de la LMD establece para «las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existentes el carácter de cementerio civil», pero es un paso al que debe llegarse previa autorización del Vaticano, y se aventura complejo.

Hasta este momento de duda, todo ha seguido el plan previsto. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió el pasado 23 de febrero la licencia urbanística para la retirada de la losa de granito y la reposición por seis baldosas de mármol Negro Marquina –con un presupuesto de 8.630 euros– junto al Altar Mayor; la Guardia Civil se ha reunido para preparar el dispositivo de seguridad; han visitado el lugar técnicos de Patrimonio Nacional y también personal de la funeraria encargada del proceso. Todo en paralelo a las grandes medidas de protección dispuestas desde hace meses en el complejo ante las obras previstas para las exhumaciones que han pedido 106 familias, a las que se opone la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que representa los intereses de otras 218 que piden «respeto» para el «descanso» de los suyos. Sobre el destino de Primo de Rivera, la ADVC no ha querido hacer declaraciones. «Tenemos nuestra opinión, pero es una decisión de la familia, si hubiera sido el Gobierno nos hubiéramos interpuesto con alguna medida judicial», señalan estas fuentes.

Para culminar el traslado del líder de Falange solo restarían el permiso eclesiástico –el abad Cantera ha sido informado vía burofax– y el de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid. Los trabajos necesitarán cinco o seis días, con la basílica cerrada al público. La familia pide «respeto» para un momento que quiere vivir «en la intimidad» y es muy probable que, si hay novedades, lleguen a través de un nuevo comunicado. Pero no parece que sea antes de Semana Santa.