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Podemos

Primera guerra para la nueva dirección de Podemos: la independencia de Andalucía

Iglesias frena sus pretensiones con una «claúsula» antidisoluciones

La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, en el Parlamento de Andalucía en Sevilla larazon

Tras el terremoto de estas semanas en Podemos, el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) deberá lidiar con las exigencias de las confluencias territoriales.

Tras el terremoto de estas semanas en Podemos, con su momento de máximo apogeo en el palacio de Vistalegre, la nueva dirección de Podemos -el Consejo Ciudadano Estatal (CCE)- deberá lidiar con las exigencias de las confluencias territoriales. Esto no es nuevo, ya que el debate sobre la relación de las confluencias con Podemos viene de lejos -precisamente antes de Vistalegre II- pero es ahora cuando Iglesias deberá enfrentarse sin posponer más el debate.

Precisamente es Podemos Andalucía quien abrirá la brecha este sábado en la reunión de la constitución del CCE. Allí pedirá una «comisión bilateral» para negociar su independencia. La coordinadora general de Andalucía, Teresa Rodríguez, explicó hoy que negociará con este órgano y con Pablo Iglesias para que se acepte el mandato unánime de concederle la autonomía-. Según ha comentado a los periodistas, informa Efe, Rodríguez acude al CCE con la obligación de la asamblea autonómica de que Podemos Andalucía abra el proceso de federalización. Una reclamación que tras que Teresa Rodríguez asumiera el control de Podemos Andalucía en las últimas primarias ya notificó a su secretario general por carta que «era un partido autónomo».

Sin embargo, atendiendo a los documentos organizativos que lograron los avales de los inscritos en el pasado Vistalegre II -«Mandar obedeciendo» de «Podemos Para Todas»- esta «independencia» sería inviable en la actualidad. Iglesias, a pesar de apelar a la «unidad» y «humildad», para el nuevo Podemos, tiene este asunto de las relaciones con las confluencias atado en sus documentos organizativos. De hecho en el artículo 26 se señala que «en el caso de que los acuerdos de la Asamblea Ciudadana autonómica impliquen disolución del partido o cuestiones legales relacionadas, o cualquier proceso de cambio de naturaleza orgánica con otras fuerzas políticas, será necesario adoptar las decisiones por mayorías cualificadas de 2/3 de las personas inscritas en el territorio y 2/3 de los círculos activos».