El sindicato policial Jupol declarará el "conflicto colectivo permanente” a Marlaska por la equiparación salarial

En su informe original, la auditora dejaba claro que la cantidad de 807 millones "no es suficiente" para alcanzar la equiparación. Señalan que hay sospechas fundadas de que Interior "presionó" a Ernest & Young para "condicionar" los resultados.

Policías y guardias civiles mostraron ayer su hartazgo ante la desidia y los "engaños" de Interior y su ministro, Fernando Grande-Marlaska . Con varios meses de retraso y polémica de por medio, por fin hacían entrega a los representantes de los agentes de la auditoría que debía establecer si la cantidad destinada para la equiparación con otras Policías del Estado era la correcta.

Desde la cartera que dirige Grande-Marlaska se emplearon a fondo para difundir que esos 807 millones pactados en 2018 eran correctos, y así lo confirmaba la citada auditoría. Sin embargo, no hay que olvidar que este informe no es el original. El primero fue desterrado por Interior porque sus conclusiones no eran las que esperaban. Así, con una auditoría "a la medida"se presentaron ante los agentes para decirles que cumplirían con lo acordado y les pagarían el tercer tramo de la equiparación en 2020.

Es más, en un comunicado, el Ejecutivo reconoce que el incremento salarial supone "un 20% más al mes"respecto a lo que cobraban en 2017, por lo que podría hablarse de una subida salarial pero... [[LINK:EXTERNO|||/etiquetas/noticias/meta/por-la-equiparacion-de-salarios-de-policia-y-guardia-civil-con-los-mossos|||¿Podría hablarse de equiparación?]] Sea como fuere, con un CD, sin dar más información y emplazando a los agentes a una reunión en septiembre dieron por cerrado este capítulo.

La auditora, obligada a ceñirse a los 807 millones

Sin embargo, Interior no contaba con una de las conclusiones de la auditora Ernest & Young, la misma que aclara que "en su opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva". En sus conclusiones, la auditora deja caer que en el informe original, el que fue desestimado por Interior, señalaban que los 807 millones previstos eran "insuficientes". Y lo explica: "Existen determinados conceptos que se tomaron en consideración en la masa salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en comparación con la correspondiente a los Mossos d'Esquadra que, de no haberse tenido en cuenta, habrían arrojado una cantidad superior".

Los conceptos de los que habla son el plus de vestuario, el de acción social y el de residencia. Retribuciones que fueron excluidas de la masa salarial en el cálculo de la Secretaría de Estado y que demostraría que la cantidad de 807 millones suscrita en el acuerdo del 12 de marzo "no permitirá alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos".

Conflicto colectivo y lluvia de denuncias

Por todo ello, el sindicato Jupol, con mayoría de representantes en el Consejo de la Policía, declarará en los próximos días el “conflicto colectivo permanente” a la administración. Así lo han anunciado el secretario general de Jupol, Chema García, y el responsable de comunicación de la organización, Pablo Pérez.

Desde JUPOL han denunciado "la falta de respeto y consideración"de Interioral impedirles acudir a la reunión de seguimiento del acuerdo y han señalado las evidentes "diferencias retributivas"entre el primer informe desechado por Marlaska y el segundo. Diferencias que, a su juicio, se producen "en detrimento de los policías y guardias civiles". Por este motivo, plantearán ante el Consejo General de la Policía el "conflicto colectivo".

García, en rueda de prensa, ha reprochado Grande-Marlaska que trate a Jupol como un sindicato de "policías de segunda"porque ni siquiera les ha convocado a una reunión pese a contar con ocho de los catorce representantes del nuevo Consejo de la Policía.

Respecto al acuerdo firmado en marzo de 2018, Jupol insiste en que lo suscrito no supone una equiparación "real", pues hacen falta otros 700 millones de euros más, al tiempo que advierten que estudiarán medidas legales para volver a abordar el acuerdo.

Y es que según el responsable de comunicación del sindicato, la nómina de un policía en enero de 2020 seguirá teniendo una brecha de entre 300 y 400 euros con la de un mosso en las mismas condiciones de trabajo y antigüedad.

"Esto no es un sindicalismo nuevo, sino la lucha por un reconocimiento económico y socio laboral", ha concluido el secretario general de Jupol tras explicar que la declaración de conflicto colectivo tendrá como consecuencia inmediata la convocatoria de un Consejo de la Policía de forma extraordinaria.

Presiones de Interior sobre la auditora

Un hartazgo que invade al resto de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. "Llegan ustedes tarde, cuatro meses tarde. Y llegan ustedes mal. Muy mal. Se han saltado la obligación de contar con los firmantes para aportar alegaciones y propuestas al trabajo de la consultora", denuncian desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Y no solo recriminan a Interior que se haya vulnerado sus derechos sino que haya podido presionar a la consultora para que haga un informe a la medida y se ciña a los 807 millones acordados. Por este motivo, anuncian que emprenderán las acciones jurídicas pertinentes para averiguar si en el informe de la auditoría "se han aplicado criterios profesionales o si, por el contrario, han existido injerencias o presiones que lo hayan podido condicionar".

Tampoco la Confederación Española de Policía (CEP) ha dado por bueno el documento entregado por la Secretaría de Estado de Seguridad, ya que "A nosotros nadie nos ha pedido opinión ni llamado para aportar nuestro punto de vista, que es que los 807 millones de euros son insuficientes". Como firmantes del acuerdo para la equiparación dicen tener serias dudas sobre las "cifras calculadas por Interior".

"Sospechamos que ha habido trastienda detrás de este asunto", aseguran y por ese motivo han decidido añadir, a la denuncia que ya presentaron contra Interior, una segunda en sede judicial. En este caso, la denuncia irá "contra todos aquellos que pudieran haber tenido responsabilidad en que su trabajo no haya cumplido con lo acordado y que sus conclusiones no se ajusten a lo previsto en el pliego que regula la adjudicación de este trabajo".

Agravio comparativo

Si bien desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil (AUGC, ASES-GC, AEGC, Unión GC, APROGC, UO y la Asociación Profesional de Cabos) se han mostrado más prudentes, el malestar es evidente. Y más si cabe con el reparto del presupuesto del segundo tramo de la equiparación. Así, a la espera de un análisis en profundidad del informe de la auditoría, han recriminado a Interior la cesión del 1,73% que se vieron obligados a realizar a la Policía Nacional sin que existiera un estudio técnico que lo avale. Hay que recordar que el pasado 28 de marzo, denunciaron en los juzgados de Plaza Castilla las "irregularidades" en el proceso de equiparación, así como la toma de decisiones "unilaterales"y "arbitrarias"tomadas por el director general de la Guardia Civil e Interior.

Más tajante se ha mostrado la asociación JUCIL. A su juicio, el acuerdo entre las asociaciones y sindicatos firmantes se limita a "una subida salarial al complemento específico singular" y "no destina ni un euro a pagas extras, comisiones, horas extras, comisiones, compañeros en reserva o jubilaciones".