Malestar general entre los principales socios del Gobierno con el pacto alcanzado este miércoles entre el PSOE y el PNV para mantener el impuesto a la banca pero no a las empresas energéticas. Podemos ya ha dejado en el aire la reforma del impuesto de sociedades si, finalmente, se elimina la tasa a las empresas energéticas. Si el tributo a las energéticas queda descartado finalmente, como asegura el partido nacionalista, los cuatro diputados morados votarán en contra cuando la proposición de ley llegue al Congreso de los Diputados. Pero no es el único voto en contra al que se enfrenta el Ejecutivo. Sumar ha hecho del impuesto a las energéticas una bandera y también se posiciona en contra del PSOE.

El PNV logró arrancar al Gobierno que los impuestos a las empresas multinacionales y a la banca sean gestionados por las haciendas forales, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como la de Navarra. Podrán recaudarlos y mantener la potestad sobre ellos, con capacidad para cambiar su regulación y graducaicóne económica. De esta manera, los socialistas han logrado que el gravamen de la banca pase a ser un impuesto permanente.

Esto, solivianta a la mayoría de socios, incluido a Sumar -socio minoritario en Moncloa, que buscan convertir en permanente el impuesto a las energéticas. El primero en dar la voz de alarma formalmente ha sido Podemos. A juicio del partido de Ione Belarra, debe convertirse este tributo en permanente. Avisan de que su retirada "supondría una reforma fiscal encubierta y regresiva para nuestro país".

Desde Podemos destacan que las grandes empresas energéticas obtuvieron en 2022, cuando comenzó la invasión de Ucrania, "un enorme beneficio extraordinario derivado del incremento de los precios de la energía provocado por la guerra". Este crecimiento no ha sido coyuntural, explican, "puesto que algunas compañías como Naturgy o Iberdrola aumentaron sus beneficios en el año 2023, con incrementos rayanos en el 20 y 10 %, siendo el reparto de dividendos la regla general en el sector", critican.

Estos beneficios, denuncian los morados, provienen exclusivamente "del bolsillo de las familias de nuestro país, que hacen frente a los precios abusivos de la energía establecidos por las eléctricas. Por ello, resulta imperativo que esos beneficios que acaparan ejercicio tras ejercicio retornen a la sociedad a través de un impuesto estructural". El sector de las energéticas ha acumulado más de 10.000 millones de euros de beneficios en 2023, ejercicio en el que estas empresas apenas abonaron al fisco 1.200 millones, recuerdan desde la formación.

Sumar, socio minoritario en Moncloa, ha presentado un paquete de enmiendas al Proyecto de ley para lograr una "fiscalidad justa y suficiente". Sumar busca establecer un Impuesto Complementario para garantizar un "nivel mínimo de imposición" para las multinacionales con el objetivo de que sirva para cumplir con el compromiso de reforma fiscal. El objetivo es introducir en la ley el impuesto permanente a las empresas energéticas, crear un impuesto a las grandes herencias, con el objetivo de que los grandes patrimonios contribuyan. Según Sumar, el Impuesto Estatal a las herencias se establecería para las mayores de 1 millón de euros y sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido.

También buscan reforzar el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas que, aseguran, ha sido efectivo para frenar la competencia fiscal entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre el Patrimonio, mejorando así la progresividad del sistema fiscal y asegurando que las grandes fortunas contribuyan a financiar servicios públicos. Además, también inciden en auemntar la tributación de las rentas del capital y progresividad en IRPF. También buscan eliminar la exención de IVA en la educación privada porque, critican, beneficia a las rentas altas. Aumentar la tributación de las viviendas turísticas y limitar las deducciones al alquiler, o reducir el IVA en determinados bienes y servicios o introducir una serie de impuestos destinados a incentivar y desincentivar comportamientos medioambientales o de salud que generan externalidades en el conjunto de la sociedad y para corregir excesos en determinados mercados, entre otras medidas.