El magistrado y dos fiscales Anticorrupción interrogan en Ginebra al administrador de supuestas empresas pantalla de la hija del ex banquero.

Un año después de estallar la «operación Fénix», que llevó de nuevo a prisión el pasado abril al ex presidente de Banesto Mario Conde, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue intentando esclarecer el supuesto blanqueo de al menos trece millones de euros por parte del ex banquero procedente, según la Fiscalía, del saqueo de la entidad bancaria por el que fue condenado en los años 90.

Pedraz y los fiscales Anticorrupción Elena Lorente y Miguel Serrano se desplazaron la semana pasada a Ginebra (Suiza) para tomar declaración a Francisco Romero Pumar –investigado en la causa por pertenencia a organización criminal, blanqueo y delito fiscal–, administrador de varias empresas de la hija de Conde, Alejandra, quien según la investigación «coordinaba» con su padre la operativa del supuesto blanqueo a través de una maraña de sociedades pantalla. El ex banquero está en libertad desde el pasado junio tras pagar una fianza de 300.000 euros.

El desplazamiento de la comitiva judicial se produjo al amparo de una de las cinco comisiones rogatorias (solicitud de auxilio internacional) despachada por el juez de la Audiencia a Suiza (la única que ha sido autorizada por la Fiscalía helvética) en el marco de este procedimiento. Dado que Romero Pumar es residente en Suiza y tiene la doble nacionalidad y que las autoridades de este país no entregan a sus nacionales ni permiten declaraciones por videoconferencia, a Pedraz no le quedó más remedio, según fuente jurídicas, que viajar hasta Ginebra para interrogar al supuesto testaferro del ex banquero en la sede de la Fiscalía suiza en dicha ciudad.

Anticorrupción sostiene que Conde utilizó fundamentalmente tres empresas pantalla para blanquear el dinero y repatriarlo a España: Barnacla, Oleificio Español y Black Royal Oak. En esa operativa supuestamente delictiva, el ex presidente de Banesto habría contado con la colaboración de sus hijos y del abogado Francisco Javier de la Vega. Fuentes de la investigación se refieren a Romero Pumar como «el brazo derecho de De la Vega en Suiza». De hecho, el investigado admitió en su comparecencia del pasado jueves –según las fuentes consultadas– que administraba o gestionaba varias sociedades de Alejandra Conde, pero precisó que se limitaba a seguir sus indicaciones y las de De la Vega. En todo caso, hizo hincapié en que el dinero era de «origen lícito» y que esas empresas «estaban sometidas a “compliance” (reglamentos de conducta internos que incluyen la prevención del blanqueo de capitales)».

Pero los investigadores están convencidos de que Conde utilizaba a su hija y a De la Vega para blanquear sus fondos en el extranjero y eludir así el pago de las responsabilidades civiles a las que fue condenado por su gestión al frente de Banesto. Conde, sin embargo, asegura que ese dinero procedía de sus negocios en el sector farmacéutico en los años 80, antes de llegar a la presidencia de la entidad bancaria.

Durante las siete horas y media de declaración (las labores de traducción, y la posterior transcripción, del español al francés eternizaron la comparecencia), Romero Pumar fue interrogado, entre otras cuestiones, en relación al flujo de transferencias entre sus sociedades y las de Alejandra Conde, incurriendo, según las citadas fuentes, «en varias contradicciones». El supuesto testaferro de Conde insistió en que «todo era legal» y aseguró que, aunque sabía que las sociedades que gestionaba eran de la hija de Mario Conde, en ningún momento pensó que el origen del dinero pudiese ser delictivo.

Con la comitiva judicial también viajó un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que pudo examinar, con el visto bueno de la Fiscalía suiza, determinada documentación bancaria relativa a los movimientos de dinero de la hija de Conde en el país helvético.

Romero Pumar es administrador de la sociedad británica Higuer, que efectuó diversos pagos bajo sospecha a una de las empresas pantalla del ex presidente de Banesto, Black Royal Oak, por supuestas labores de consultoría. La familia Conde justificó esos desembolsos en la existencia de un contrato de intermediación y servicios de consultoría, firmado en febrero de 2011, por el que Black Royal Oak percibía el 3,5% del volumen de negocio captado gracias a sus gestiones. Sin embargo, los agentes han comprobado que la relación entre ambas sociedades se remonta a 2004 y que entre ambas figuran múltiples transferencias en 2005, 2008 y 2010, antes de la fecha del presunto contrato de consultoría.

El representante en España de Higuer era, precisamente, Javier de la Vega, y la matriz de esta sociedad es Spofforths LLP, la misma que la de Dryset Limited, a través de la cual se realizaron entradas de divisas a Oleificio Español, otras de las sociedades pantalla de Conde.