Pedraz desliga a Ábalos del fraude de los hidrocarburos y descarta enviar la causa al Supremo

El caso Koldo y la trama del fraude de los hidrocarburos no confluirán en los tribunales, al menos de momento. El magistrado que investiga esta última causa, relativa a un fraude del IVA superior a los 200 millones de euros, ha declinado enviar sus diligencias al Tribunal Supremo para que se adhieran a esta rama del caso Koldo que se sigue en el alto tribunal contra José Luis Ábalos.

En un auto que adelanta LA RAZÓN, el instructor Santiago Pedraz explica que no se va a inhibir en favor del alto tribunal porque no hay "indicio alguno" que vincule a José Luis Ábalos con los hechos que en esta causa se investigan, relativos a la actuación de la empresa Villafuel en el sector de los hidrocarburos. Pedraz adopta esta decisión con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde tampoco ven motivos para unificar los dos procedimientos.

De esta forma, se deniega la solicitud formulada por el Partido Popular -que ostenta la dirección letrada de las acusaciones- y que entendió que Ábalos podría estar involucrado en la obtención de la licencia por parte de la empresa de la trama para operar en el sector de los hidrocarburos. Al respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 responde que "ninguno de los hechos en que se basa (la acusación) constan en este procedimiento, con lo que obviamente no pueden ser tenidos en cuenta".

Aldama, epicentro de ambas causas

Con esta decisión se mantienen separadas dos de las principales tramas de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE. Aunque traten de asuntos diferentes, ambos procedimientos tienen como nexo común a Víctor de Aldama. El empresario se convirtió en una pieza clave de la trama Koldo dado que medió para que Soluciones de Gestión se anotara los millonarios contratos de pandemia gracias a sus lazos con el Ministerio de Transportes que entonces lideraba Ábalos.

En lo que respecta a la trama del fuel, este conseguidor también maniobró para que el Ejecutivo otorgara una licencia a la empresa clave sin que cumpliera con todos los requisitos exigidos para ello, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en su querella. Ambas causas afectan al Gobierno ya que la primera investiga contratos de la Administración que, más allá de las mascarillas, incluyen también a las adjudicaciones de obra pública que se concedieron desde Transportes.

En ese procedimiento sí está investigado Ábalos después de que el juez apuntara que tuvo un "papel principal en estos hechos". Nada que ver con la trama del fuel, en el marco de la cual el foco se pone en la actuación del Ministerio de Industria y del Ministerio para la Transición Ecológica, que entonces comandaban Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. La Guardia Civil sospecha que Claudio Rivas, dueño de Villafuel, se acercó a Víctor de Aldama para que éste, gracias a su cercanía con el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, lograra mediar para conseguir trato de favor con la Administración.

Sin implicación de Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción pidió a la Audiencia Nacional que investigara por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, una operativa de fraude de IVA que se cifró originalmente en 182,5 millones de euros. El fiscal Anticorrupción Luis Pastor -que también representa a la Fiscalía en el caso Koldo- apuntó que el fraude tuvo "una grave repercusión en la economía nacional" ya que se valieron de un complejo entramado de empresas, administradas por testaferros, que emplearon para desviar al extranjero (fundamentalmente Portugal y China) más de 73 millones de euros.

La querella se dirigió contra un total de 83 personas -físicas y jurídicas- aunque el epicentro de la trama se fijó en Aldama y su socio Claudio Rivas. La Guardia Civil determinó que ambos se aprovecharon de los lazos entre el conseguidor y Koldo García para conseguir la licencia. Consta en el sumario una reunión del que fuera jefe de gabinete de Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, con Claudio Rivas y Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó en 2021 hasta 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Aunque las reuniones se celebraron en el Ministerio de Industria, la licencia la otorgó el departamento que entonces dirigía Teresa Ribera el 15 de septiembre de 2022. La misma se les denegó en un primer momento, pero finalmente se autorizó a Villafuel a operar en el sector, en un movimiento que, según la Fiscalía, le permitió activar la presunta dinámica delictiva. Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica niegan categóricamente que existiera trato de favor a esta mercantil y precisan que este expediente tardó casi tres veces más que la media en resolverse.

El PSOE, en el foco

Aunque el nombre de Ábalos aparece en el sumario por las actuaciones de su entonces asesor, Koldo García, lo cierto es que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el magistrado instructor ven indicios que le impliquen en este procedimiento. La inhibición solicitada por el Partido Popular se produciría en caso de que la conexidad entre ambas causas fuera tal que no se pudieran investigar de manera desligada. No obstante, de los pronunciamientos del juez, no se aprecia ese escenario.

Ahora bien, los dos procedimientos tienen vínculos en común y estrechan el cerco en el Gobierno y el PSOE. Mientras el caso Koldo investiga el presunto cobro de mordidas que, según Víctor de Aldama, afectarían a Santos Cerdán (secretario de organización del PSOE), al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero; la trama del fuel salpica al partido a raíz de las confesiones de Carmen Pano.

La empresaria, que declara este martes como testigo en el caso Koldo en el Tribunal Supremo, está investigada en la trama del fuel por su presunta implicación con la operativa. Ahora bien, Pano está dispuesta a tirar de la manta y prueba de ello es que ya declaró ante la Guardia Civil tras su detención en diciembre por estos hechos. Su relato también compromete al PSOE porque insiste en que llevó dinero negro a Ferraz hasta en dos ocasiones (45.000 euros cada vez) por encargo de Víctor de Aldama.