El PP pasa a la acción contra el cupo separatista y cita a expertos en el Senado: De la Fuente, De la Herrán...

El PP pasa también a la acción contra el cupo separatista. El acuerdo entre el PSOE y Esquerra para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat incorporó la cesión de la recaudación de los impuestos para el gobierno catalán, algo que ha generado mucha polémica porque puede mermar los recursos del resto de autonomías. En total, los populares, tal y como anunció la portavoz en el Senado Alicia García en una entrevista en LA RAZÓN, han propuesto la comparecencia de ocho expertos para que den su opinión en la Cámara Alta sobre esta cesión del Gobierno, que todavía tiene que materializarse legislativamente.

Las comparecencias se deben llevar a cabo en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado y hay grandes figuras destacadas. Entre ellas, está Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, director ejecutivo de FEDEA y considerado uno de los mayores expertos en el sistema de financiación autonómica en España, un área en el que ha publicado numerosos artículos. De hecho, De la Fuente es una voz muy autorizada en materia de balanzas fiscales, que es la cuestión que más han usado siempre los independentistas para denunciar un supuesto déficit de 20.000 millones del Estado con Cataluña. Sin embargo, el propio De la Fuente siempre se ha mostrado muy crítico con las formas de calcular ese "déficit fiscal" que alude el independentismo y, de hecho, rebaja la estimación al 5-6% del PIB catalán (es decir, a la mitad, dejándolo en unos 10.000 millones). No obstante, De la Fuente concluye en algunas de sus publicaciones que, comparando a Cataluña "con otros territorios españoles o extranjeros con niveles de renta similares, la región está mucho más cerca de la norma que de la sangrante excepción que denuncia airadamente la propaganda nacionalista".

También se ha solicitado la comparecencia de Ana de la Herrán, inspectora de Hacienda del Estado y presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado Español. De la Herrán ya ha dicho que el cupo separatista no tiene ni cobertura legal ni en la Constitución. De hecho, los inspectores son uno de los colectivos que más perjuicios pueden sufrir con la cesión ya que son funcionarios del Estado y si están destinados en Cataluña, pasarían a integrarse en la nueva estructura de Hacienda que se cree con el traspaso de las competencias en materia de recaudación de impuestos.

Además, también están citados Valentín Pich, economista y presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España; Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y vocal del Consejo asesor de la Revista Española de Derecho Constitucional; Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e investigador Senior de Funcas; César García, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela; Desiderio Romero, catedrático de Economía Aplicada e investigador asociado FUNCAS; y, Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Sevilla.

De la lista de ocho comparecientes propuestos por el PP, aparece un catalán: el prestigioso economista Valentín Pich, que conoce bien la realidad catalana y podrá exponer una visión detallada de las necesidades financieras de la Generalitat de Cataluña. También están los catedráticos Ana Carmona, César García y Javier Martín, que permitirán aportar una visión desde el punto de vista del marco constitucional y jurídico sobre la posible cesión de los impuestos a Cataluña: cabe recordar que el régimen común de financiación está blindado por la Constitución.

Este es el listado completo de comparecientes solicitados por el PP, aunque el resto de grupos también tienen capacidad para hacer propuestas en base a su representación parlamentaria en el Senado. El PP ha querido tomar la iniciativa en este asunto antes, incluso, de que el Gobierno diseñe formalmente la reforma legislativa, que tampoco parece que vaya a prosperar fácilmente en el Congreso dada la aritmética parlamentaria que hay ahora mismo.