El Gobierno Canario de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, tardó más de dos meses en alertar por escrito a Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo", de las deficiencias en las mascarillas suministradas al Servicio Canario de Salud (SCS) por contratos que suman 12,3 millones de euros, unas incidencias que no impidieron al Ejecutivo socialista tramitar la financiación comunitaria de esos contratos que ahora investiga la Fiscalía Europea.

Así lo ponen de relieve varios correos electrónicos incorporados al sumario del "caso Koldo", a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. En uno de ellos, el 22 de julio Iñigo Rotaeche, administrador de Soluciones de Gestión, se queja a Koldo García de que el Gobierno Canario haya puesto de relieve deficiencias en las mascarillas suministradas "dos y tres meses después de detectada la incidencia". "Parece difícil de creer", apunta contrariado. El empresario se refiere a un certificado remitido por Antonio Olivera, en esas fechas director del Servicio Canario de Salud (SCS), "por petición telefónica" del "presidente", Ángel Víctor Torres, señalando "todas las mascarillas consideradas no aptas", muestras que el SCS comunica que ha remitido ya al INSS (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo). El Ejecutivo insular adjudicó esos contratos a Soluciones de Gestión el 22 de abril de 2020 (837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por dos millones de euros) y el 4 de mayo de ese mismo año (dos millones de mascarillas más por un importe total de cinco millones de euros).

Ese mismo 22 de julio, Rotaeche traslada a Koldo la comunicación enviada por la responsable de Recursos Económicos del SCS "sobre el estado de los dos contratos de suministros" de mascarillas, en el que precisa que "los modelos de mascarillas no aptas son seis". "Nos parece muy grave que hemos recibido noticia hoy que todo el segundo pedido había sido considerado non apto, dos meses después de la última entrega, lo que genera graves perjuicios para esta empresa, que es una pyme", asegura el empresario al entonces asesor del ministro José Luis Ábalos. "Cuando hay una incidencia se debe comunicar a la mayor urgencia, de otra forma no se trata de una incidencia y se estima aceptado el pedido", se queja Rotaeche a Koldo García, a quien pone al corriente de que los certificados acreditando la calidad de las mascarillas se remitieron al Servicio Canario de Salud "en mayo por email".

"Debe ser bajo ese prisma"

El responsable de Soluciones de Gestión marca a Koldo García la línea a seguir en defensa de los intereses de la "trama": "Nosotros hemos suministrado exclusivamente mascarillas EPI KN95, tal y como se indica en nuestras facturas proformas que te paso en un correo posterior. Nada más ni nada menos. Por tanto la evaluación de las mascarillas debe ser bajo ese prisma, descartando cualquier otro marcado".

Un día después, Rotaeche vuelve a la carga para intentar atajar la reclamación del Gobierno canario, trasladándole "los dos pedidos así como las facturas proformas que los originan" para que el asesor de Ábalos intermedie ante el Gobierno canario, un correo en el que presume de que "todas las entregas en Canarias" cuentan con "informes de cantidad y calidad, todos positivos", tanto en destino como "en nuestro almacén de China en Shenzhen", una información que "se entregó a SCS al momento de las entregas".

La sucesión de correos evidencia la preocupación de Soluciones de Gestión por el impacto económico de esos reparos del Gobierno canario sobre las mascarillas, y cómo la supuesta "trama" recurre a Koldo García para intentar solucionar ese contratiempo. También ese 23 de julio, Rotaeche envía al asesor de Ábalos todos los certificados relativos a las mascarillas consideradas no aptas por el SCS, que según insiste "cumplen con la norma GB2626 por supuesto", aportando "el original y, cuando está en chino, su traducción correspondiente al inglés".

Veinticuatro horas antes, Rotaeche había remitido a Olivera un certificado sobre las mascarillas cuestionadas "con información de los organismos a los cuales fueron suministradas igualmente" así como "los relatorios de ensayo" de los modelos suministrados.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya señaló que el Ejecutivo canario detectó que 837.800 mascarillas incluidas en el primer contrato y valoradas en 2.094.500 euros no se consideraban aptas para su uso sanitario como FFP2, por lo que se renegoció el precio por unidad equiparándolo al de una mascarilla quirúrgica, completando así el pedido con 555.000 mascarillas de FFP2, un proceso que sin embargo no se completó hasta el 13 de noviembre, "siete meses después de que se contratara, a pesar de haber sido tramitado como emergencia".