La palabra de Sánchez a Puigdemont: pisar Cataluña en primavera

Moncloa mira para otro lado ante la manifestación multitudinaria que ayer volvió a expandirse por el centro de Madrid, y a lo más a lo que llegan en ese círculo de confianza del presidente del Gobierno es a sostener que «esa presión de la derecha no puede mantenerse en la calle», y que hasta les viene bien porque sirve para polarizar y para mantener unidos a sus socios alrededor de la figura de Pedro Sánchez.

El ruido en la calle no es un problema, «ya se cansarán», un mensaje que conecta directamente con otro de los hechos sin precedentes con los que está arrancando esta nueva legislatura, que el candidato a la Presidencia no hiciese ninguna mención expresa en su discurso ante el Congreso a su compromiso con ser el presidente de todos los españoles. El ruido de las protesta cívica va a seguir, por lo que, si en Moncloa creen de verdad que las calles inundadas de gritos contra la amnistía les beneficia, tienen motivos para sentirse contentos. La razón de que las manifestaciones no vayan a amainar es que los pactos de investidura tienen que implementarse y que a cada hito que ejecute Moncloa, habrá motivos para que salgan de nuevo a la calle los españoles que no apoyan el pacto con el independentismo. Ésta es la intención del movimiento asociativo que ha cogido la pancarta de «No en mi nombre», y tanto el PP como Vox mantendrán su apoyo a estas protestas.

En Waterloo, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont maneja su agenda con una marca en rojo, la de la fecha aproximada en la que los negociadores de Moncloa le han prometido, en nombre de Sánchez, que podrá volver a pisar Cataluña. Marzo, abril, para primavera, en cualquier caso, debería haberse ya hecho realidad el compromiso asumido por los socialistas en el pacto de la ley de amnistía de que el prófugo de la Justicia española pueda regresar a Barcelona libre de causas penales y de deudas económicas por los delitos cometidos durante el «procés». Antes queda un camino de tramitación parlamentaria que será doloroso para los socialistas porque la intención de ERC y de Junts es presentar enmiendas para trasladar al Congreso su rivalidad también en relación a la ley de impunidad para el soberanismo.

Pero en lo hitos que «calentarán» a la sociedad civil también está la primera reunión en Ginebra con los verificadores internacionales y las primeras decisiones que se tomen en relación al pacto político firmado con Puigdemont. Ante todos estos pasos, que tendrán respuesta en la calle, en Moncloa no hay todavía ningún plan diseñado. Solo había un plan, conseguir el blindaje de la permanencia en Moncloa, y a partir de ahora el nuevo Gobierno, y, principalmente, el equipo de Sánchez, que es quien dirigirá todo el proceso, no tiene decidido cómo manejar la contradicción que hay entre el mensaje de que a Puigdemont le vale con el gesto de la amnistía y lo que dicen en el otro polo de la negociación, mucho más ambicioso sobre hasta dónde tiene que llegar el Gobierno. Ahora toca ir improvisando, desde una concepción flexible de los principios. El posible fallo de este análisis está en el riesgo de que Moncloa no haya medido bien la capacidad de respuesta del soberanismo a una política de amagar y no dar, o al menos no dar todo lo que piden Puigdemont y Junqueras. La crisis que ya ha saltado en la relación del PSOE con Podemos está afectando a la formación del Consejo de Ministros, y confirma que la legislatura tendrá dos vectores: la confrontación dentro del independentismo y la oficialización de la ruptura de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz.

Sin tregua, la derecha y los socios del Gobierno de coalición no abandonan el modo electoral no solo por estos comicios, sino también por las elecciones vascas y gallegas, y la amenaza de un adelanto de las catalanas. Pero en Moncloa, igual que dicen que no les preocupa la calle, tampoco parece que les levante inquietud la falta de margen para desarrollar un proyecto de gobierno ni estar permanentemente colgando del alambre.

Su objetivo es «resistir», a sabiendas de que aunque los socios les dejen sin apoyo, no hay mecanismo para echarles del gobierno porque la moción de censura no es una opción viable. Moncloa está convencida de que los socios, incluido Puigdemont, acabarán tragando con todo con tal de que no puedan acusarles de favorecer a la extrema derecha. Junts es de derechas, ahora, en esta legislatura que tiene como eje la confrontación territorial, eso para Moncloa es lo de menos.