El órdago proetarra con el que Bildu presionará para los presupuestos

Todos los años SARE, la red de apoyo a los presos de la banda terrorista inicia el año marcando la hoja de ruta con la que Bildu ejercerá su presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Con unos presupuestos aún por aprobar, la izquierda abertzale recuerda a Sánchez cuáles son sus prioridades y quién es el verdadero legislador de las políticas gubernamentales: los abogados de ETA.

El pasado sábado, esta red de apoyo a familiares de presos de la banda terrorista ETA reivindicó "abrir las puertas de las celdas" a los asesinos encarcelados porque consideran que solo así se supera el "conflicto".

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez busca sortear la Justicia para así lograr su propia impunidad, la de su familia y la que afecta al Gobierno y a su partido registrando en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para acabar con lo que califica de "acoso judicial" al Gobierno poniendo fin a las acusaciones populares, los abertzales elevarán el órdago. Y es que esta argucia de "cargarse" las acusaciones populares también dejará a las víctimas del terrorismo "sin capacidad de acción" algo que iría en contra del artículo 125 de la Constitución, como ya ha denunciado Dignidad y Justicia.

Con ello, las víctimas no podrían participar en los procedimientos más allá del enaltecimiento, que el propio Gobierno pretende despenalizar, como ya han anunciado sus socios en el Ejecutivo. Sin la acusación popular, sin embargo, ni el caso Faisán, ni muchas investigaciones contra el entorno de ETA, ni las causas contra los jefes de la banda, ni la mitad de la lucha contra el terrorismo "estarían hoy vivas en los tribunales o con sentencia condenatoria", avisa el presidente de Dignidad y Justicia.

A esto se le une el tenebroso desfile al que asistirán a partir de febrero las víctimas cuando sanguinarios terroristas -un total de 40- comiencen a ver reducidas sus condenas después de que se "colara" una ley en el Congreso que les descuenta las condenas que han cumplido en Francia. Por ello, en el mes de febrero el etarra Francisco Javier García Gaztelu "Txapote" saldrá de prisión.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha expresado su rechazo a la manifestación convocada por Sare este pasado sábado en Bilbao y ha criticado que a la red ciudadana "no le bastan los terceros grados fraudulentos" y exija "la excarcelación" de los presos de ETA.

En un mensaje difundido a través de la red social X, un día después de que miles de personas pidieran en Bilbao "abrir las puertas de las celdas" a los presos de ETA con la legislación ordinaria, Consuelo Ordóñez ha censurado que a Sare "no le bastan los terceros grados fraudulentos" ni cualquier "trampa para facilitar las excarcelaciones encubiertas".

Y es que, según han denunciado, Sare pide la puesta en libertad de los presos de ETA "porque ya han cumplido suficiente" para ellos. En este sentido se ha preguntado "quiénes son" esta red y EH Bildu para establecer que los presos de ETA "ya han cumplido suficiente" condena.

Pero no se quedará ahí el órdago porque, si en su momento las víctimas del terrorismo denunciaron que se llevaría a cabo ese intento de excarcelaciones ahora los abertzales, advierten las víctimas, intentarán derogar el Código Penal para quitar el máximo cumplimiento de 40 años. "Esto lo van a hacer y lo harán pronto", avisó la presidenta de la AVT, Maite Araluce para que a nadie se le pase esta vez, como ya ocurrió con la ley anterior.

También es posible que busquen otro resorte más: Buscarán lograr la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la figura del juez de vigilancia en los casos de terrorismo. Y es que, si das las competencias en vigilancia penitenciaria al País Vasco o a Cataluña, los jueces son de allí, el fiscal también, porque es el que corresponda a la jurisdicción. Daniel Portero está convencido de que ese será el siguiente paso. "Sánchez ya ha trasladado a los etarras a las prisiones vascas y la competencia de ellos es el tercer grado, donde solo puede opinar el fiscal. Pero, en la libertad condicional entra el fiscal y entramos las víctimas y esa no la puede dar la administración competente sino el juez de vigilancia".

Este será parte del calendario encubierto con los que los abertzales irán elevando el órdago ya que la expulsión de la Guardia Civil de País Vasco y Navarra es algo que ya dan por hecho además de otras prebendas para el euskaldunización de lo que consideran Euskal Herria.