La aplicación de la conocida como Ley «solo sí es sí», impulsada en la anterior legislatura por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ha permitido la rebaja de la pena de prisión que le fue impuesta a uno de los cinco miembros de La Manada que violaron grupalmente a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016.

Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo (TS) que resta un año a la pena de cárcel –pasando de 15 a 14 años– de Ángel Boza, tal y como lo había dictado previamente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), por lo que avala el criterio expresado por este último tribunal. Y desecha el recurso que presentó la Fiscalía, la Comunidad Foral de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la propia víctima contra el fallo del juzgado de Navarra. Boza, tras la entrada en vigor de la nueva norma relativa a delitos contra la libertad sexual, se acogió a ella para que se le realizase una revisión de su condena y lo logró.

El Alto Tribunal navarro entendió que el Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación de este miembro de La Manada le impuso 15 años de aprisionamiento porque era en aquel momento previo al «solo sí es sí» la condena «próxima» y «cercana» al mínimo legal en que entonces estaba tipificado el delito de abuso sexual continuado.

Al ser más bajos los nuevos mínimos legales de la nueva Ley y ser este parámetro o criterio de referencia del que no se puede prescindir en una revisión de la pena, primero, el TSJN y, luego, el Supremo, tuvieron que valorarlo.

Ahora, la Sala del TS ha cuantificado en nueve meses el tiempo de cárcel al que sentenció a Ángel Boza por encima del mínimo legal que existía en aquel momento anterior a que entrase en vigor la Ley del Ministerio de Irene Montero. La pena inicial de 15 años que se le impuso en transposición dos años superior al mínimo imponible en la actualidad.

En adaptación a la legislación penal actual, el TSJN resolvió que con la nueva ley se rebajó el mínimo legal del delito en 1 año y 3 meses, pero mantuvo el mismo techo de años y meses a los que se puede castigar. Y, con ello, entendió el tribunal navarro, debía también reducirse la pena en este caso.

El Supremo, además, no alberga duda alguna, según consta en la sentencia, de que la conocida como «Ley del sí es sí» resulta más favorable para los delincuentes sexuales que la regulación previa y apunta a que la prueba de ello está en que el propio legislador modificó su inicial tipificación de la pena para elevarla, ante la polémica y el malestar social que despertaron las revisiones a la baja de sentencias de delitos de carácter sexual que se comenzaron a ver en aquellos meses de 2022 en los juzgados de todo el país.

La sentencia añade, además, que no pueden hacerse diferencias «entre este caso, por más que sea particularmente mediático», y los otros cientos de casos similares que han sido analizados por esta Sala en los que, recuerda el TS, «de forma muy reiterada se ha declarado que el marco penológico instaurado por la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual es más beneficioso que la regulación anterior».

Precisamente, esta nueva legislación fue impulsada por Podemos bajo la tesis de que la sentencia a José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Miguel Guerrero y Jesús Escudero, además de a Boza, había sido injusta por no haberse reconocido en los hechos enjuiciados una violación.

La razón, defendía especialmente la anterior ministra de Igualdad, es que no había tenido en cuenta el papel del consentimiento –de ahí, precisamente, nace el apelativo «solo sí es sí»– al no apreciar que hubieran concurrido violencia o intimidación en el abuso sexual.

Irene Montero ya calificó de «dolorosa, especialmente para la víctima» la rebaja de la condena para Ángel Boza cuando fue dictada en instancias navarras el pasado septiembre. Se hizo, en este sentido, cargo de su «dolor» y llamó a todos los poderes del Estado a garantizar «el consentimiento y el derecho a la libertad sexual».