Un comienzo de curso de alto voltaje es lo que le espera al Gobierno a la vuelta de las vacaciones en el Congreso. Tras un paréntesis estival, el Ejecutivo buscaba con el parón tratar de reconducir las relaciones con sus principales aliados, especialmente con Junts con el objetivo de frenar las derrotas parlamentarias con las que cerró el curso en julio. Pero tras la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat tras el pacto con ERC, lejos de conseguir la estabilidad ambicionada, ha desencadenado en una situación de interinidad. Y es que al enfado de Junts se une el de ERC ante los reparos del Gobierno para cumplir con el cupo catalán pactado.

Con estos mimbres, y socios inestables, el Gobierno deberá recabar apoyos para tramitar grandes de sus compromisos, los cuáles fracasaron en la primera parte de la legislatura; los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de la Ley de Extranjería y la Ley del Suelo, son algunos de los grandes retos para el Gobierno, ante el rechazo de socios y oposición.

Pero, al margen de las grandes cuestiones que tiene pendientes el Gobierno, el Congreso espera con hasta 50 leyes en tramitación. En total, 18 proyectos de ley del Gobierno, de los que cinco acumulan periodos de enmiendas desde febrero, todo ello a pesar de que se tramitaron por vía de urgencia. Entre ellos destacan la creación de una agencia estatal de Salud Pública, que ya acumula 20 ampliaciones de plazo para presentar enmiendas, la ley de Familias, que está pendiente desde la pasada legislatura, o el proyecto de ley para regular los servicios de atención a la clientela, o la ley de movilidad sostenible, las cuales todavía no han llegado a pleno ante las sucesivas prórrogas de enmiendas a la totalidad.

También está pendiente desde abril la iniciativa legislativa popular para regular a 500.000 migrantes, que se encuentra a falta de recabar los apoyos del PP o de Junts para salir adelante y que ya ha encadenado seis periodos de enmienda al articulado. A la espera de las enmiendas a la totalidad se encuentran la prórroga de suspensión de desahucios o el proyecto de ley para descuentos para jóvenes. Hay cuatro proyectos de ley paralizados entre los que destacan los decretos anticrisis y el de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Los grupos parlamentarios, por su parte, esperan con ansia ver la luz de hasta 12 proposiciones de ley. Presentada por el PNV en marzo está la ley de secretos oficiales, de vital importancia para los nacionalistas vascos para seguir sustentando al Ejecutivo. Se ha alargado en 15 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. En «standby» desde febrero hay una proposición de ley de Sumar que tiene por objeto despenalizar los delitos de opinión.

Tampoco ha llegado a pleno la iniciativa de ERC para eliminar la obligación de acudir a convocatorias de la selección española de futbol. La modificación de la Ley del Poder judicial sobre la jurisdicción de Sumar tampoco avanza. Hay cuatro leyes nuevas en tramitación desde junio que pronto avanzarán. El PP presentó una ley contra la multirreincidencia y una para que el Ejecutivo informe al Congreso y el Senado antes de los Consejos Europeos. El PSOE, por su parte también inició los trámites para dar luz verde a la protección a los donantes de órganos vivos y convertir en agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones. Tres leyes de ELA siguen paralizadas, a la espera del consenso de los grupos.

Como ya denunció este periódico, el Congreso bloquea leyes que provienen del Senado, donde el PP tiene mayoría. A pesar de que éstas deberían aprobarse en el Congreso inmediatamente, como marca la tradición, encadenan periodos de enmiendas, hasta doce: la ley que tiene como objetivo rebajar el IVA de las peluquerías, también una reforma del Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable) y una ley «antiokupas». Bloqueada se encuentra la reforma de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad o la norma para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus función.

De comunidades autónomas, todavía tienen que pasar el filtro del Congreso dos: una del Parlamento catalán para asegurar que haya cajeros en los municipios rurales y una de Galicia sobre la transferencia de la AP-9.