El ex president asegura al Tribunal de Cuentas, que le juzga por el supuesto desvío de cinco millones en la votación soberanista de 2014, que “lo esencial era consultar al pueblo catalán”.

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al no suspender la consulta soberanista de 2014, ha asegurado al Tribunal de Cuentas que “no era en absoluto consciente de estar cometiendo una ilegalidad” al seguir adelante con la misma pese al mandato del TC. “Teníamos un mandato popular muy evidente con mayorías muy sólidas en el Parlament, que superaban los dos tercios”, ha argumentado el ex dirigente de CiU, para quien estaban “obligados a imaginar caminos” para que el pueblo catalán pudiera ejercer el “derecho a decidir”.

El Tribunal de Cuentas juzga desde hoy al ex president junto a la ex vicepresidenta Joana Ortega, los ex consejeros Francesc Homs e Irene Rigau y seis altos cargos del Gobierno regional por su supuesta responsabilidad contable en el desvío de casi cinco millones en la consulta independentista del 9-N. Mas, Ortega, Rigau y Homs fueron condenados por desobediencia por estos hechos a penas de inhabilitación, aunque sólo el último, que fue juzgado por el Tribunal Supremo. ha cumplido ya la condena.

“Lo esencial era consultar al pueblo catalán”, ha insistido Mas, quien asegura que los casi 7.000 ordenadores utilizados para la consulta soberanista “están funcionando” en las escuelas y se adquirieron para las “necesidades del sistema educativo”. “Ese era su uso básico. El fin del contrato no era ese (el 9-N)”, ha añadido. “Se compraron para el sistema educativo y puntualmente se utilizaron para un fin de semana”, ha recalcado una y otra ante las preguntas del abogado de Sociedad Civil Catalana, que junto a la Abogacía del Estado y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución demandaron ante el órgano fiscalizador al ex presidente de la Generalitat por su presunta responsabilidad contable en los gastos de ese proceso participativo.

Mas ha descargado la responsabilidad de la consulta en “miles de voluntarios” en cuyas manos, según él, la Generalitat dejó la organización del “proceso participativo” una vez el TC suspendió la consulta. “Había miles de personas implicadas y empoderadas de su misión” y los contratos “estaban hechos y muchos ya facturados”, ha añadido para justificar que la Generalitat se cruzara de brazos.

“Si finalmente como ustedes pretender insinuar aquí era lo mismo” el proyecto inicial de consulta a la que finalmente se celebró, ¿porque el Gobierno no pidió un incidente de ejecución de la primera resolución del Tribunal Constitucional?”, se ha preguntado el ex president.

Mas ha admitido que tras la decisión del Constitucional de impedir la consulta no ordenó la paralización de los contratos administrativos que estaban en marcha “porque ya estaban formalizados” y eso habría supuesto “un coste para la Administración por una reclamación por daños y perjuicios”.

“Precisamente porque había dudas sobre cómo había que hacer las cosas, ya que todos los contratos o casi todos se habían hecho ya, pedimos al TC una aclaración sobre qué era lo que debíamos suspender y lo que no, y esa aclaración nunca llegó. No hubo interés en aclararnos qué teníamos que suspender”, se ha quejado. “Si tan delictiva era (la consulta), ¿por que ningún fiscal ni ningún juez intervino para impedir ese delito?”. Mas ha explicado que el “proceso participativo” continuó quince días mas durante los cuales “la gente siguió votando” sin que la Justicia pusiese ningún reparo. “Nadie hizo nada para impedirlo pudiendo haberlo hecho”, ha recalcado.