En estos días de tribulación, impotencia y dolor, deberíamos dejar de hacer partidismo para centrarnos, todos a una, en ayudar a la miles de familias afectadas por la tragedia, dándonos igual las banderas y los colores de los partidos. Habida cuenta de la lamentable polarización del país, por fortuna aún tenemos la figura del Rey para superar nuestras discrepancias, en aras de ayudar a quienes hoy lo necesitan. Por desgracia no es posible, ni tan siquiera en estas horas de sufrimiento. Ya vemos la inquina en los discursos culpando a la derecha de haber suprimido la UME valenciana o de no alertar a su debido tiempo. Ni una cosa ni la otra hubieran servido de mucho ante la magnitud de la fuerza de la naturaleza con una DANA inmanejable. Pero siempre tiene que imponerse la ruindad del discurso partidario, sin tan siquiera dejar una jornada de pésame para poder digerir lo que no tiene digestión posible.

La UME valenciana apenas era un proyecto que liquidaron los bomberos, por duplicidad de servicios, y las alertas se dieron desde temprano, sólo que quizás en España debamos abrir un debate sobre si una alarma roja debería implicar también el desalojo obligatorio de las zonas inundables, o las vaguadas, suprimiendo incluso cualquier actividad, sea laboral, escolar o social. Ahí sería necesario el consenso, pero por desgracia este país es ya incapaz de consensuar nada, en buena medida porque quien ha de llevar la iniciativa, el Gobierno, ha renunciado a cualquier tipo de acuerdo con la oposición, imponiendo en cambio su criterio porque sí, al margen de las normas democráticas establecidas. De modo que tenemos a un Ejecutivo cada día más asediado por situaciones que habrían supuesto hace tiempo la renuncia en bloque de un Gabinete que no fuese socialista. Ya se encargaría el PNV de lograrlo, en un ejercicio de hipocresía que retrata perfectamente a los principales dirigentes del nacionalismo vasco. Malos tiempos para España. Somos más noticia por anomalías que por hechos positivos. Crecemos en PIB más que otros, sí, pero en base a una deuda disparada. En todo lo demás, las informaciones son malas o peores. No es admisible que el fiscal general del Estado, procesado por el Tribunal Supremo, sea sometido a un registro de sus pertenencias y dispositivos en aras a dilucidar su culpabilidad en un procedimiento judicial. En un país serio, un fiscal general investigado presentaría de inmediato la dimisión, siquiera para poderse defender sin la atadura del cargo, y evitar que sus actuaciones puedan ser caracterizadas de reprochables.

Tampoco es normal el cerco judicial en torno al presidente, bien por las reiteradas imputaciones de su esposa, por el entramado presuntamente corrupto de la trama Aldama-Ábalos que le salpica, o incluso por las sospechas de nepotismo con su hermano. Es imposible gobernar con un mínimo de normalidad en un ambiente semejante, que obliga al jefe del Ejecutivo a pasar más tiempo fuera de España que en su país, para escapar de lo evidente. Sánchez no ha sabido manejar tales asuntos, y prueba de ello son los reveses judiciales sufridos, uno tras otro, en su enfrentamiento no medido con la Justicia. Ante los requerimientos de los tribunales, cualquier ciudadano hubiera respondido desde la colaboración, nunca echándole un pulso a un juez que cumple con su obligación de investigar. A la Justicia se la convence con información, buenos modales y transparencia, jamás desde la altivez del poderoso que gobierna. Sólo desde la arrogancia se entienden tales comportamientos, que penalizan al país y están dejando sin crédito a quien lo preside. En días como hoy, se impone reclamar el fin de la polarización. España no la merece.