En pleno repunte migratorio, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado a las islas Canarias para presidir una nueva reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración y anunció que dos nuevos aviones de la Guardia Civil se incorporarán desde mañana a las labores de vigilancia marítima en la ruta atlántica. Con un goteo de llegadas continuo y más de 8.000 rescates en los que va de mes, el ministro mantuvo un encuentro con los máximos responsables de las fuerzas de seguridad en las islas, así como representantes de los ministerios de Defensa, Hacienda, Migraciones y Transportes.

Sobre la mesa planearon dos asuntos: la escasez de recursos y la petición del gobierno regional, que dirige Fernando Clavijo, de poner en marcha un mando único entre Canarias y Madrid para gestionar la oleada de llegadas. Sobre el primer asunto y después de que se publicasen imágenes de migrantes en el aparcamiento de la comisaría de Arrecife al carecer de recursos para acogerles, el ministro de Interior en funciones aseguró que España cuenta con «músculo suficiente» y subrayó que «todas las personas están siendo atendidas con parámetros humanitarios». De hecho, destacó que el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha incrementado en más de un 12 % las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Canarias, lo que supone contar con casi 8.000 efectivos más.

Este incremento ha permitido que el instituto armado haya aumentado en un 30 % sus miembros en El Hierro o que la Policía Nacional haya trasladado a esa isla veinte efectivos de Extranjería, Policía Científica y IUP para la filiación y custodia de migrantes. Unas cifras que son insuficientes, a tenor de las críticas de los sindicatos. En este sentido, el sindicato de la Policía, JUPOL, denunció la semana pasada en un informe que «sigue faltando personal, material y un protocolo que garantice a los agentes que pueden trabajar con unas condiciones mínimas de seguridad».

Grande-Marlaska reconoció eso sí la gravedad de la situación en las islas Canarias, de ahí, el anuncio de dos nuevos aviones de vigilancia marítima. En concreto, se trata de un CN-235 que se desplegará en Dakar (Senegal) para patrullar durante los próximos 45 días las costas de Senegal y Mauritania, y un Beechcraft Super King Air 350i se unirá a las tareas de patrulla desde Canarias. «Comenzarán a trabajar de forma inmediata en la previsión y atajo de las salidas hacia Canarias», subrayó. A renglón seguido, mencionó su visita a Mauritania del pasado miércoles y su próximo viaje a Senegal para señalar que la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración es «el mejor camino» para hacer frente a la inmigración ilegal. De hecho, Grande-Marlaska atribuyó este repunte migratorio a la inestabilidad en el Sahel, especialmente en Senegal, de donde proceden un buen número de los rescatados.

Sobre el mando único que reclama el Gobierno regional, el titular de Interior en funciones desechó la propuesta asegurando que «ya está en Canarias la autoridad de coordinación, que es el teniente general del mando marítimo, que coordina a todas las instituciones concernidas en este ámbito, respetando el marco competencial de cada una». A ello se suma, agregó, la existencia, «dentro del Gobierno, de la Comisión delegada de asuntos migratorios, donde se reúnen los ministros y ministras competentes en la materia, que toman las medidas necesarias, que trasladan a la autoridad de coordinación». Se trata una fórmula inspirada en la gestión de la crisis de los cayucos en 2006 cuando la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Rodríguez Zapatero se convirtió en la interlocutora única con la comunidad autónoma.

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, agradeció al ministro Grande Marlaska su presencia en la reunión de coordinación, en la que, según dijo, «se han detectado pequeñas mejoras necesarias en cuanto a espacios y personal». Se refirió, además, a la llegada «récord» de menores extranjeros no acompañados a Canarias, a razón de unos cien al día, lo que hace que en estos momentos esta comunidad autónoma acoja a 3.800, a quienes hay que garantizar los derechos que les asisten, de ahí que haya pedido al ministro que traslade a los departamentos del Gobierno competentes la necesidad de agilizar su reparto entre las distintas regiones del país.