Manos Limpias ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que suspenda cautelarmente en el cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras esté investigado por revelación de secretos por el alto tribunal a cuenta de la difusión de datos personales de la investigación por fraude fiscal al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El colectivo de funcionarios argumenta que, dada la estructura jerárquica del Ministerio Público, su función "se pone en entredicho" en esta causa en la medida en que quien represente a la Fiscalía en el procedimiento contra García Ortiz -presumiblemente la "número dos" del fiscal general, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde- lo hará sometida "a la dependencia jerárquica del propio investigado".

Para ahuyentar esa apariencia de falta de imparcialidad, argumenta el letrado de Manos Limpias, Víctor Manuel Soriano, no bastaría "la mera abstención del investigado, pues seguirá ocupando una posición jerárquica superior sobre los demás miembros del Ministerio Fiscal, pudiendo adoptar decisiones de índole profesional, con efectos incluso económicos, que les afecten personal y directamente". Conservando incluso, señala, "las facultades disciplinarias sobre ellos", lo que en su opinión genera "una situación de sometimiento informal a su voluntad" por parte de quien deba intervenir en el asunto en representación del Ministerio Público.

En el caso de que un juez se tuviese que enfrentar a un proceso penal por razón de su cargo -argumenta en el escrito adelantado por El Español y al que ha tenido acceso LA RAZÓN- "no tendría posibilidad alguna de interferir en el propio proceso, ni tampoco los demás jueces y magistrados guardarían con él relación alguna de dependencia o jerarquía" que posibilitara una "influencia directa o indirecta" sobre ellos, "algo que no sucede para el caso del Ministerio Fiscal".

Tampoco sucedería, añade, en el caso de que el imputado fuese un miembro del Ministerio Fiscal distinto del propio fiscal general, pues en ese caso "bastaría con que fuera designado para representar al organismo en la instrucción un fiscal que ocupase una

posición jerárquica superior a la del investigado, lo que resulta imposible en este caso" al ocupar García Ortiz la cúspide de la carrera.

Manos Limpias -que denunció al fiscal general por revelación de secretos en el Supremo y que es parte en el procedimiento como acusación popular- destaca que los indicios contra García Ortiz han sido corroborados por la Sala Penal del alto tribunal. Y en cuanto a la necesidad de adoptar la medida cautelar solicitada, argumenta que "existe un riesgo claro de afectación a la integridad del proceso, por la imposibilidad material de que el Ministerio Fiscal participe en el mismo con la imparcialidad que le es legalmente exigible, al ser cualquier representante del organismo que comparezca en la instrucción un dependiente jerárquico del investigado".

Tras su imputación, García Ortiz anunció su intención de no dimitir porque considera que mantenerse en su puesto "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y, además, "refuerza la independencia de la Fiscalía española". Una renuncia que le reclaman dos de las tres asociaciones de la carrera. Para la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), "no puede mantenerse en el cargo" si está siendo investigado por el alto tribunal, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) defiende que si no renuncia contribuye a deteriorar "gravemente" el Estado de derecho.

La mayoría del Consejo Fiscal le ha solicitado que dimita para no dañar a la institución mientras la cúpula de la carrera, la Junta de Fiscales de Sala se dividió respecto a esa renuncia al cargo en una reunión en la que más de una decena de fiscales le instaron a echarse a un lado.