La mano derecha de García Ortiz niega filtraciones pero confirma que recabó el expediente de la pareja de Ayuso

El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, ha negado en el Tribunal Supremo estar detrás de la filtración de los correos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Villafañe ha seguido la senda marcada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y ha defendido que no tuvo nada que ver con la divulgación de los datos de Alberto González Amador.

Según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN, la mano derecha de García Ortiz ha confirmado ante el magistrado Ángel Luis Hurtado que recabó la denuncia contra el empresario y su expediente administrativo el 8 de marzo, tal y como consta en los mensajes que obran en el sumario del procedimiento. Ahora bien, ha negado que recibiera los correos o que fuera él la persona que, días después, lo filtrara a los medios de comunicación para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido pacto alguno a González Amador.

Villafañe, que ha respondido a las preguntas de su defensa y del magistrado instructor, ha dicho que tuvo conocimiento de la nota informativa de la Fiscalía el mismo día que se difundió a los medios, esto es, el 14 de marzo. Se trata de la comunicación que se elaboró en la sede del Ministerio Público a partir de todo el expediente y correos sobre la investigación a González Amador por fraude fiscal y para desmentir que la propuesta de pacto partiera del fiscal del caso.

A petición del fiscal general

En relación con este material que tuvo en su poder días antes de filtrarse, Villafañe ha explicado que lo recabó por orden del fiscal general del Estado. García Ortiz solicitó una dación de cuenta por todo lo relativo a González Amador después de que así se lo trasladara Pilar Rodríguez quien, a su vez, fue requerida desde el departamento de prensa. Se trató de una actuación conjunta en función de lo recogido en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que reconoce la facultad del fiscal general de impartir a sus subordinados "las órdenes e instrucciones convenientes".

Villafañe ha encuadrado esta petición en las que recaba habitualmente del fiscal general del Estado, en su condición de jefe directo. De hecho, ha aportado certificado y listado de las 215 daciones de cuenta que gestionó en 2024. Además, ha indicado que más de 500 personas tuvieron acceso a la denuncia y al expediente de la pareja de la mandataria madrileña.

Al respecto ha razonado que estos documentos estuvieron en una carpeta compartida de la Fiscalía de Delitos Económicos y en la Fiscalía Provincial de Madrid y se envió también a la Jefatura de la Comunidad. Villafañe ha hecho hincapié que la denuncia se remitió a los juzgados y también a Hacienda el 5 de marzo, dando a entender que fueron muchas las personas que estuvieron en posesión de estos papeles y que, por lo tanto, podrían haberlos revelado.

Con su declaración se cierra el círculo de interrogatorios a los tres imputados del procedimiento. El instructor quiso escuchar primero a García Ortiz y a Pilar Rodríguez, quienes negaron tajantemente ser los responsables de que el correo incriminatorio del abogado del empresario acabara publicado en los medios. Y, tras ello, citó a Villafañe, al considerar que tuvo un "papel de relevancia" en los hechos".

El instructor mantiene que los "elementos objetivos" recabados hasta el momento le llevan al fiscal general puesto que él recibió los correos en su cuenta persona la noche del 13 de marzo y, en concreto, una hora antes de que se publicaran por primera vez en prensa. Con todo, imputó también a Pilar Rodríguez, ya que ella ordenó al fiscal del caso, Julián Salto, que se los remitiera, y a Villafañe, puesto que estuvo en contacto con ambos y recabó el expediente administrativo y la denuncia que interpuso la Fiscalía en los juzgados por dos delitos fiscales y falsedad documental.