El acto se preveía tenso si el Gobierno no se hubiera pronunciado a favor del amparo sin condiciones al magistrado encargado de la instrucción de la causa del «procés».

El 5 de septiembre del año pasado, el Rey presidió la ceremonia de apertura del Año Judicial con todas las miradas apuntando a Cataluña en plena ebullición del proceso independentista y ante la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Este año, la ceremonia del nuevo año judicial, la sexta que presidirá Felipe VI, será el próximo día 10, la víspera de la Diada, jornada clave que se ha convertido en una reivindicación de la supuesta identidad catalana como nación, cada año con mayor voluntad de ruptura y en esta ocasión incluso con un himno preparado por los Comités de Defensa de la República (CDR). Pero esta vez la cita cobra una nueva dimensión por las tensiones de los miembros de la judicatura con la Generalitat respecto a la demanda interpuesta por el ex presidente Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Tanto es así que algunos jueces y fiscales habían amenazado con un plantón –a título personal– si el Gobierno no se pronunciaba de forma clara sobre una defensa cerrada del magistrado encargado de la instrucción de la causa del «procés», escenario que acaba de salvar el Ejecutivo tras su rectificación acerca de una defensa parcial de Llarena y después de haberse pronunciado sobre una protección «hasta las últimas consecuencias» en la demanda a la que ha de hacer frente el juez del Alto Tribunal en Bélgica.

En la apertura del Año Judicial 2018-2019 acompañarán al Rey el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, junto a las máximas autoridades en materia de Justicia, incluida la ministra, Dolores Delgado.

En reiteradas ocasiones la Monarquía y, ahora especialmente la judicatura, han sido blanco de los secesionistas catalanes, que como respuesta han recibido siempre la defensa del Estado, la democracia y la unidad frente a las veleidades de quienes sólo pretenden su ruptura.

Si el año pasado Lesmes puso el acento en la «indisoluble unidad de la Nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución» como «mandato jurídico directo» que corresponde garantizar al Poder Judicial «junto al resto de los Poderes del Estado», en esta ocasión es previsible que una parte importante de su discurso se base en una férrea defensa de la independencia judicial frente al ataque de los secesionistas personalizado en la figura de Pablo Llarena.

Como apunta Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), «se trata de un concepto que sale a relucir absolutamente en todos los discursos», y «es previsible que vuelva a ser citado como un tema recurrente relacionado o no de forma directa con este asunto». Pero, en su opinión, si Lesmes hace «cualquier tipo de referencia más extensa a la independencia judicial como elemento imprescindible para la fortaleza del Estado de Derecho, sin duda Cataluña tiene una lectura en clave muy especial por el ataque a Llarena».

Para Raimundo Prado, de la asociación Francisco de Vitoria, es probable que así sea, «como nos tiene acostumbrados, pero son importantes no sólo las palabras sino también los hechos», puesto que considera que «más que con palabras, la protección de la independencia judicial se tiene que hacer de otra forma», de manera que al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se le «atribuyeran competencias para defender a sus jueces a través de despachos de abogados y no tener que pedírselo al Ejecutivo como un favor».

El acto de la apertura judicial se preveía tenso si no se hubiera producido el cambio de actitud del Gobierno, e incluso se planteó un supuesto plantón a la ministra de Justicia por parte un grupo de magistrados a título particular.

Por esta amenaza de tensión, Dolores Delgado trasladó al presidente del Gobierno una inquietud que Moncloa despejó el domingo con un comunicado de prensa y que Pedro Sánchez atajó ayer desde Chile, hasta el punto de que, lejos de reconocer cualquier rectificación, aseguró que el Gobierno escuchó «desde el primer minuto» las demandas de los jueces y se refirió a la defensa de Llarena como «una cuestión de Estado».

Al acto asistirán las máximas autoridades del Gobierno, entre ellas, los presidentes del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero; los cerca de 90 magistrados del Tribunal Supremo, así como los fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; y los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la fiscal general del Estado, María José Segarra; la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, entre otros.