El PP lleva una ley al Congreso para impedir la entrada de etarras no arrepentidos en las instituciones

Hace poco más de un año, en las elecciones municipales de mayo, Bildu incorporó en sus listas electorales a etarras condenados por asesinato. Y ahora vuelve a llevar a las elecciones europeas que se celebran este domingo a Pernando Barrena, que ha sido condenado por pertenecer a ETA, algo que ha vuelto a levantar mucha polémica. Ante este escenario, el PP quiere poner coto a la entrada de antiguos etarras en las instituciones y ha registrado una proposición de ley para evitar que puedan concurrir a las elecciones condenados por terrorismo que no hayan mostrado rechazo o arrepentimiento ni hayan pedido perdón ni hayan colaborado con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes todavía de resolución.

La proposición de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo introduce una modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. En concreto, se añade una letra C al apartado dos del artículo 6, que recoge qué candidatos que han concurrido en listas electorales «son inelegibles» y que queda redactado de la siguiente manera: «Los que habiendo sido condenados y cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo no acreditaran documentalmente en el momento de la presentación de la candidatura de la que pretendan formar parte, su rechazo al terrorismo, a su justificación a sus fines y a sus medios; su arrepentimiento por los actos terroristas realizados o justificados; su solicitud de perdón a las víctimas por los mismos y su compromiso de colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes hasta su resolución».

Asimismo, el nuevo precepto incorpora un añadido: «Asimismo, vendrán obligados a acreditar que han satisfecho la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les hubieran sido impuestas». De esta manera, también se pretende evitar la deuda que han contraído los etarras con el Estado porque se niegan a pagar a las víctimas y es la Administración Pública quien suele tener que hacer un anticipo del dinero. De hecho, cinco de los 21 exmiembros de ETA que salieron elegidos como concejales en las pasadas elecciones municipales han sido condenados en el pasado al pago de responsabilidades civiles, pero ninguno de ellos ha hecho frente a sus obligaciones económicas.

La ley se ha registrado en el Congreso el pasado 31 de mayo y ahora está a la espera de que reciba el plácet del Gobierno (tiene un mes de plazo máximo) y, a partir de ahí, ya iniciará el trámite parlamentario. No obstante, de momento, los populares no tienen fecha fijada para la toma en consideración en el Pleno (primer filtro parlamentario) y está por ver qué vota el PSOE ya que los socialistas sí mostraron mucho rechazo a la incorporación de condenados por asesinato en las listas electorales de Bildu y en la campaña de las elecciones vascas agitaron el miedo a ETA para rechazar a Arnaldo Otegi, pero continúan pactando con la izquierda abertzale (en el Congreso es imprescindible para la supervivencia del Gobierno y el PSN entregó la alcaldía de Pamplona a Bildu). Sin el apoyo de los socialistas, la ley es inviable que prospere porque previsiblemente los grupos nacionalistas no la van a respaldar ni tampoco lo hará Sumar.

En la exposición de motivos, el PP aduce que mediante esta reforma legal se «pretende extremar las cautelas» frente a quienes «dedicaron la mayor parte de su vida a sembrar el terror o lo justificaron y que ahora pretenden formar parte de las instituciones sin acreditar de manera fehaciente ni su arrepentimiento, ni el dolor causado, ni su disposición a colaborar con la Justicia ni el cumplimiento de las penas accesorias».

No es la primera ley que el PP ha presentado ya en esta legislatura contra ETA: el 6 de febrero de este año, llevó a Pleno una iniciativa para resolver los 379 asesinatos de la banda terrorista pendientes, pero el PSOE la rechazó y no prosperó. La norma no llegó ni a superar la toma en consideración. En concreto, en esa proposición de ley se pedía al Estado que impulsara en tres meses «un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo» de los asesinatos sin resolver, con la participación de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin entrar a valorar la posible prescripción legal de la causa. Además, también se reformaban varias leyes, como la del Derecho de Reunión o la de Seguridad Ciudadana para frenar los homenajes a los terroristas de ETA que todavía siguen registrándose en localidades vascas y navarras.