La línea roja de Puigdemont: si regresa antes de la amnistía será detenido

Tras el anuncio de su candidatura a presidir la Generalitat y concurrir como cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat) a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, el regreso de Carles Puigdemont a España más de seis años después de su huida a Bruselas está cada vez más cerca. Pero en función de la fecha elegida, el escenario procesal al que tendrá que enfrentarse el líder independentista será notablemente distinto. Puigdemont se ha fijado una fecha límite para esa vuelta a casa: el debate de investidura del nuevo presidente catalán en el Parlament, que previsiblemente no se celebrará antes de mediados de junio.

Antes de esa fecha, el expresidente de la Generalitat tendrá que decidir si lleva a cabo una campaña virtual desde Bruselas o se arriesga a volver antes del 12M sin que la ley de amnistía haya entrado en vigor. En ese caso, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, Puigdemont será detenido «sin ninguna duda» en cuanto se tenga constancia de su presencia en España, dado que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», mantiene vigente una orden nacional de detención contra él. No así la euroorden para reclamar su entrega a Bélgica, que no se ha reactivado después de que el Tribunal General de la Unión Europea avalase la decisión del Parlamento Europeo de retirarle su inmunidad. Llarena dio diez días a la defensa de Puigdemont para que acreditase, en su caso, que había solicitado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la suspensión cautelar de la pérdida de la inmunidad, pero la sucesión de recursos, la ausencia de plazo para dar ese paso y la tramitación de la ley de amnistía han terminado enterrando la reactivación de esa OEDE (orden europea de detención y entrega), más aún con una Eurocámara en la recta final de la legislatura (del 6 al 9 de junio hay elecciones europeas).

Pero esa orden nacional de detención vigente (lo estará hasta que la ley de amnistía entre en vigor) incluye también –conviene no olvidarlo– una orden de prisión contra Carles Puigdemont. ¿Acabaría en la cárcel el líder independentista tras comparecer ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo? Con la entrada en vigor de la ley de amnistía a la vuelta de la esquina, las fuentes consultadas descartan esa posibilidad. Tras practicarse la indagatoria (la comunicación formal de su procesamiento por delitos de malversación agravada y desobediencia), el político soberanista quedaría en libertad, previsiblemente con medidas cautelares.

¿Cabría la posibilidad de que Puigdemont volviese por sorpresa y compareciese por propia iniciativa ante el juez Llarena? En el entorno del expresident niegan la mayor. «No se va a presentar nunca voluntariamente en el Tribunal Supremo. En absoluto. Tendrán que llevarle», insisten.

Pero, una vez entre en vigor la amnistía –si los plazos se cumplen, la polémica ley puede ser una realidad en la segunda quincena de mayo– el escenario cambia. Amparado por la impunidad que sanciona la normativa, el camino de regreso de Puigdemont estará ya despejado.

Una vez amnistiado, el más que seguro planteamiento, por parte del Tribunal Supremo, de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la entrada en vigor de la ley de amnistía dejaría en suspenso la tramitación de la causa lo que, apuntan fuentes jurídicas, impediría ordenar su detención e incluso citarle a declarar. Todo se pospondrá hasta que la Justicia europea determine si la medida de gracia vulnera el derecho europeo en lo que respecta a los delitos de malversación y terrorismo (Puigdemont está investigado en el Supremo por el «caso Tsunami»). Pero, advierten, si así lo determinase «a partir de ese momento podría volver a ordenarse la detención».

[[H3:«Actuará correctamente»]]

En un escenario no exento de aristas procesales, y dado que la ley da un plazo máximo de dos meses a los jueces y tribunales para aplicarla, está por ver qué sucedería si el Tribunal Supremo demorara el planteamiento de esa cuestión prejudicial y Puigdemont regresase en ese contexto (formalmente amnistiado pero con la causa del «procés» todavía viva a la espera de quedar suspendida tras el recurso ante la Justicia comunitaria).

Ahí asoma otra de las cuestiones más controvertidas, pues la ley de amnistía obliga a dejar sin efecto de inmediato todas las medidas cautelares y las posibles órdenes de detención o euroórdenes vigentes. Fuentes próximas a Puigdemont no tienen duda (o al menos no la expresan públicamente) de que el Tribunal Supremo «va a actuar correctamente». «No les gusta la amnistía, pero no van a saltarse la ley», aventuran.

No en vano, según las distintas fuentes consultadas, lo previsible es que una vez la ley de amnistía está ya publicada en el BOE, y al margen de la tramitación de la consulta a Europa, las medidas cautelares contra Puigdemont dictadas en el marco de la causa del «procés» se levanten. Unas medidas que solo se reactivarían si el TJUE tumba finalmente la medida de gracia.