Las claves de la vista oral: Del 12-F al 12-J

Los cuatro meses de sesiones han orbitado sobre la existencia o no de violencia. Pero no solo eso: el papel de los Mossos, los heridos del 1-O y, también, la política han estado muy presente en la sala.

Cuatro meses, 422 testigos y 16 peritos después, el juicio del «procés» escuchó ayer el visto para sentencia. Durante 52 sesiones, el Tribunal Supremo ha sido el epicentro de la actualidad judicial, un proceso que inevitablemente ha marcado también el paso de la agenda política. Por delante, semanas de deliberaciones hasta que el tribunal alumbre una sentencia que, muy a su pesar, marcará a buen seguro el horizonte político en Cataluña. Éste es el compendio de uno de los juicio más trascendentes de la historia de España:

Violencia

La clave del juicio, la que inclina la balanza entre la sedición y la rebelión. Para la Fiscalía, no hay duda: no solo hubo violencia intimidatoria en el «procés», sino también física. Sin embargo, la Abogacía del Estado –que depende del Gobierno– descarta que la violencia fuese un elemento nuclear del plan soberanista. Las defensas, por contra, solo aprecian violencia en la actuación policial el 1-O y enmarcan los episodios claves (20-S y referéndum ilegal) en el ejercicio del derecho a la protesta y a votar. Es la principal incógnita que debe despejar el tribunal.

Rebelión o sedición

El más relevante punto de discrepancia entre la Fiscalía (y Vox) y la Abogacía del Estado, que defendió hasta el juicio la existencia de rebelión, lo que forzó la sustitución por el Gobierno del abogado del Estado encargado del caso. El Ministerio Público recalcó en su informe final que los acusados de este delito (nueve de los doce que se han sentado en el banquillo) utilizaron la violencia como «instrumento» para proclamar la independencia de Cataluña. La acusación por uno u otro delito tiene su plasmación en las peticiones de condena: hasta 25 años en el caso de la Fiscalía y con un tope de doce para la Abogacía .

El papel de los Mossos

Decenas de agentes de Policía y Guardia Civil han denunciado ante el tribunal la pasividad de los Mossos el 1-O e incluso cómo llegaron en ocasiones a obstaculizar el cumplimiento de la orden judicial de cerrar los colegios y a realizar seguimientos para advertir a los concentrados de su llegada (hasta 271 «chivatazos»). Mandos de la Policía autonómica se escudaron en que el operativo del 1-O fue conjunto y que los Mossos cumplieron con su deber pese a que no cerraron ninguno de los colegio ocupados, bajo el subterfugio de la campaña «Escolas obertas», antes de la jornada del referéndum.

Derecho a votar

Los acusados lo han defendido hasta la saciedad, insistiendo en que no cometieron delito alguno por impulsar el 1-O, pero el fiscal Jaime Moreno les recordó que «no existe un derecho indiscriminado a votar», y menos sin un «respeto escrupuloso a la ley». «Votar no es un delito», insisten los acusados.

El tribunal

Ha tenido que sortear los empeños de las defensas por dejarle en evidencia con la mirada puesta en Estrasburgo, Eldorado al que fían su redención judicial. La estrategia de confrontación ha sido cada vez más notoria a medida que avanzaba la vista oral, hasta el punto de que esa apuesta «provocadora» acarreó un profundo malestar en la Sala en la fase testifical. Su presidente, Manuel Marchena, se ha visto obligado a hacer equilibrios, a veces de complicado funambulismo, para, por un lado, mostrarse especialmente garantista con los derechos de los acusados y, por otro, impedir que torpedearan el juicio sin abonar los anunciados recursos de sus defensas ante Estrasburgo. Por si fuera poco, el tribunal ha tenido que enfrentarse a la sobrevenida condición de diputados de cinco de los acusados y a dos jornadas electorales.

Los heridos del «procés»

Los abogados de los acusados han enfrentado desde el principio los 93 agentes heridos con el millar de lesionados del 1-O, empeñados en desviar el objeto del proceso hacia la actuación policial. Pero la Fiscalía volteó esa estrategia en su informe final al responsabilizar a los acusados tanto de los agentes heridos como de los ciudadanos lesionados por empujar a la gente durante dos meses a un «error de prohibición» –que tenían derecho a votar– desoyendo las advertencias de la cúpula de los Mossos.

Presos políticos

Con la vista puesta en la resonancia internacional, los acusados en prisión provisional, con Junqueras a la cabeza, se han autoproclamado «presos políticos» y no se han cansado de repetir que el Tribunal Supremo les ha sentado en el banquillo por sus ideas, obviando que, como les recordó la Fiscalía, cualquier idea es defendible políticamente siempre y cuando no sea saltándose la ley.

La sombra de Estrasburgo

Omnipresente durante todo el juicio. Para el tribunal, un permanente aliento en el cogote que le ha llevado a argumentar con esmero procesal todas y cada una de sus decisiones, especialmente las que afectaban al ejercicio de los derechos de representación política de los parlamentarios electos. Sin posibilidad de recurso de casación, todas las partes son conscientes de que la segunda vuelta se jugará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

20-S

Una jornada «pacífica» y «festiva», en el ejercicio del derecho a la protesta, para las defensas y uno de los momentos claves en el que la Fiscalía sitúa la violencia que alimenta su acusación de rebelión. El asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, que obligó a la secretaria judicial a abandonar el edificio de madrugada por la azotea de un teatro contiguo, es la máxima expresión de esa «violencia intimidatoria» que defiende la acusación pública y uno de los puntales de la acusación contra Joaquim Forn, Jordi Cuixart y, sobre todo, Jordi Sánchez. Los testimonios de la secretaria judicial («tuve miedo. Había un tumulto de gente y era imposible salir») y de los mandos de la Guardia Civil responsables del operativo («era una rabia descontrolada», un «capítulo de terror total» o “«¿Estáis locos? Si salís con las cajas os matan») fueron determinantes, pero el más ilustrativo para el tribunal resultó ser, paradójicamente, el de un testigo de la defensa, el ex jefe de la Brimo, los antidisturbios de los Mossos, que reconoció que le resultó imposible entrar en la sede de Economía para auxiliar a la comitiva judicial: «Ni con el Séptimo de Caballería habríamos entrado») y dejó muy malparado a Sánchez, quien le exigió que retirara a sus agentes.

El 1-O

El otro puntal de la violencia que aprecia la Fiscalía. Los muros humanos como expresión de la «ética de la no violencia» que encumbraron las defensas, la resistencia pasiva a lo «Walt Disney» que dibujaron algunos testigos, esa «fiesta de la democracia» ejemplo de civismo para el mundo empezó a desdibujarse a medida que declaraban ante el tribunal los agentes que participaron en el dispositivo. Los mandos policiales hablaron de «agresividad de muy alta virulencia» y de ciudadanos que «agredían» e «insultaban» a policías y guardias civiles, que aseguraron que en los centros de votación tuvieron que hacer frente a «una violencia inusitada». «Allí no había pacifismo, se masticaba el odio», se quejaron.

Malversación

Para la Fiscalía, Puigdemont y sus consellers usaron la Generalitat como «un cortijo» para financiar con dinero público el referéndum ilegal, un supuesto desvío de fondos que se acerca a los tres millones de euros pero que el Govern sembró de confusión con facturas millonarias que no se pagaron, pagos pendientes que no se ejecutaron y encargos abortados in extremis para eludir la malversación. Los testimonios de funcionarios y altos cargos de la Generalitat y la de los responsables de las empresas adjudicatarias de los trabajos resultaron especialmente rocambolescas. Los esfuerzos por desvincular a la Administración catalana de esos encargos (con el «tal Toni», el alto cargo de la Generalitat Antoni Molons según la Fiscalía, y la extinta Unipost como sublimación de esas piruetas de la confusión) obligaron al presidente del tribunal a poner firme a algún testigo por coquetear con el delito de falso testimonio.

Desobediencia al TC

Las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional (a Junqueras, hasta en ocho ocasiones) a medida que el proceso de desconexión avanzaba fueron reiteradamente obviadas por los acusados, para quienes el mandato del Parlament y de los ciudadanos en las urnas les legitimaba para desobedecer sus mandatos. Los acusados esgrimieron la «politización» del TC desde la sentencia del Estatut para restar trascendencia jurídica a la renuencia a acatar sus resoluciones. Como aseguró el ex conseller Josep Rull, el TC no tenía «autoridad moral» sobre ellos. Y entre el imperio de la ley y ese sacrosanto «mandato democrático», optaron por el segundo.

Tribuna política

Los acusados pusieron especial interés en convertir el juicio, retransmitido en directo en sus 52 sesiones, en un altavoz mediático a sus reivindicaciones soberanistas. Fracasaron en su intento de convertir la vista en un desfile de «observadores» internacionales, pero las proclamas políticas han estado a la orden del día hasta la última jornada. Desde la «silla vacía» por la que se lamentó Junqueras hasta las apelaciones de algún abogado al tribunal instando a los magistrados a no ejercer de «héroes» ni de «salvadores de la patria». Por si fuera poco, por el Tribunal Supremo han pasado durante estos cuatro meses para declarar como testigos desde el ex presidente Rajoy hasta el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y la alcaldesa Ada Colau. Las interferencias de dos procesos electorales y la elección sobrevenida de cinco acusados como parlamentarios han completado el cóctel.

Puigdemont

El ausente más presente, con permiso de Estrasburgo. Para la Fiscalía, «el procesado rebelde». Para Junqueras, un reproche moral implícito. «¿Qué hago yo aquí? –se preguntó de forma retórica–. Asumir responsabilidades». Su nombre ha estado sobre todo ligado a una fecha: el 28-S de 2017, cuando según la cúpula de los Mossos se le advirtió de que si seguía en sus trece de celebrar el 1-O podrían producirse «graves conflictos de orden público». El lendakari Iñigo Urkullu y el ex conseller Santi Vila, que le dejó plantado a solo unas horas de la consulta ilegal, corroboraron que Puigdemont estaba decidido a convocar elecciones autonómicas y desconvocar la consulta, pero que en el último momento la presión en la calle (el pavor a que le anatemizaran de «botifler») le hizo rectificar.

Trapero

Su testimonio puso contra las cuerdas a Puigdemont y a Forn, ex responsable de Interior, a quien poco más o menos tachó de irresponsable por empecinarse en llamar a la gente a votar tras la prohibición judicial. El tribunal no pierde de vista, no obstante, que su testimonio no es el de un testigo puro, sino el de un imputado por los mismos hechos (será juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional este otoño). Paradójicamente, el mayor de los Mossos cargó de argumentos a la misma Fiscalía que no da credibilidad a su testimonio, y al de la ex cúpula de los agentes autonómicos, en defensa de la actuación de la Policía catalana frente a las insistentes acusaciones de pasividad.

«Observadores» poco observadores

La encargada de liderarlos, Helena Catt, cobró 8.000 euros (más vuelos y hotel) por un mes de trabajo, pero no le dio tiempo a ilustrarse sobre el asedio a la comitiva judicial en la Conselleria de Economía el 20-S. Todos negaron que los ciudadanos se comportaran de forma violenta en los centros de votación el 1-O, aunque al ex diputado socialdemócrata alemán Von Gründberg le traicionó el subconsciente cuando lamentó que los agentes «secuestraran las urnas», pasando por alto que había una orden judicial.

Sesión de vídeo

Los vídeos fueron motivo de recurrentes protestas por parte de las defensas, que pretendían confrontarlos con las versiones de algunos testigos. Pero Marchena se negó en redondo las esperadas imágenes de los ciudadanos heridos por la actuación policial se exhibieron en la fase documental. El tribunal también pudo ver la férrea oposición de la gente a la entrada de los agentes en los centros de votación, con lanzamiento de botellas incluido –muy alejada de una reacción espontánea– y escuchar los insultos a policías y guardias civiles.

«Ángeles caídos» del procés

El juicio también ha dejado sus daños emocionales en el independentismo. Ese triunvirato de «ángeles caídos» está encabezado por el mayor Trapero, quien no dudó en poner a Puigdemont y Forn a los pies de los caballos. Completan ese particular podio el comisario de los Mossos Manel Castellví, que contó con detalle las estériles advertencias de la cúpula policial a Puigdemont para intentar evitar la confrontación ciudadana el 1-O, y el jefe de la Brimo que apuntaló el relato de la Fiscalía del 20-S.