La UCO pide al juez comisiones rogatorias para saber dónde está el dinero del Canal

La Guardia Civil solicitará en los próximos días al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que emita una serie de comisiones a rogatorias, entre ellas a Brasil y Suiza, con el fin de saber a dónde fue a parar realmente el dinero abonado por la compra de la empresa brasileña Emissao y si, como se sospecha, pudieron ser beneficiarios algunos de los presuntamente implicados en el «caso del Canal». Los investigadores no saben en estos momentos dónde está ese dinero, que el juez instructor del asunto, Eloy Velasco, cifra en 23 millones de euros.

El único dato que tienen, y es importante, es que el vendedor de Emissao, Sebastiao Cristovam, que recibió los 31 millones de dólares en dos entregas, en Suiza y Brasil, realizó inmediatamente varias operaciones financieras para transferirlo a las cuentas de al menos cinco empresas, cuyos nombres conoce la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la que encargada de investiga este asunto.

Además del resultado de las comisiones rogatorias, cuando estén en poder del juez Velasco, los investigadores realizan ya numerosas pesquisas para tratar de determinar la «trazabilidad» del dinero hasta llegar a sus reales destinatarios. Se sospecha que alguna de sociedades a las que fue a parar el dinero son empresas creadas «ad hoc» para realizar una compleja operación de ingeniería financiera que permitiera ocultar lo que supuestamente se estaba haciendo de forma irregular.

Recursos

En estos momentos se encuentran en prisión, entre otros, por orden del magistrado, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; y el responsable del Canal de Isabel II para América, Edmundo Rodríguez. Ambos han presentado sendos recursos para pedir su libertad. La compra de la empresa brasileña Emissao (Emissao Engenharia e Construqoes SA) por el Canal de Isabel II se realizó mediante el desembolso de 31 millones de dólares cuando el valor real de la entidad era mucho menor. Según recoge el auto dictado por el juez Eloy Velasco, los fondos invertidos por Inassa y Canal Extensia, del entramado del Canal, el patrimonio neto de mercantil brasileña, cuando fue realizada la adquisición era de 10,2 millones de dólares y, al cabo de dos años, sólo de cinco. De hecho, el magistrado subraya, en autos de prisión dictados contra los encarcelados, que la compra realizada por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75% de Emissao Engenharia e Construçoes SA Ltda costó «25 millones de dólares» (23,3 millones de euros) de dinero público a las arcas de la Comunidad de Madrid. El juez considera que la adquisición fue «hipervalorada ficticiamente» y que existía un informe de la auditora KPMG que indicaba discrepancias a la baja respecto a los cálculos estimados para la valoración del precio de compra de Emissao y otros riesgos que se podían producir.

Velasco señala, asimismo, que Emissao estaba intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares operaban en países opacos. Las comisiones rogatorias que va a solicitar al magistrado la Guardia Civil se pueden referir a algunas de estas entidades, aunque las fuentes de la investigación han preferido no dar más detalles de momento.

Entre las irregularidades detectadas figuran, según el juez, la de que la operación no contaba con autorización del Consejo de Gobierno; y la empresa se adquirió a través de un entramado societario opaco. «Se renunció –agrega– a un aval de tres millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización». Tampoco hubo valoración independiente, permiso de la Consejería de Hacienda y existía el citado informe de la auditora KPMG «que debió llevar a la paralización inmediata» de la operación. Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia).