La Junta esperará «acontecimientos» para denunciar al sindicato

Los lazos históricos entre el PSOE y la UGT pesan en la postura del Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía insistió ayer en que, por el momento, esperará a que «evolucionen los acontecimientos y la instrucción judicial» para personarse en la causa que investiga la existencia de presuntas facturas falsas en cursos de formación y otros programas finalistas gestionados por el sindicato UGT-A, según expresó el portavoz del Ejecutivo. La Administración autonómica era la que libraba esos fondos a favor de la organización sindical y la que posteriormente validaba el uso de los mismos. Resulta llamativo que el Gobierno andaluz apenas encontrara desvío de fondos alguno hasta que el escándalo no fue publicado en los medios de comunicación. Fue entonces cuando la Consejería de Economía, Innovación y Empleo puso en marcha un proceso de revisión interna que, de momento, se ha saldado con la reclamación al sindicato de dos ayudas mal gestionadas por 1,8 millones de euros. Los funcionarios de la Consejería también revisan otros 19 expedientes que suman subvenciones de más de 15 millones en búsqueda de irregularidades. Algo más beligerante se mostró ayer José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento de Andalucía, que aseguró que su formación animó a la Justicia a seguir con la investigación «caiga quien caiga, sean de la UGT o del PSOE, sean de donde sean o de gobiernos anteriores; eso nos da igual», dijo. Las dos consejerías que investigan de manera interna las presuntas irregularidades de UGT están en manos de los socialistas.

Por su parte, el sindicato tardó ayer varias horas en pronunciarse sobre la segunda fase de la «operación Cirene». En un comunicado, la comisión Ejecutiva de UGT-A señaló que «somos los primeros interesados en que todo se aclare y confiamos en la Justicia».