Pese a considerarlos la «correa de transmisión» de Forn para permitir el 1-O, no ve riesgo de fuga.

El ex director general de los Mossos Pere Soler y el que fuera número dos de la Conselleria de Interior, César Puig, quedaron ayer en libertad tras declarar ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que desestimó la petición de la Fiscalía de imponerles una fianza de 100.000 euros para evitar la prisión. La magistrada, pese a considerarlos la «correa de transmisión» utilizada por los responsables políticos para obviar las órdenes judiciales y permitir la celebración del 1-O, no aprecia ni riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, que sí advertía el Ministerio Público.

Lamela, que investiga a la ex cúpula de los Mossos por sedición por su papel en el proceso independentista, sí ha prohibido a ambos salir de España y les obliga a entregar sus pasaportes y a comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a sus domicilios. En la resolución en la que acuerda esas medidas, les atribuye –junto al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero– el diseño de un «plan premeditado» para que los agentes autonómicos se cruzaran de brazos el 1-O (llegando incluso a «ralentizar» sus comunicaciones para acentuar aún más su «ineficacia»).

Según fuentes jurídicas, el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, esgrimió la reciente fuga de la dirigente de la CUP Anna Gabriel y la insistencia de Junts Per Catalunya en «perpetuar el procés» con la investidura del líder soberanista Jordi Sánchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre, y la designación de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, como presidente de facto, «buscando espacios políticos libres en el exilio».

Soler asumió, según esas mismas fuentes, la iniciativa de «revisar» las actas de los agentes desplegados el 1-O en un intento, según la Fiscalía, de manipularlas para evitar imputaciones a los mossos, «aparentando que se hizo más para evitar el referéndum».

Soler y Puig, dice la juez Lamela, se limitaron a asumir las órdenes del entonces conseller de Interior Joaquim Forn (en prisión desde el pasado 2 de noviembre), siendo conscientes de que lo hacían «al margen de las vías legales». En sus comparecencias como investigados, tanto el ex director de la Policía autonómica como Puig aseguraron a Lamela que entre sus cometidos no estaba dirigir los operativos policiales. Puig, de hecho, se ha escudado en que por razón de su cargo su competencia se limitaba a cuestiones presupuestarias y técnicas, pero sin mando sobre los despliegues de las unidades. Mientras, Soler aseguró que se limitaba a transmitir sus opiniones a Trapero y al Govern.

La Fiscalía, sin embargo, defendió que Soler era «un mando de los Mossos y responsable político», lo que le confería un papel «especialmente relevante» en los hechos investigados.