La juez de los ERE, bajo sospecha

Los retrasos en la tramitación de las piezas pendientes del fraude de las ayudas al empleo han colmado la paciencia de Anticorrupción, que ha denunciado a Bolaños ante el CGPJ.

A María Núñez Bolaños le ha perseguido la polémica desde que en 2015 llegó al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para sustituir al azote de la corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía, Mercedes Alaya, que tampoco escapó de la quema. La primera en ponerla en entredicho fue su antecesora, por sus «escasos conocimientos» en la materia al venir de un juzgado de familia y su «estrecha amistad» con el entonces consejero de Justicia Emilio de Llera. Sobre ella cayó ella la sospecha de que los socialistas maniobraron para colocarla y desinflar las pesquisas de Alaya sobre su corrupción. Como a Alaya la vincularon con el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido y fue vista como un instrumento del PP para tumbar al PSOE sacando a la luz sus «redes clientelares» tejidas con dinero público para mantenerse 37 años en el poder.

Cierto es que Núñez dio un giro al «caso ERE» o la investigación de las ayudas para formación, al dividir en piezas los interminables sumarios que Alaya tejió a fuerza de tirar del hilo. También que la Fiscalía llevaba tiempo pidiendo, sin éxito, que se troceara una investigación que se hacía inabarcable. La relación empezó bien. Cuatro años después, Anticorrupción ha denunciado a Núñez ante el CGPJ por «desatención y retraso injustificado» en las causas, una «falta grave o muy grave» que le puede acarrear desde una multa de 500 euros hasta la retirada de la carrera judicial. Los fiscales también llevaron a Alaya ante el CGPJ por cuestionar su independencia, pero quedó en un apercibimiento leve.

La cosa ente Núñez y la Fiscalía se torció cuando la jueza empezó a archivar piezas y a desimputar a ex altos cargos socialistas. En realidad siguió el criterio marcado por la Audiencia, que dio la razón a las defensas de varios ex altos cargos juzgados en el primer y hasta ahora único juicio celebrado del «caso ERE»: la pieza política que en 2018 sentó en el banquillo a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a una veintena de ex altos cargos socialistas (pendiente aún de sentencia). Las defensas de varios procesados que también eran investigados en otras piezas del caso alegaron que sus clientes ya no podían ser sometidos a más juicios por los ERE porque nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Y la Audiencia les dio la razón.

Núñez comenzó a sacar a ex altos cargos juzgados en ese proceso del resto de piezas donde eran investigados y cada vez que lo hace los fiscales recurren, a sabiendas de que sus recursos serán rechazados. De hecho, la Audiencia les culpa por haberlos acusado en la pieza política de delitos continuados de prevaricación y malversación. Los reproches en este cruce de autos y recursos han ido subiendo de tono.

Sin ir ya contra quienes daban las ayudas, la magistrada ha ido archivando piezas donde sólo quedan quienes las recibieron, a su juicio «víctimas» de que la Junta las diera de forma arbitraria y sin control, aunque durante años cobraran como prejubilados de empresas donde nunca trabajaron y algunos sean familiares o allegados de los dirigentes socialistas que las repartían.

La Fiscalía también ha alertado a Núñez del riesgo de que prescriban los delitos sobre ayudas que se dieron hace años sin que haya iniciado siquiera su investigación. O reprochado que se niegue a pedir pruebas. Recientemente, archivó la macrocausa sobre los avales otorgados por la agencia pública IDEA porque los indicios de delito se han «desvanecido». Para la Fiscalía, su interpretación «no es adecuada» y, además, lleva tres años sin pedir a la Junta una documentación para contrastarla.

El pulso es aún mayor con la acusación popular que ejerce el PP-A. Sus letrados han intentado apartarla de varias causas, recusándola por tener una cuñada en IDEA y hasta la han reprobado por «desobediencia, prevaricación o retardo malicioso». Núñez también ha intentado quitárselos de encima, exigiéndoles altas fianzas para personarse en causas (que luego la Audiencia ha rebajado) y tachando de «innecesaria» su personación ahora que el PP ya gobierna en la Junta.

Como Alaya, Núñez –actualmente de baja médica– tiene sus defensores. La primera llegó a contar con un club de fans. A la segunda la apoyan sus compañeros jueces, que ya la defendieron (también el TSJ de Andalucía) frente a los «comentarios» de Alaya contra ella y, ahora, ante la denuncia de la Fiscalía, han pedido que «sea respetada» en lo «personal» y lo «profesional».