Murcia
La Guardia Civil cree que Sánchez pagó más de 32.000 euros a una empresa de Púnica
La UCO señala que abonó 4.600 euros al mes durante siete meses a una empresa para mejorar su imagen. Todo apunta a que este dinero habría salido de los fondos públicos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que Pedro Antonio Sánchez abonó 4.600 euros al mes durante siete meses a una empresa de la trama Púnica para mejorar su imagen.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recurrió a los servicios de una empresa de la trama Púnica para mejorar su reputación en su carrera para ser elegido candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2015.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que Sánchez alcanzó un "concierto"con el empresario de la trama Púnica Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al mes durante siete meses para mejorar su imagen, un dinero que inicialmente saldría de fondos públicos en el marco de un eventual contrato "en materia de formación".
Según el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, está comprobado que en octubre de 2014 se concertó esa adjudicación, que finalmente no se llevó a cabo porque lo impidieron las actuaciones policiales y judiciales desarrolladas a finales de ese mes.
La UCO considera que Sánchez, por entonces consejero de Educación en Murcia y aspirante a liderar al partido en las elecciones de 2015, habría incurrido en un delito de fraude en la contratación pública al tratar de cargar esos gastos a materia de "formación".
Además, el instituto armado señala que la exalcaldesa de Cartagena y candidata del PP al Senado en las próximas elecciones Pilar Barreiro habría podido cometer delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en sus gestiones con Púnica para conseguir noticias a su favor.
De hecho, los investigadores sostienen que el acuerdo alcanzado para mejorar la reputación personal del presidente de Murcia ante una "previsible publicación vinculada con una imputación", incluía también la difusión de noticias favorables a Barreiro, para la que, incluso, crearon un diario digital sufragado con fondos públicos para mejorar exclusivamente su imagen personal.
Tanto es así que el propio De Pedro, en una conversación intervenida, da instrucciones concretas a un trabajador: "Necesito que le digas al chaval que lleva el diario que, por favor, cada seis noticias una tiene que ser de Pilar la alcaldesa, con alguna foto que salga ella, y lógicamente en positivo".
Quien contactó con De Pedro para realizar estos trabajos de reputación personal tanto del presidente de Murcia como de la alcaldesa de Cartagena fue José Antonio Alonso Conesa, el excalcalde de Cartagena y habitual intermediario del presunto cerebro de Púnica, David Marjaliza.
En una conversación entre ambos, Alonso deja claro a De Pedro que a éste (Pedro Antonio Sánchez) "hay que limpiarle la reputación, pura y dura reputación". Un mes después, en octubre de 2014, vuelven a hablar para tratar de cerrar el acuerdo: "Sácale el contrato a Pedro Antonio, que lo necesitamos como el agua".
Tan solo tres días después, el actual presidente de Murcia da el "ok"a los servicios ofertados por la trama que, conllevaban la contratación "ad hoc"de un periodista, y que comenzarían siete meses antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, según el informe de la Guardia Civil.
El informe deja constancia de que el empresario de la Púnica y Pedro Antonio Sánchez llegaron a reunirse en Madrid y también pone el foco sobre el jefe de gabinete del político, David Conesa, quien envió varios correos electrónicos a De Pedro tratando el asunto "del consejero".
Los investigadores insisten en que el contrato no respondía "a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y, de ese modo, poder progresar en su carrera política".
Una práctica que la UCO también relaciona con otros cargos públicos de la Comunidad de Madrid, como la exconsejera de Educación, Lucía Fígar, y el exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, también imputados en la trama de corrupción.
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