La Guardia Civil carga una furgoneta con expedientes de cursos de la Junta

Agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta para recoger expedientes de cursos reclamados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Una furgoneta salió camino del juzgado repleta de documentos. La Benemérita desconoce hasta qué punto se ha podido perjudicar la investigación que realiza sobre un posible fraude en los fondos para la formación de trabajadores al haberse producido, el pasado martes, una filtración en la que, de hecho, se anunciaba el registro que finalmente se efectuó ayer, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. El malestar entre los agentes, que llevan muchos meses trabajando en el caso, es considerable.

Las pesquisas se iniciaron en diciembre del año pasado, cuando la Guardia Civil realizó sendos registros en los archivos de UGT-A de Sevilla y Córdoba. La operación fue ordenada por la juez Alaya, a la que la Audiencia apartó del caso en marzo. No obstante, Alaya cursa diligencias sobre una pieza separada que abrió en septiembre del año pasado y que se deriva de los pagos millonarios de UGT-A a una empresa pantalla de la órbita del conseguidor de los ERE Juan Lanzas dedicada a tareas formativas.

Los responsables de la investigación pidieron a la juez instructora, Mercedes Alaya, que reclamara a la Junta los expedientes relativos a formación de trabajadores. El 17 de marzo, la Guardia Civil se dirigió de nuevo a la magistrada para concretar su petición y que se pidieran los citados expedientes referidos al periodo comprendido entre 2004 y 2011. Como ha pasado suficiente tiempo para que la Junta pudiera cumplimentar la petición, la Benemérita pidió a Alaya que dictara un auto en el que se hiciera un requerimiento para que los papeles y soportes informáticos fueran entregados de inmediato.

La sorpresa saltó el martes, cuando se filtró una noticia en la que se daba cuenta del registro, que no se iba a efectuar hasta ayer. Lo cierto, según las citadas fuentes, es que se tienen noticias de que en las últimas horas se ha trabajado con intensidad en la citada Dirección General y que cuando los agentes de la Guardia Civil se presentaron ayer con el requerimiento, parte de la documentación estaba ya preparada.

La actitud de Carlos Cañavate, titular de la mencionada Dirección General, ha sido en todo momento de colaboración con los agentes. De hecho, Cañavate indicó a la Guardia Civil que la documentación, en papel y soporte digital, que faltaba sería entregada ayer mismo o en los próximos días. El requerimiento que la juez Alaya había entregado a los investigadores era para que no se fueran de las dependencias oficiales hasta que no tuvieran en sus manos dicha documentación o la certeza de que contarían con ella en breve.

La Guardia Civil investiga el asunto de las ayudas a la formación por orden de dos juzgados de Sevilla: el 6, de Alaya, sobre el papel de la Junta de Andalucía en este caso; y el 9, sobre posibles irregularidades cometidas por UGT. La actuación de ayer se produjo después de que el lunes se personaran funcionarios del juzgado de Alaya en la Dirección de Informática de la Junta para obtener dos claves de programas relacionados con la formación.