La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la veracidad de las declaraciones públicas que se le atribuyen al juez y ex senador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Santiago Vidal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la veracidad de las declaraciones públicas que se le atribuyen al juez y ex senador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Santiago Vidal, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Con esta iniciativa, comunicada a la Benemérita el pasado día 27 de enero, la Fiscalía trata de comprobar si las manifestaciones, en las que se hablaba de promover actos de desobediencia que configuraban un auténtico «golpe de Estado» contra España, responden a lo que dijo Vidal en su momento. Se trata de un trámite necesario dentro de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional antes de proseguir con la práctica de otras diligencias, entre las que figura la toma de declaración al propio Vidal.

Resulta impensable que el ex senador vaya a decir ahora que lo que figura en los vídeos y lo publicado en la prensa no responde a la realidad. Sin embargo, sí existe un informe de expertos del Instituto Armado con todos los detalles, no sólo de las palabras que se pronunciaron, sino de los lugares en los que tuvieron lugar los actos, personas que acompañaban en la mesa presidencial a Vidal, etcétera, la Fiscalía cuenta con una prueba indubitada a la hora de proseguir sus investigaciones.

De hecho, la Guardia Civil trabaja ya en la verificación de las declaraciones del juez Vidal y espera entregar su informe a la Fiscalía antes de que finalice este mes, según las citadas fuentes.

Los agentes encargados de las pesquisas se basan, fundamentalmente, en «fuentes abiertas», ya que las manifestaciones de Vidal han sido ampliamente difundidas en vídeos que fueron grabados durante actos convocados para explicar el desarrollo del proceso que conduciría a la separación de Cataluña de España.

Los actos consistían en reuniones con grupos de independentistas, organizados por ERC. Es decir, que además de los vídeos y el eco que tuvieron en los medios de comunicación, existe la posibilidad de preguntar a algunas de las decenas de personas que se encontraban presentes y a las que no parecía desagradar lo que estaba diciendo el juez.

En esos actos, Vidal aseguraba que el Gobierno catalán tenía preparado un conjunto de leyes para dar un «golpe» al Estado español.

Uno de los aspectos más graves de todo lo que dijo el ya ex senador fue el relativo a que el departamento de Economía de la Generalitat se había hecho, de manera ilegal, con todos los datos fiscales de los catalanes. También aseguraba que se habían dispuesto 400 millones de euros en los presupuestos, de forma oculta, para dedicarlos a estructuras del nuevo Estado catalán. Y para culminar lo relativo a la economía, que el Ejecutivo autonómico había suscrito líneas de crédito con entidades extranjeras para lograr 200.000 millones de euros, y aguantar los meses necesarios en los que la Generalitat no tenga financiación.

«El Govern de la Generalitat de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos, porque ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas, tantas cosas», afirmaba Vidal. «Todos estáis fichados, todos. En el nuevo Estado no se escapará nadie. (...) quien debe tener la base de datos de Hacienda ya la tiene», agregaba.

Las claves

► Datos tributarios

En cuatro conferencias, Vidal afirmó que la Generalitat «ha obtenido ilegalmente los datos tributarios de los catalanes». También dijo que el Govern tiene 400 millones para la consulta secesionista.

► Dimisión

Al día siguiente de conocerse esta información, Vidal dimitió. El ex senador de ERC también fue expulsado de la carrera judicial por redactar un proyecto de Constitución catalana.

► Denuncia

Un juez de Barcelona abrió una investigación contra el juez y ex senador a raíz de una denuncia del empresario y abogado Miguel Durán. El Gobierno catalán lo negó todo.