La factura de las repeticiones electorales: 544 millones

Desde 2015 a 2019, periodo tradicional de una Legislatura, los españoles acudieron a las urnas tres veces, que podrían ser cuatro tras el fracaso de Sánchez.

El hecho de que Felipe VI se haya pronunciado sobre la situación de bloqueo político en España, urgiendo a evitar la celebración de unas nuevas elecciones, obligó ayer a los partidos a retratarse. El Rey, que es imparcial pero no indiferente a la situación política, no hizo sino recoger la opinión de la sociedad española. A 48 días para la disolución de las Cortes, la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN señala que solo uno de cada tres españoles apoya la celebración de unas nuevos comicios. Es decir, los españoles apremian a los políticos a que negocien y eviten una nueva convocatoria electoral el próximo 10 de noviembre.

No en vano, la triste imagen de los escaños del Congreso y Senado vacíos es ya cotidiana. Desde 2015, España vive sumida en un complejo bloqueo político en el que la convocatoria y celebración de elecciones se ha convertido en el deporte nacional del país. El sistema no funciona. Desde 2015 a 2019, período tradicional de una Legislatura, España ha acudido a las urnas hasta tres veces, que podrían ser cuatro si no hay acuerdo para formar Gobierno en los próximos días. España se ha italianizado y la situación se ha vuelto crónica. No han pasado ni cuatro años desde la legislatura más corta de la democracia; desde que un Gobierno cayó por una moción de censura por primera vez, de que otro surgiera de esa moción y renunciase al no conseguir aprobar sus Presupuestos... El fantasma de unas nuevas elecciones recorrer el país.

La fiesta de la democracia no sale gratis, al contrario. Organizar unas nuevas elecciones generales tendría un coste mínimo de 139 millones de euros, a tenor del coste de la anterior convocatoria, que superó en un 6,3 por ciento al de las elecciones de junio de 2016. Ese incremento se debió principalmente al impacto del IPC. Es decir, a cada ciudadano con derecho a votar le costó cuatro euros. Toda esta partida incluye desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto o la propaganda política a los hogares españoles, hasta la impresión de las papeletas, los sobres, el refuerzo en la seguridad, el gasto que suponen las mesas electorales... En la última convocatoria electoral del pasado 28 de abril, al trabajo realizado por Correos se destinó 56,6 millones de euros, mientras que Indra –empresa encargada de distribuir la información de las juntas electorales y dotar del apoyo informático– ingresó 7,9 millones de euros. Sin embargo, el 42% del presupuesto fue a parar a las administraciones públicas, quienes pagaron el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Oficina del Censo Electoral, entre otras cosas.

El gasto no acaba aquí. Cada vez que hay unas elecciones, el Estado concede subvenciones en función de los votos obtenidos por cada partido. En total, en las tres últimas convocatorias se ha repartido, solo entre las principales formaciones con representación en las Cortes –PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox–, más de 140 millones de euros, según los cálculos efectuados por LA RAZÓN con los datos publicados en el BOE.

Los buenos o malos resultados de las formaciones en la cita electoral tiene una repercusión directa en la subvención que reciben. No en vano, un buen pellizco de la financiación de las formaciones políticas depende de su resultado electoral. En virtud de la HAC/268/2019, por la que se fijaron las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las generales de 28 de abril, por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado, recibieron 21.167, 64 euros: 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos en el Congreso y 0,32 en el Senado. Una cifra idéntica a la de las anteriores citas.

En este sentido, por ejemplo, en el caso del Partido Popular los de Pablo Casado recibieron prácticamente la mitad de dinero en concepto de subvenciones, en comparación con las elecciones anteriores. Así, en 2016 con sus 137 escaños en el Congreso se llevaron 2,89 millones de euros, mientras que en las de abril solo fueron 1,39 por sus 66 diputados. En cuanto al número de votos, pasó de 7,9 a 4,3 millones, es decir, de 6,3 millones de euros a 3,4. En total, si en 2016 el PP se embolsó 9,19 millones de euros por sus resultados electorales en el Congreso, tras los últimos resultados fueron 4,77 millones.

En el lado opuesto está el PSOE, partido que mejoró considerablemente sus resultados al pasar de 85 escaños a 123 y de 5,4 millones de votos a 7,4. De este modo, pasaron de una subvención de 1,7 millones a 2,6 millones, en función de sus escaños, y de 4,3 millones a 5,9 millones, a tenor de su apoyo en millones de votos. Mención aparte merece la formación que lidera Santiago Abascal, cuyo aterrizaje en la Cámara Baja, además de visibilidad política llega con un pan bajo el brazo en forma de cheque. Sus 24 escaños se tradujeron en 508.008 euros y sus 2,6 millones de votantes en más de dos millones de euros.

Al margen de estas subvenciones extraordinarias por gasto electoral, los partidos políticos reciben ayudas ordinarias, también en función de su representación en las administraciones. Estas subvenciones son fijadas por el Gobierno en cada ejercicio presupuestario. En las aprobadas en febrero por el Ejecutivo de Sánchez se repartieron 52 millones para sufragar los gastos ordinarios y los gastos de seguridad, una cantidad similar a la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, entre otras cosas porque no se ha aprobado un nuevo Presupuesto General del Estado.

En una situación inaudita y sin precedentes, los españoles han sido llamados a las urnas tres veces en tan solo cuatro años con un coste para el erario público superior a los 540 millones de euros. Mucho dinero para poco actividad legislativa y ejecutiva.