La Justicia encara un año 2024 marcado por la batalla legal por la amnistía

El principal reto que tendrán los juzgados y tribunales este 2024 será la aplicación de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para borrar los delitos cometidos en el marco del procés, lo que permitirá la vuelta del expresidente catalán Carles Puigdemont y también levantar la inhabilitación que aún pesa sobre su exvicepresidente Oriol Junqueras. No obstante, se espera una fuerte oposición de jueces y magistrados, que darán la batalla en el TJUE y el TC. 

La ley de amnistía, aún en tramitación parlamentaria, abarca más de una década de procés, desde el 1 enero de 2012 -pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y los disturbios desatados en el otoño de 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó a los líderes independentistas- hasta el pasado 13 de noviembre, cuando se dio a conocer el texto.

La proposición de ley, registrada en solitario por el PSOE, pasó su primer examen en el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre. Lo más probable es que salga de la Cámara Baja hacia febrero para recalar en el Senado, donde estará varada unos dos meses, debido a la reforma operada por el PP en el reglamento de la sede legislativa. Se calcula que hacia primavera quede aprobada definitivamente y entre en vigor.

Será entonces cuando se active la maquinaria de la Justicia. Según establece el texto actual -que podría ser enmendado-, serán los jueces y magistrados que tengan en sus manos causas relacionadas con el procés quienes decidan si aplica a las mismas. Para ello, tendrán un "plazo máximo de dos meses" porque la proposición de ley contempla que estos asuntos tengan un carácter "urgente y preferente".

Maquinaria judicial

Las causas del procés se concentran en el Tribunal Supremo, donde se juzgó y condenó a Junqueras y otros once líderes independentistas a hasta 13 años de cárcel e inhabilitación por delitos de sedición, malversación y/o desobediencia; los tribunales catalanes, donde están encausados los llamados cargos menores del 1-O o los policías; y la Audiencia Nacional (AN), que ha enviado a juicio a los 12 CDR de la "Operación Judas" e investiga a Tsunami Democràtic.

Cada uno de estos jueces y magistrados tendrá que estudiar el impacto de la amnistía en sus causas y decidir si la aplica automáticamente o, si cree que choca con la Constitución o con las normas comunitarias, acudir al Tribunal Constitucional (TC) y/o al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que aclaren si la ley cumple con sus respectivos estándares.

En este segundo escenario, que es el previsto -según las fuentes jurídicas consultadas por Ep-, la aplicación de la amnistía se paralizará en las causas cuyos jueces y magistrados acudan al TC y/o al TJUE hasta que dichos tribunales emitan su fallo, lo que dilatará la materialización de la medida de gracia para los implicados en dichos casos. En el Constitucional no prevén que puedan resolver antes de seis meses y la corte de Luxemburgo suele tardar un par de años.

Recursos

Además de jueces y magistrados, los políticos también podrán ir al TC. Podrán hacerlo vía recurso de inconstitucionalidad quienes cuenten con al menos 50 diputados y senadores, lo que con la actual configuración parlamentaria reduce la lista al PP; y los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas, desde donde también se auguran movimientos por parte de las regiones gobernadas por los populares.

Sin embargo, los recursos de inconstitucionalidad no provocan la suspensión automática ni de la ley de amnistía en sí misma ni de su aplicación a los casos concretos. Para conseguirlo, quienes impugnen tendrán que pedirlo expresamente en unas medidas cautelares que tendrán que ser acordadas por la corte de garantías.

Condenados y prófugos

El borrador de la amnistía no cita nombres propios, sus principales destinatarios son los líderes del procés, tanto los que fueron condenados por el TS como los que permanecen huidos fuera del alcance del alto tribunal.

En el primer grupo están Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de la reforma penal que derogó la sedición y modificó ese segundo delito.

También afectará a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos-, a la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los ex consejeros Josep Rull y Joaquim Forn -condenados por desobediencia-, aunque en sus casos las penas de inhabilitación que sobrevivieron a los indultos ya se han extinguido.

Respecto a los prófugos, la amnistía favorecerá a Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por desobediencia y malversación; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por desobediencia y con la misma orden; y a la ex consejera Clara Ponsatí, encausada también por desobediencia pero ya sin orden de busca y captura.

Al margen de las cuestiones que la Sala de lo Penal del TS pueda dirigir al TC o al TJUE, la entrada en vigor de la ley de amnistía tendrá la consecuencia inmediata de dejar sin efecto las órdenes nacionales de detención, por lo que Puigdemont podrá regresar a España sin ser detenido. En cambio, Junqueras no se beneficiará de la nueva ley hasta que el Supremo decida sobre su caso. De momento, está inhabilitado hasta 2031.

¿Y el dinero?

Otro de los frentes desde donde podrá combatirse la amnistía es el Tribunal de Cuentas (TCu), que ha juzgado a 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Puigdemont, Junqueras o el también ex presidente catalán Artur Mas, por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior enmarcada en el procés. La Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados, mientras que Sociedad Civil Catalana pide 5 millones de euros a 11 ex altos cargos. Durante el juicio, celebrado el 17 de noviembre, Junqueras y los demás acusados de ERC pidieron suspender tanto la vista oral como el procedimiento contable por la proposición de ley, algo a lo que la Fiscalía se opuso. La consejera Elena Hernáez rechazó la primera solicitud pero aún debe pronunciarse sobre la segunda.

Tsunami y los CDR

La amnistía también está diseñada para librar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que la AN ya ha enviado a juicio por pertenencia a organización terrorista por, supuestamente, planear el asalto y la ocupación del Parlamento de Cataluña y participar en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

La ley afectará a otra causa investigada en la AN: los altercados presuntamente orquestados por Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés, como el intento de asalto al aeropuerto de El Prat, el corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

El juez instructor Manuel García Castellón pidió al TS que investigara a Puigdemont, Rovira y otras diez personas por un delito de terrorismo. La respuesta del Supremo es, precisamente, una de las incógnitas a despejar este año. De ella dependerá dónde y en qué términos se siga investigando Tsunami Democràtic.

También sigue pendiente que la Sala de lo Penal de la AN resuelva el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de García Castellón de dirigir la causa contra Puigdemont por terrorismo. A juicio del fiscal Miguel Ángel Carballo, no hay indicios suficientes contra el ex president y los hechos serían, a lo sumo, un delito de desórdenes públicos.