Pedro Sánchez ha desencallado el acuerdo de la inmigración con Junts y va a delegar las competencias a la Generalitat, pero no es suficiente para que pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes de Junts señalan que todavía no se ha entrado a negociar ni las cuentas ni la senda de déficit y, en todo caso, que para llegar a ese acuerdo el Gobierno tiene que pagar todavía varios peajes más: la amnistía política, el catalán en la Unión Europea y el cumplimiento con las inversiones comprometidas en Cataluña. En paralelo a esas tres exigencias, se cuela la reforma de la financiación autonómica, donde Junts tiene la voluntad de adquirir un gran protagonismo dado que el acuerdo de investidura ya recogía la apuesta por la gestión y la recaudación de los impuestos por parte de toda la Generalitat.

De hecho, el debate sobre la financiación es dinamita porque el Gobierno tendrá que volver a ceder lo que dijo que nunca cedería, tal y como ha hecho también con las competencias en inmigración, y puede poner en peligro los equilibrios de las alianzas.

Véase cómo la ley para la delegación de las competencias migratorias ha hecho saltar a Podemos del bloque de la investidura con su anuncio de que se opone, al menos de momento. En la nueva ley para la reforma de la financiación autonómica o la de la quita de la deuda también ya hay partidos que están mostrándose críticos, como Compromís.

En cualquier caso, para llegar al punto de la materialización del traspaso de competencias fiscales los socialistas van allanando el camino con el refuerzo de la infraestructura tributaria, a fin de acabar cediendo la «caja» a la Generalitat. De momento, los primeros pasos se están dando desde el Govern de Salvador Illa con la musculación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC): la responsable de la agencia, que es la consellera de Economía Alicia Romero, ya ha venido diciendo que están ejecutando «pasos pequeños» y «seguros» para poder aspirar a gestionar «tributos importantes»: es decir, todos los que asumirán si se materializa el «concierto» fiscal.

En ese sentido, el Estado ya ha acordado el traspaso del Impuesto de matriculaciones a la Generalitat, como anticipo a lo que se viene: en el horizonte se sitúa el IRPF, que es el tributo que más volumen de recaudación general y que esperan poder recaudar de manera íntegra el próximo año.

La cantidad que se recauda por matriculaciones es mínima, pero sí permite ir generando un clima favorable al traspaso de competencias tributarias del Estado a la Generalitat de Cataluña. Este acuerdo ha venido acompañado, además, de la ampliación de los recursos de la ATC para poder ir asumiendo esas competencias. En concreto, el Govern ha aprobado recientemente la contratación de 102 empleados temporales, entre ellos 93 administrativos y 9 técnicos gestores tributarios.

Estos nuevos efectivos se distribuirán de la siguiente manera: 49 en Barcelona, 16 en Girona, 10 en Lleida y 18 en Tarragona. Además, el Govern prevé un incremento de las oficinas y puntos de atención ciudadana para facilitar la gestión tributaria.

La Generalitat quiere ir extendiendo la cobertura de la administración tributaria por todo el territorio catalán y ahora la máxima prioridad es llegar hasta 87 puntos de atención en total para atender así a la ciudadanía «de manera presencial» de cara a la asistencia durante la campaña de la renta, que comienza en abril.

Junts está tratando de proyectar que sus votos en Madrid están siendo decisivos y, sobre todo y de cara a su electorado, que los acuerdos con el Gobierno están teniendo sentido porque están sirviendo para avanzar hacia la «independencia». En este sentido, tanto el control de las fronteras como la gestión de los tributos son herramientas de primera magnitud para poder desconectarse de España en un futuro.

Mientras Junts extrae nuevos premios del Gobierno, Sánchez sigue sin ninguna garantía de que vaya a aprobar sus Presupuestos. El presidente niega que sean necesarios para agotar la Legislatura, pero la realidad es que en su gobierno son plenamente conscientes de las dificultades que entraña sostener la prórroga. Por ejemplo, por los nuevos compromisos que tienen que atender en materia de gasto militar. La cumbre de la OTAN de junio será decisiva porque está previsto que los aliados endurezcan las exigencias de gasto para todos los miembros, sin excepciones. Hasta ahora, y ante la oposición de sus socios, el Ejecutivo ha ido haciendo equilibrios en materia de Defensa por la vía de las ampliaciones gasto con créditos extraordinario.