El juicio a los "fontaneros" de Junqueras en la preparación del 1-0 se aplaza por el 12M

Los "fontaneros" de Oriol Junqueras en la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sortean por ahora el banquillo, aunque no -como pretendían- por la ley de amnistía, sino por las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado el aplazamiento del juicio por desobediencia a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, al diputado de ERC en el Parlament, y exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó -a los que el líder de ERC recurrió para crear las estructuras de Estado" necesarias para una Cataluña independiente- para evitar que interfiera en la campaña electoral del 12M. La vista oral, por tanto, no se celebrará el próximo día 10, como estaba previsto.

El tribunal ha decidido retrasar el juicio, que debía prolongarse hasta el 29 de mayo, por lo que se habría desarrollado coincidiendo con la campaña electoral y con las elecciones autonómicas. Ninguna de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- se opusieron a la suspensión por motivos electorales, aunque sí rechazaron expresamente que se retrasase por la tramitación de la ley de amnistía, que una vez entre en vigor extenderá la impunidad sobre estos hechos.

En esa misma línea, el tribunal deja claro que la ley de amnistía "no puede ser tenida, hoy por hoy, como un hecho cierto con capacidad para interferir o alterar el curso del juicio oral ya convocado". Solo su "eventual promulgación y publicación", argumenta la Sala, obligaría a los magistrados a "proyectar sobre este concreto proceso los efectos" de la futura ley.

En todo caso, el TSJC esgrime que el "pleno respeto y la máxima consideración que nos merecen las cámaras parlamentarias, como titulares de la potestad

legislativa del Estado, nos impide reconocer efecto alguno a las iniciativas, proyectos o proposiciones de ley" hasta que no hayan completado "todas las fases para su aprobación, incluidas la sanción, promulgación y publicación del texto legal aprobado definitivamente".

Las acusaciones no se opusieron

El tribunal ha tenido en cuenta para tomar su decisión que Jové es diputado del Parlament y que Garriga es consejera de la Generalitat, "los dos pertenecientes a una misma opción política", ERC, que concurre a los comicios, al igual que Vox, que ejerce la acusación popular en este procedimiento.

La Sala, presidida por el magistrado Jesús María Barrientos, aprecia como "causa legítima" del aplazamiento "la necesidad de evitar interferencias recíprocas entre el proceso electoral democrático y el necesario sosiego que debe presidir la celebración del juicio".

Para el tribunal, la suspensión de la vista oral "tampoco afecta o condiciona" los derechos procesales de las partes en la medida en que pueden ser repuestos "con la reprogramación del juicio, una vez despejados los riesgos considerados como causa cierta y justa del aplazamiento".

La Fiscalía pide siete años de prisión para Jové; seis años y tres meses para Salvadó y un año de inhabilitación para Garriga, que en 2017 era directora de servicios de la Conselleria de Economía. A estos dos últimos les acusa no solo de desobediencia, sino también de prevaricación y malversación por las decisiones que supuestamente tomaron en el Departamento de Economía que dirigía Junqueras como vicepresidente de la Generalitat, para favorecer la celebración del 1-O. Además, el Ministerio Público reclama que Jové sea inhabilitado 32 años y Salvadó, 27 años, y que se les impongan multas de 30.000 y 24.000 euros, respectivamente (18.000 en el caso de Garriga). Asimismo, quiere que se les condene a reintegrar al erario público 754.920,89 euros "por el perjuicio patrimonial causado".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Jové, Salvadó y Garriga eran "personas de la máxima confianza" de Junquera, por lo que "se hallaban plenamente comprometidos con el programa electoral redactado por la coalición de partidos que formó gobierno". Una hoja de ruta acordada por los partidos políticos integrados en la coalición Junts pel Sí que, recuerda el fiscal, "iba directamente dirigida a la final declaración de independencia y apertura de un proceso constituyente", lo que se posibilitaría a través de la denominadas "estructuras de estado".

Claves para crear las "estructuras de esrtado"

Desde sus respectivas responsabilidades en el ámbito de la Administración autonómica, sostiene el fiscal, Jové y Salvadó "en ejecución de la hoja de ruta ideada para quebrar el orden constitucional" tomaron la decisión "de llevar a la práctica" las programadas "estructuras de estado" y, de modo paralelo, "conseguir una suficiente financiación para cuando Cataluña alcanzase la independencia.

Como coordinador ejecutivo del referéndum desde julio de 2017 y responsable del área de "procesos electorales y consultas populares", Jové -entonces "número dos" de Economía "solo por debajo del propio conseller", Oriol Junqueras- "tuvo directa participación en el ilícito compromiso de los fondos públicos" para financiar el referéndum soberanista.

Como responsable del área de procesos electorales, Jové impulsó -según la Fiscalía- el programa de publicidad institucional del 1-O, el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a los integrantes de las mesas electorales -con un coste previsto de 979.661 euros y que la intervención de la Guardia Civil con el registro de la nave de Unipost impidió que se distribuyera- y la confección del censo electoral para dotar al referéndum de una "mínima apariencia de legitimidad" (aunque "la acción policial evitó que el mismo pudiera ser utilizado", lo que obligó a la Generalitat a instaurar el "censo universal" a última hora).

En cuanto a Salvadó, se le señala como responsable del intento de constituir una Hacienda catalana "como nueva estructura de estado", siempre "bajo la directa supervisión" de Jové. El objetivo era comenzar a "tramitar, gestionar y recaudar" desde septiembre y octubre de 2017 "la totalidad de los tributos del sector público de Cataluña por la Agencia Tributaria de Cataluña, a la que, con tales atribuciones unilateralmente asumidas, se venía a conferir de modo pleno el pretendido carácter de estructura de estado".

La misión de Salvadó era garantizar "fuera de las vías legales" que la futura Agencia Tributaria catalana asumiera una mayor capacidad de gestión y recaudación "de tributos que no habían sido objeto de cesión alguna por parte del Estado".