Audiencia Nacional
El juez García Castellón continúa con las diligencias del "caso Tándem" ajeno a las acusaciones de Teresa Ribera
Cita a declarar como imputados al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al ex director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón continúa con su actividad habitual en otras causas de enorme calado que lleva. Ajeno a la polémica desatada por los ataques de la vicepresidenta Teresa Ribera por la instrucción de la causa contra "Tsunami Democrátic", en el que ve indicios de actividad terrorista e implicación de Carles Puigdemont y Marta Rovira como coordinadores de los graves altercados que se produjeron en Cataluña, ha adoptado algunas decisiones relevantes en el conocido como "caso Tándem".
Ahora se ha sabido que citará a declarar como imputados al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al ex director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino en la pieza 36 del llamado "caso Tándem" o "caso Villarejo", que investiga supuestas presiones ejercidas sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su antiguo abogado Javier Gómez de Liaño para no publicar informaciones sobre dicha formación política.
En un auto, el magistrado atiende la solicitud de Gómez de Liaño para que se tome declaración a Francisco Martínez y a Eugenio Pino en relación con unas anotaciones que aparecen en las agendas del comisario José Manuel Villarejo. Estas diligencias, entiende García Castellón, son “útiles y pertinentes” para la averiguación de los hechos y sus eventuales responsables.
Además, según el magistrado, ambos se encuentran investigados en otra pieza del "caso Tándem", la número 7, conocida como "operación Kitchen", por lo que el “contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones” le lleva a tomarles declaración con el estatus procesal de investigados.
Por el contrario, el instructor rechaza la solicitud de Liaño de tomar declaración como investigados al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset, puesto que ninguna declaración ni documento obrante en la causa, dice el juez, ha puesto de manifiesto la conexión de ambos con los hechos objeto de investigación.
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