La investigación del "caso Koldo" ha puesto de relieve las operaciones puestas en marcha por algunos de los imputados para ocultar o dificultar el rastro de los beneficios obtenidos por la supuesta trama por las adjudicaciones de material sanitario en pandemia. Así se constata en una resolución del pasado 20 de febrero en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hace referencia a lo que considera una "despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional" que habría puesto en marcha Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y el contacto que permitió a Soluciones de Gestión -la empresa adjudicataria de los contratos por valor de más de 52 millones de euros- acceder a Koldo García cuando era asesor del ministro José Luis Ábalos en Transportes.

En ese auto -en el que ordena el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos a varios investigados relacionados con Aldama-, el magistrado señala que la intención de Aldama es "poner a nombre de sociedades creadas en Portugal bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad".

Todo con la finalidad de "evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios" a los que tenga que hacer frente dado que, teniendo en cuenta que "las ganancias obtenidas por su intervención en los contratos investigados" ascienden a 6.712.110,66 euros -ingresados a través de sus dos sociedades, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, las cuotas presumiblemente defraudadas a Hacienda pueden superar los 120.000 euros, "tanto por el Impuesto sobre Sociedades como en el IRPF", el umbral defraudatorio por encima del cual se considera delictiva esa elusión de impuestos.

Pero la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto además de manifiesto otras operativas que tendrían el mismo objetivo, poner a salvo las comisiones cobradas gracias a las adjudicaciones de los ministerios de Transportes, Interior y Sanidad y de los gobiernos canario y balear.

Siete sociedades portuguesas

Según apunta el instructor, se ha tenido constancia gracias a "las medidas de investigación tecnológica acordadas" de "cantidades transferidas desde cuentas de las que Aldama es titular, así como las sociedades por él controladas" como MTM 180 Capital, a cuentas en el banco portugués Millennium Banco Comercial Portugués. Una transferencia de fondos que en apenas dos meses, entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre del pasado año, suma 1.166,956 euros.

Para llevar a cabo su objetivo, el presidente del Zamora CF "estaría empleando un entramado empresarial en el que participarían sus socios" Luis Alberto Escolano, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, "algunos de los cuales tienen vínculos con Koldo García".

Según el juez, Aldama y sus socios "habrían constituido desde el 31 de agosto de 2022 hasta el 2 de marzo de 2023 un entramado de siete sociedades portuguesas" con idéntica actividad declarada ("otras actividades de apoyo a empresas"): Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada LDA, Cuboflamejante LDA, Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepçao Unipessoal LAD, Fenómenesferico Unipessoal LDA y Etapinvisíviel Unipessol LDA.

Respecto a las empresas con sede social en España, Aldama ostenta cargos en sociedades que administran o de las que son titulares sus socios, "y en algunas de ellas la sede social se ubica en las dependencias de las oficinas" del empresario del Zamora CF.

Un entramado de 19 empresas

El juez Moreno se refiere a una conversación intervenida el pasado 19 de enero en la que "se evidenciaría que algunas sociedades en las que estas personas figuran como administradores y dueños de las participaciones realmente estarían controladas" por Aldama. En la misma, Aldama habla con una mujer que le traslada "la conveniencia de poner activas una serie de empresas", haciendo mención a que son las sociedades en "las que está César", en referencia a César Moreno, según el instructor, para quien se pone así de manifiesto "el posible control que ejercería Aldama sobre sociedades que por derecho no titula".

En total, las sospechas se centran en un total de 19 empresas vinculadas a sus cuatro socios, respecto a los cuales el instructor autorizó el volcado del contenido de los dispositivos informáticos intervenidos durante la operación policial del pasado 22 de febrero en la que fue detenido Koldo García, actualmente en libertad provisional aunque tiene prohibido salir de España y debe comparecer cada 15 días en el juzgado.