Los jueces, contra la presión por la amnistía

Dos de las principales asociaciones de jueces de nuestro país mostraron ayer su malestar y disconformidad por la presión que intenta trasladar el Gobierno a los tribunales para que se aplique la Ley de Amnistía en todos los casos para que el conjunto de los implicados en el «procés» reciban el perdón de sus posibles responsabilidades penales.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya reclamaron pública y directamente, sin medias tintas, que los miembros de la magistratura concedan la amnistía a los máximos dirigentes del desafío independentista. Como el lunes hicieron el ministro Óscar Puente, y, ayer, Félix Bolaños.

El titular de Transportes llegó a acusar al Tribunal Supremo de «extralimitarse» en sus competencias y el ministro de Justicia aseguró que los magistrados del Alto Tribunal están solos en el criterio de que la malversación agravada de la que se acusa a Carles Puigdemont no entra dentro de los supuestos en los que se puede aplicar la medida de gracia, atendiendo a su mismo contenido.

Precisamente, por el uso irregular que habría realizado de los fondos públicos para financiar el desafío soberanista habría afectado a los intereses financieros de la Unión Europea y habría implicado un beneficio en su patrimonio personal, dos de las excepciones principales.

Desde Junts les instaron a emprender acciones legales a través de la Abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal contra los jueces que rechacen aplicar la Amnistía como forma de garantizar que la Justicia otorga sin fisuras la extinción de los posibles delitos a los autores del 1-O y de la DUI de 2017 que impulsó la Generalitat que presidía Puigdemont y vicepresidía Oriol Junqueras.

Para el Gobierno solo servirá para retrasar la aplicación de la norma, que fían ya a una futura corrección de la decisión de la Sala Penal –en relación a los condenados– y el magistrado Pablo Llarena –en lo referente a los procesados huidos– en el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido.

Desde la segunda agrupación profesional en número de jueces asociados, la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), admiten a LA RAZÓN que «toda presión» a un juez «perturba» el ejercicio de su función, pero se muestran convencidos de que cualquier querella contra un juez que resuelva no aplicar la amnistía «está abocada al más absoluto fracaso» porque, señalan, la propia Ley «permite este tipo de interpretaciones» excluyentes por cómo está fundamentada a nivel jurídico.

Ya meses antes de que se aprobase en el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía impulsada por el PSOE en conveniencia con las fuerzas independentistas catalanas, la Francisco de Vitoria estudió el texto y advirtió de que existían en su contenido distintas posibles interpretaciones de la norma, todas ellas potencialmente válidas, explica su portavoz, Sergio Oliva.

Asegura que ellos ya predijeron que si una de estas interpretaciones por parte de un juez «se apartaba de los intereses independentistas, iba a ser tildada de prevadicadora». «Una ley tan abierta y que tiene tantas faltas de certezas provoca este tipo de situaciones, pero los jueces seguirán aplicando la ley y no criterios políticos».

Porque en la AJFV están convencidos de que de los últimos años a aquí se viene produciendo un «proceso de deslegitimación del Poder Judicial» en el que ahora se están ahondado con los «señalamientos públicos» a magistrados que, denuncia Oliva, han aparecido con la polémica Ley de Amnistía. «Los más de 5.000 jueces de nuestro país resuelven con independencia los problemas reales de la gente, con las presiones externas lo que se traslada a la ciudadanía es que no confíe en los jueces y su independencia».

Foro Judicial Independiente (FJI), por su parte, manifiesta que tanto de las declaraciones del Gobierno como las que surgen de la formación de Puigdemont ponen de relieve que ambos «parecen desconocer o no querer conocer» lo que es la separación de poderes que impide que «un Gobierno pueda dar instrucciones a los jueces».

En concreto, sobre la interpretación de esta Ley de Amnistía, su presidente, Fernando Portillo, opina que «presenta inseguridades» al no dejar nada claro «los elementos temporales o materiales» del «procés» a los que se debe aplicar.

Prueba de ello, ponen de relieve desde FJI, es que los jueces «lo advertimos dando diferentes aplicaciones con normalidad democrática» ya que nunca antes había sido implementada en un juzgado por ser de reciente aprobación y vigencia.

Si en Moncloa decidiesen querellarse contra jueces por su interpretación de esta norma sería para la cuarta asociación judicial una «deriva autoritaria» que, de momento, descartan.

Portillo no cree que puedan recurrir a algo más que «la presión mediática, que cae en saco roto» pero que, critica, «traslada a la ciudadanía la mala impresión de que el Poder Judicial se ha equivocado» al no concederla, pese a que lo hayan hecho siguiendo la ley.

El sector progresista

En Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera con mayor afiliación de miembros de la carrera, rebajan las intenciones del Gobierno socialista en coalición con Sumar y ven «improbable» que emprendan acciones contra miembros de la carrera «por el modo en que apliquen» esta norma porque, defienden, ya se está haciendo «sin problema en la mayoría de los casos».

Sin embargo, en aquellos que califican de «dudosos» como el de Puigdemont en el Supremo, el portavoz de JJpD, Edmundo Rodríguez, lo considera en conversación con este diario «desaconsejable», aunque otra cosa sería, alega, que se «recurra o se abra la vía al amparo constitucional», una opción que no preven que el Gobierno active, pese a que ya hay ministros que lo citan.

Eso sí, la asociación de jueces progresistas defiende que los miembros del Ejecutivo tienen derecho a «opinar, como hacen, sobre qué entiende que quiso decir la ley, o recurrir las decisiones judiciales». Pero la aplicación uniforme de la medida que pide Junts, en todo caso, apostilla Rodríguez, se dirige al «interlocutor equivocado pues no corresponde al Gobierno hacerlo» y tendrán que ser los neoconvergentes los que así lo soliciten en un juzgado.