José María Macías, azote de la amnistía, será magistrado del Tribunal Constitucional

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para desatascar la renovación del CGPJ también permite al Tribunal Constitucional (TC) recuperar su plena composición de doce magistrados, mermada desde la renuncia de Alfredo Montoya en julio de 2022 por motivos de salud. El elegido es el actual vocal del Consejo José María Macías (Barcelona, 1964), magistrado en excedencia desde 2005 para ejercer la abogacía, y muy combativo contra la Ley de Amnistía. La incorporación de Macías no altera la mayoría progresista del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido, que ahora cuenta con siete magistrados de esa tendencia, frente a los cinco del bloque conservador una vez su sume el TC el actual vocal de CGPJ.

El candidato debía ser designado por el Senado a propuesta del PP, pero el proceso se demoró sine die en la Cámara Baja, porque el PSOE ya no tenía prisa en cubrir esa plaza tras recuperar la mayoría progresista en el TC con la renovación de cuatro magistrados de la corte de garantías que correspondió elegir al propio Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial (cuya demora llevó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a impulsar una reforma legal para acelerar ese relevo al margen del CGPJ, cuya tramitación suspendió de forma cautelar el TC). Ahora, el acuerdo permite garantizar la necesaria mayoría de 3/5 en el Senado para que Macías ocupe finalmente la plaza de Montoya en el Constitucional.

Además, su mandato será de once años, puesto que al permanecer menos de tres años en el cargo cuando, en marzo de 2026, la Cámara Alta tenga que renovar a cuatro de los magistrados, Macías podrá optar a un nuevo mandato completo de nueve años, pues así lo contempla la ley que regula el funcionamiento de la corte de garantías, por lo que podría seguir en el TC hasta marzo de 2035.

Macías ha sido uno de los vocales de la mayoría conservadora más beligerantes con el Gobierno, sobre todo a cuenta de la Ley de Amnistía y de las acusaciones de «lawfare» alentadas tras el acuerdo con el independentismo para la investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista con LA RAZÓN el pasado noviembre, Macías calificó de «irreparables» las consecuencias de la aplicación de la Ley de Amnistía, que calificó de «no constitucional» porque, en su opinión, supone «degradar la función judicial» y el Estado de derecho.

El vocal del Consejo criticó que con esa norma «el mensaje a los que en su día incumplieron la ley es que la sigan incumpliendo». «Los únicos que pararon la ofensa inconstitucional y el ataque al Estado fueron los jueces. Y eso el independentismo lo ha identificado perfectamente», insistía Macías, para quien ese era el motivo por el que la Justicia se ha convertido en el «objetivo» del independentismo ante «la necesidad de desacreditarla».

El futuro magistrado del TC aseguraba en esa entrevista no esperar «absolutamente nada» del Tribunal Constitucional en su labor de control de la Ley de Amnistía. «Y lamento decirlo», apostillaba.

Y en relación al «lawfare», denuncio lo que considera «un ataque brutal y organizado contra la Justicia empleando medios públicos para movilizar en el extranjero una opinión contraria a la Justicia española». Y denunció que la amnistía «va a dar justificación» a «agresiones directas» contra «miembros del Poder Judicial, contra miembros del Tribunal Supremo».