La investigación de los lazos de Puigdemont con el Kremlin "ha caído como una bomba en Bruselas"

La investigación judicial sobre los vínculos de Carles Puigdemont con el Kremlin "ha caído como una bomba en Bruselas". Así lo ha afirmado el eurodiputado Adrián Vázquez al ser preguntado por este asunto en un foro sobre la amnistía. Allí recordó que estos antecedentes preocupan en Europa porque se suman a los supuestos lazos del Partido Socialista eslovaco y de la diputada letona Tatjana Zdanoka con la inteligencia rusa. Precisamente ella visitó a varios de los políticos independentistas cuando estaban en la cárcel, entre ellos, a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Se trata de la investigación que está desarrollando el juez Joaquín Aguirre en el marco de la conocida como "Operación Voloh" sobre la trama rusa del "procés" y ha despertado el interés más allá de nuestras fronteras por los efectos desestabilizadores que podría tener en el seno de la Unión Europea, tal como indicó el magistrado en un auto en el que prorrogaba seis meses la fase de instrucción. Todos estos asuntos, aseguró el europarlamentario de Ciudadanos, irán al Pleno del Parlamento Europeo la próxima semana, aseguró, porque "hay elementos cercanos al régimen de Putin que tienen un escaño en el Parlamento Europeo y tiene contactos con el independentismo catalán".

Sus declaraciones se produjeron durante una charla sobre la ley de amnistía que celebró el Foro Justicia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Sobre esta norma, que hoy se debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, aseguró que "no nos enfrentamos a este reto por primera vez" y recordó que la Unión Europea (UE) está actuando contra prácticas como la creación de comisiones de investigación o las injerencias en las actuaciones de los jueces. A ello se suma que el "borrado" de delitos como la malversación de fondos públicos o el terrorismo que busca beneficiar a los líderes del independentismo, además de contravenir los principios del Estado de derecho, supone un choque frontal con directivas europeas específicas.

Vázquez subrayó que la Comisión Europea (CE) está realizando un seguimiento nunca visto antes sobre esta norma, aunque admitió que a veces la ciudadanía no llega a percibirlo. Y puso ejemplos. Nunca antes de que se aprobara una ley, la CE había llamado a un ministro de Justicia a informar, como ocurrió cuando el comisario Didier Reynders convocó a Félix Bolaños para hablar de este asunto y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco se había dado la situación en que pidiera que respondieran a una lista de preguntas.

"Es algo que nunca había ocurrido en Europa. Siempre que ha iniciado procedimientos de infracción, como en Hungría o Polonia, ha esperado a que la ley esté aprobada", ha explicado para confirmar que son señales que dan cuenta de que existe preocupación entre las autoridades europeas al más alto nivel.

Pero este seguimiento no se da solo a nivel del Ejecutivo europeo. “El conocimiento que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de lo que está ocurriendo en España llega al detalle", aseguró el también presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Y esto se produce hasta el punto de que los magistrados de esta instancia conocen el sentido de las enmiendas y de los cambios que plantearon la prohibición de elevar las cuestiones prejudiciales a al TJUE.

La Comisión cuenta con experiencia y sabe cómo actuar frente a estos desafíos como la ley de amnistía y el señalamiento o acoso a jueces porque recientemente ha tenido que responder a situaciones similares en países como Portugal, Polonia, Rumanía y Hungría, donde se vulneró el Estado de derecho y se adoptaron medidas contundentes para frenar esa deriva. Los principios democráticos, recalcó, están protegidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE), que es una "Constitución que tiene una vinculación jurídica indiscutible", también para España.

Cuestiones prejudiciales

El eurodiputado destacó tres claves de la jurisprudencia europea sobre el aval que ofrece al Poder Judicial. En primer lugar, asegura y garantiza la independencia de los jueces en los estados miembro; les protege frente a las presiones directas y también indirectas que persigan orientar en un sentido u otro sus resoluciones judiciales; y en tercer lugar, lo más relevante es que consolida la presentación de cuestiones prejudiciales ante el TJUE como una herramienta fundamental. Se trata de una consulta que plantean los magistrados nacionales al tribunal europeo cuando tienen dudas sobre cómo se debe aplicar una norma o sobre si una ley puede ser contraria al Derecho de la UE.

Vázquez ha destacado varios elementos que se pueden elevar a Europa desde los tribunales españoles por esta vía. Una de ellas es que la ley de amnistía "priva a los tribunales de lapotestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", que también recoge el art. 117 de la Carta Magna y que también debería ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Y es que en el articulado de la proposición de ley, a día de hoy, se obliga a los magistrados a dejar sin efecto las medidas cautelares. Pero también porque se aplica a delitos de malversación de fondos públicos o terrorismo, unas líneas rojas para Europa, que es especialmente sensible frente a estas conductas delictivas. Por otra parte, está el amplio rango temporal en el que se amnistiarían los delitos del "procés" y el alto grado de indeterminación que hay en el texto legal.

Para el europarlamentario, no hay una visión estratégica detrás de las cesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez al independentismo. Si se elevan cuestiones prejudiciales y la aplicación de la ley de amnistía queda en suspenso, Puigdemont se verá en una disyuntiva de tener que esperar una media de quince meses: "No podrá disfrutar lo pactado en los siguientes meses".

“Es un proceso largo, pero hemos visto que funciona”, recordó Vázquez, que señaló que en el caso de Polonia hubo trece debates y nueve resoluciones.

Si finalmente la ley de amnistía se aprueba definitivamente en abril, el último Pleno del Parlamento Europeo, de la semana del 20 de abril, podría centrarse en esta norma. El presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos señaló que existe un acuerdo entre el PP y los liberales para pedir una resolución, no un debate, para que la Comisión que "actúe sin dilación" y, "si tiene que hacerlo, que abra un procedimiento de infracción".

Al preguntarle sobre la admisión de otras amnistías en Europa, confirmó que esto se ha dado en más de 60 medidas de gracia de este tipo. "Pero deben tener encaje constitucional y una finalidad clara de unir a un país o de solventar una situación crítica en un Estado miembro", algo que no cumple la norma española. "El objetivo de esta amnistía lo sabemos todo: siete votos". Y recordó que la ley borra delitos cubiertos por la legislación europea y elimina la capacidad de los jueces para ejercer sus funciones. Recordó también la amnistía en Rumanía de 2019, que pretendía perdonar a políticos corruptos para que se volvieran a presentar a las elecciones y que se tumbó.

Por ello, considera fundamental que haya una "avalancha de prejudiciales" ante el TJUE por parte de los jueces, que permite las medidas cautelares y suspende el procedimiento, recalcó en varias ocasiones. También con informes de la sociedad civil, de los colegios profesionales, que se llevan a la comisión de Peticiones del Europarlamento. “Todos podemos sumar para parar esto y abril es la fecha límite” y llamó a sumar esfuerzos para evitar llegar a un punto de no retorno en el que "los daños" al sistema democrático "pasan a ser estructurales y contaminan el sistema en su totalidad". La ley de amnistía es solo uno de esos daños, que se suma a otros como la eliminación del delito de sedición o la mitigación de la malversación. “España y los españoles no nos merecemos lo que está pasando”, concluyó.