Caso Voloh
El juez prorroga seis meses la investigación de la trama rusa del “procés”
Cree que había una persona "por encima" de Terradellas y Alay que permitía los contactos entre el independentismo y el Kremlin
La investigación de la trama rusa del “procés” se prorrogará durante seis meses. Así lo ha establecido un auto del juez Joaquín Aguirre, que justifica la necesidad de más tiempo para arrojar luz sobre las conexiones del independentismo catalán con el gobierno de Vladimir Putin, en el marco del conocimo como "caso Voloh". En el escrito, señala al exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay (tamnbién investigado en la causa de “Tsunami Democràtic”) y al informático Jaume Cabaní, también relacionado con el expresidente catalán, Carles Puigdemont.
El auto se dictó el viernes 26 de enero, un día antes de que finalizara el periodo de instrucción establecido. En él, el magistrado expone las causas que motivan la ampliación y recuerda de que esta pieza se derivan las otras piezas separadas de la “Operación Voloh”. En el escrito, el juez señala a Víctor Terradellascomo el contacto de referencia con Rusia, además de ser “una persona de peso, al menos en el partido, y con cierta capacidad de influencia”.
"Resulta procesalmente necesario que alguna fuerza de seguridad del Estado o este mismo Magistrado compruebe la veracidad de tales datos", señala el auto. También indica que se deben investigar los teléfonos de Victor Terradellas y de otros investigados por si aparecen más datos relevantes "que permitan obtener indicios relativos al soporte que pudo haber dado Rusia al proceso de independencia" a cambio de "unas concretas contraprestaciones en pago por tal ayuda".
El el documento también se indica que los contactos se llevaron a cabo antes y después de la declaración de independencia. Cuando Terradellas dejó de ser el punto de contacto con los rusos, debido a su detención en el marco de la Operación Estela relativa a la obtención fraudulenta de subvenciones públicas, este rol lo desempeñó Alay. "Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos entre dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya ahora Junts per Cat y el Kremlin", indico el documento.
La resolución indica que se ha revisado la abundante documentación de la causa. De ella se extraen indicios sobre las "estrechas relaciones" de algunos de los investigados con "individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana". A su vez, algunos de ellos tenían conexiones con los servicios secretos rusos y con integrantes de partidos de extrema derecha tanto en Italia como en Alemania.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona quiere analizar en profundidad los contactos del independentismo con ciudadanos rusos. Entre ellos, destaca a NicolaySadovnikov, un exdiplomático y empresario que se citó con Puigdemont en dos ocasiones, cuando todavía era presidente de la Generalitat, unos días antes de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
Estos encuentros, que tuvieron lugar en la Casa del Canonges, residencia del líder del Ejecutivo catalán, fueron gestionados por Terradellas. A los mismos, también acudió Sergey Motin, un militar ya fallecido, y Jordi SardàBonvehí, implicado en la presunta estafa de la venta de gas a Ucrania. También recuerda que Alay se reunió con Eugeni Primakov, exmiembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, diputado del partido de Putin y nieto del ex primer ministro ruso Yevgueni Primakov.
El objetivo de estas conexiones, según el escrito, sería el establecimiento de vínculos de "influencia política y económica" una vez que se concretase su proyecto de una Cataluña independiente. Los ciudadanos rusos habrían ofrecido supuestamente apoyo militar y económico a cambio de que se impulsara una regulación ventajosa para el uso de criptomonedas. Sobre este tema, también se habría mantenido una reunión con Elisa Artadi, cercana a Puigdemont, en el hotel Colón de Barcelona.En su declaración, Artadi restó importancia a lo dicho por su interlocutor por falta de “rigor”.
En el auto, el juez incluye también un mensaje anónimo que recibió en diciembre en el juzgado y que resume la información que se publicó en un reportaje periodístico sobre la trama rusa del “procés” y las reuniones con Sadovnikov.Todas estas iniciativas y contactos, sostiene el escrito, tendría consecuencias de desestabilización en la Unión Europea (UE).
También se alude a una conversación entre Terradellas y David Madí, exalto cargo de CDC, en la que el primero asegura que había hablado de criptomonedas con Puigdemont. De su frase “Tenemos que ir hacía aquí”, el juez deduce que la intención "es provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios" en criptomonedas para eludir las "acciones de control de los poderes públicos".
En un escrito de puño y letra de Terradellas, que incorpora el auto, aparecen las palabras 'Putin', “finançament”(financiación) y "unificar bitcoin, mañana (una palabra tachada) del volátil y debajo al oro". También aparece en un círculo la palabra "máquina", "estado protector" y "legislación adecuada al nuevo modelo económico". También se menciona la expresión "Trapero-Artadi-MHP (Molt Honorable President)” y“Putin", aunque en las pesquisas no se ha podido aclarar el sentido de estos apuntes.
Para el juez, la conversación que Alay mantiene por mensajería con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en el que ponen el acento en que el presidente de la Generalitat no critique en ningún caso la actitud de Valdimir Putin o de ViktorLukashenko, presidente de Bielorrusia, sobre el disidente ruso AlekséiNavalni, es una prueba “inequívoca” de que existían "contactos con altos dirigentes del Kremlin".
Debido a la complejidad y dificultad de las indagaciones, así como a la ingente cantidad de documentación que falta por revisar, el magistrado ha optado por prorrogar durante seis meses la investigación.
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