Es un viaje a la desesperada. Quienes se suben a una barcaza principalmente desde la vecina Senegal, Gambia o Guinea Bissau tienen que poner en peligro su vida para recorrer más de 1.700 kilómetros y alcanzar territorio europeo. Desde el año pasado, la pequeña isla de El Hierro, de 268,7 kilómetros cuadrados de superficie y 11.000 habitantes,es el punto caliente como otrora lo fueron Arguineguín en Gran Canaria o Lampedusa en Italia. Es una tendencia que no cesa.

En la mañana de este Sábado Santo fueron rescatados 171 migrantes, entre ellos 13 menores y dos mujeres, que fueron trasladados al puerto de La Restinga en El Hierro. El cayuco podría haber partido de Senegal hace unos siete días. Es una escena que ya se ha vuelto cotidiana. El goteo de llegadas a las costas españolas pese a que el Gobierno se afana en subrayar que los flujos están remitiendo. Según los datos del Ministerio de Interior, en lo que va de año han llegado de forma irregular un total de 15.148 migrantes, 11.440 (+308,5%) más que en el mismo periodo de 2023 (3.708). Del número de total de las personas que han arribado desde enero hasta el 15 de marzo, 12.393 lo han hecho a Canarias.

Quincena tras quincena, las cifras de llegadas irregulares a nuestro país continúan aumentando y colapsando los sistemas de acogida nacionales. En el punto de mira continúan los menores no acompañados (mena) y su distribución entre las distintas comunidades, un asunto que estaba recogido en el acuerdo entre Coalición Canarias y el PSOE a cambio del apoyo de los regionalistas a la investidura. En concreto, dicho acuerdo establecía que se iniciaría el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan. Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo trabaja para modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (ley de extranjería), que es el que regula a los menores no acompañados, aunque por el momento no ha detallado en qué términos concretos se sustanciaría la propuesta. Se trata de una reforma que se anunció hace meses pero en la que todavía no hay avances concretos. Con un Parlamento secuestrado por la amnistía, su tramitación se ha dilatado y en el futuro estará condicionada por las tres citas electorales (las vascas, catalanas y europeas).

Actualmente, las Islas Canarias acogen a más de 4.700 menores y reconocen que se trata de una situación francamente insostenible desde la perspectiva económica pero también en cuanto a poder darle una solución de integración a todos esos menores como se merecen. De acuerdo con la legislación nacional e internacional, un mena tiene derecho a la protección del Estado español en las mismas condiciones que los menores españoles, con independencia del lugar de su nacimiento, y por tanto las Administraciones Públicas tienen obligación de velar por su bienestar. En este sentido, le corresponde a la Comunidad Autónoma a la que llega hacerse cargo de su protección.

Otro de los puntos calientes del fenómeno migratorio durante el arranque de este año se sitúa en ambas ciudades autónomas. Mientras que a Ceuta no llegó ningún inmigrante por mar frente a 12 un año antes, en tanto que a Melilla entró uno (tres en mismo periodo de 2023), por la vía terrestre se aprecia un aumento, especialmente en Ceuta, donde se registraron 736 llegadas. Hay que tener en cuenta que en esta estadística de llegadas por tierra se contabilizan los migrantes que alcanzan territorio español a nado. De hecho, un total de 56 migrantes, la mayoría de ellos adultos, han conseguido entrar a nado en Ceuta desde este lunes, sobre todo aprovechando las adversas condiciones meteorológicas que han favorecido las entradas ilegales. Los inmigrantes suelen aprovechar las condiciones climatológicas adversas porque entienden que el oleaje y las corrientes favorecen su llegada al litoral ceutí, mientras que las fuertes lluvias dificultan la visibilidad para su control. No todos los que lo intentaron llegaron, al menos dos personas perdieron la vida hace unas semanas. Con una presión migratoria descontrolada, el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), reclamó este viernes a Pedro Sánchez que adopte «medidas urgentes estructurales legales y operativas de Estado» que sirvan para gestionar esta crisis «sin depender de Marruecos». La colaboración con Rabat es crucial, tanto en lo relacionado con la vigilancia como en la recepción de los nacionales que llegan a nuestro país. Tras más de dos meses rechazando la devolución de inmigrantes ilegales, Marruecos ha vuelto a aceptar a sus nacionales adultos interceptados en situación irregular en Ceuta. Una decisión, que según el Gobierno autonómico, refleja el grado de dependencia respecto al Ejecutivo alauita y sus consecuencias.