El contenido de las ocho páginas del informe que firman tres relatores especiales de Naciones Unidas es relevante, pero no es vinculante a nivel jurídico y no se puede interpretar como un pronunciamiento de la ONU porque su impacto es limitado. Así lo explican dos especialistas consultados por LA RAZÓN para conocer los efectos del documento que cuestiona las conocidas como “leyes de concordia”de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El texto alega que las normas autonómicas podrían "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".

El pronunciamiento de estos tres relatoresse produce como consecuencia de la denuncia del Gobierno contra las normas tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo también anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional al acusarlas de "blanquear el franquismo, la dictadura y las atrocidades que cometieron”.

Pero, ¿cuál es el efecto de este dictamen? ParaJavier Benavides, director del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Villanueva, “a nivel jurídico, el informe no tiene peso. Su impacto depende más de la interpretación o la lectura política que se haga”, explica. Y añade que “los relatores tienen un mandato de Naciones Unidas, pero es sociedad civil, esto no lo firma la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

La profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Pública de Navarra (UPN) Alicia Chicharro también reconoce que carece de efectos desde el punto de vista legal. “No los tiene, no son jurídicamente vinculantes en el sentido de que tú puedes ir a un juez nacional o internacional con ese informe y denunciar al Estado de que no ha cumplido con ese informe”.

La experta encuadra su relevancia en lo que califica como “movilizadores de la vergüenza” porque “saca los colores” a los Estados que incumplen. Aunque admite que se puede menospreciar su efecto real, destaca que son dictámenes “de rigor académico, siguiendo lo que es el método científico de análisis de las normas internacionales, de una investigación rigurosa”.

Los relatores son expertos que han estado vinculadas a Naciones Unidas de alguna manera. Desde el año 2000, cuando se intenta impulsar el área de Derechos Humanos, se crea esta figura para involucrar a la sociedad civil y no solo a los Estados en estas áreas, aclara Benavides. En el caso del informe, que ayer acaparó titulares, lo firman tres expertos de tres áreas distintas que consideran que están afectadas por las normas autonómicas que ha denunciado el Ejecutivo.

Los firmantes del dictamen son Fabián Salvioli, argentino, que es relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, nacida en Guinea-Bissau, es presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Morris Tidball-Binz, chileno, es relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

No están contratados y tampoco son funcionarios de la ONU. "Son expertos, profesores de distintas universidades del mundo, que trabajan de forma voluntaria, jamás cobran, y tienen un mandato de la ONU para hacer el seguimiento y el análisis de determinadas cuestiones”, subraya la profesora Chicharro.

El contenido de este tipo de informes se centra en alertarde lo que los Estados están haciendo bien y de lo que no. "En un momento dado, el Gobierno central se puede ampararen el informe para realizar determinadas actuaciones, pero no es vinculante. Son recomendaciones muy generalistas, planteadas en condicional, pero en ningún momento es de un carácter tajante, no se mojan”, advierte Benavides.

Y pone de ejemplo el efecto que tienen en países que, como Nicaragua o Venezuela, se producen violaciones graves de los Derechos Humanos por regímenes que no son democráticos. “Mira las presiones que ha habido ahí”, ironiza Benavides, que piensa que desde fuera, la controversia por las "leyes de concordia" se debe ver como un problema nacional. “Es más una cuestión para utilizar en política interna", considera.

“Ellos no se meten más allá. El Estado decidirá cómo usar las recomendaciones o no. Políticamente, cada uno lo interpreta como le da la gana”, señalael profesor de la Universidad Villanueva, que concluye: “Es un instrumento que tiene la ONU para hacer seguimiento de determinados temas, pero no es ni mucho menos una resolución de la Comisión de Derechos Humanos”.