Miguel B.C. estuvo durante cinco meses fugado tras recibir el aviso de Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la UDEF de Madrid que colaboraba con los narcos. Este hombre permanecerá en prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud que le impide entrar en un recinto penitenciario. "A la vista del informe del Médico Forense ha de entenderse que concurren las circunstancias de grave peligro para la vida del investigado", señala un auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Así, Miguel, español de 58 años, y Vilma Janet A.B., ecuatoriana de 51 años, estuvieron cinco meses fuera del alcance de las autoridades, que, incluso, llegaron a pedir una orden de detención internacional. En noviembre recibieron el aviso, del inspector jefe que tenía millones emparedados en su casa, y se marcharon. Poco después, la Policía Nacional interceptó el contenedor con 13 toneladas de cocaína que entró en España con Abadix Fruits, una empresa en la que figuran sus nombres.

Su fuga duró hasta este lunes cuando se presentaron en la Comisaría de Chamberí acompañados de su abogado, Francisco Miguel Galiana, para entregarse a la Justicia. Este martes pasaron a disposición judicial en la Audiencia Nacional pero Miguel fue reconocido por un médico forense debido a su delicado estado de salud. El informe del especialista, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, refleja que este hombre sufre una "pancreatitis aguda", "IRC terminal" y "varias cirugías relacionadas con reducción de estómago".

Miguel acudía a diálisis tres días a la semana. Una cifra que se podía incrementar debido a las continuas analíticas. Contaba con una gran cantidad de medicación que tomaba habitualmente recetada por los médicos. En el documento consta que al llegar a Madrid "le llevaron al HGU San Carlos". "Se presenta aseado, colaborador a la entrevista y llega auxiliado por un bastón para caminar. Aspecto caquéctico, ha perdido peso en los últimos meses", destaca el forense.

El chivatazo del exjefe de la UDEF

Asimismo, también tiene diagnosticado una infección por "influenza" aunque se encuentra consciente, orientado en el tiempo y espacio, con un lenguaje y discurso coherente. "Presenta leve ansiedad acorde a las circunstancias", subraya. Los expertos del Instituto de Medicina Legal consideraron que debía recibir diálisis de 3 a 5 días a la semana. "El ingreso en un centro penitenciario, no sería el lugar más adecuado para abordar la patología crónica que tiene y la actual (gripe)", afirma el informe.

Estas pruebas, unidas a las solicitudes de su letrado, fueron determinantes para que Francisco de Jorge acordara su prisión domiciliaria. El auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se muestra determinante. "A la vista del informe del Médico Forense ha de entenderse que concurren las circunstancias de grave peligro para la vida del investigado, por lo que procede acordar la prisión provisional atenuada en su domicilio, autorizándose su salida 3 días a la semana para acudir a centro médico donde reciba el tratamiento de diálisis. Se autoriza así mismo las salidas para acudir a los centros médicos que precise, siempre que se justifique documentalmente la asistencia médica", añade.

El magistrado fundamenta esta situación procesal por los indicios de las conversaciones telefónicas intervenidas y destaca que Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la UDEF de Madrid, dio el aviso al matrimonio "para que huyesen y evitasen la detención". Vilma también ha quedado en libertad aunque con la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada día en sede judicial. No podrá salir de España.

La versión de la mujer

Francisco de Jorge afirma que esta mujer era la administradora legal de la mercantil que era utilizada por Ignacio Torán, el socio del inspector jefe. "Conocía las maniobras que su marido llevaba a cabo para obtener la descarga de la droga y conocía los importantes movimientos de dinero de la empresa", señala su auto que la dejará continuar en su casa de El Campello (Alicante) en compañía de su esposo.

El exjefe de la UDEF y su socio se embolsaron decenas de millones de euros, según las diligencias practicadas por la Policía Nacional. El juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional levantó parte del secreto del sumario de esta investigación que ha sido durante años un quebradero de cabeza para los agentes de la UDYCO Central y de Asuntos Internos.

El mecanismo ideado por Óscar Sánchez era el siguiente: introducía numerosos datos en los sistemas de inteligencia y coordinación policial a fin de "conocer si esos datos están siendo objeto de investigación por otras unidades". En concreto se desenvolvía en el denominado fichero del Grupo de Análisis y Tratamiento de Información (GATI). Esta base de datos permite a los agentes ahondar en las organizaciones criminales.