"Informe Barbate": una asociación de jueces reclama que la Audiencia Nacional asuma la investigación de las "narcolanchas"

La segunda asociación de jueces más representativa de nuestro país reclama que la Audiencia Nacional asuma la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico en el litoral andaluz para evitar "que se quiebre el Estado de Derecho" en determinadas zonas de España" como el Campo de Gibraltar, tras el asesinato el pasado día 9 de dos guardias civiles embestidos por una "narcolancha" en Barbate (Cádiz).

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) denuncia que en la actualidad la lucha contra las organizaciones criminales se aborda en la zona "con unos medios fragmentados y reducidos" y con "una estructura judicial del siglo XIX". De ahí que juzgue "necesario e inaplazable" ofrecer soluciones ante "un más que evidente riesgo de que la delincuencia organizada se acabe imponiendo a la autoridad pública y determinados territorios se conviertan en lugares en que la impunidad frente al delito campe a sus anchas".

Con este objetivo, el Comité de Coordinación Nacional de la asociación ha elaborado una batería de propuestas -desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la creación de un complemento de peligrosidad para los magistrados, por ejemplo-, entre las que destaca la petición de que la Audiencia Nacional asuma la lucha judicial contra estas organizaciones criminales, al margen del lugar donde se cometan los delitos o el ámbito en el que actúen los narcotraficantes. Y es que, con la ley en la mano, la Audiencia Nacional es competente para investigar el tráfico de drogas solo cuando los hechos se produzcan por bandas organizadas que actúen "en lugares pertenecientes a distintas audiencias". Una regulación que, lamenta la asociación, "ha sido superada en el siglo XXI".

"Tras la terrible muerte de dos guardias civiles en Barbate, y analizando el mal endémico que los delitos de narcotráfico suponen no solo para los juzgados del Campo de Gibraltar, sino para todos los del litoral andaluz, entendemos que es el momento de tomar medidas ya", denuncia Sergio Oliva, portavoz de la asociación. Con el fin de ofrecer soluciones que puedan garantizar "tanto la persecución policial de estos delitos como la continuación de estas causas en los juzgados sin dilaciones indebidas".

"Situaciones parecidas con el terrorismo etarra"

En el estudio realizado por la AJFV, "informe Barbate: la situación de los juzgados en Andalucía Occidental", elaborado por un grupo de expertos ante el aumento de la criminalidad en la zona, la asociación judicial aboga por superar la estructura judicial que creó la Audiencia Nacional hace 47 años para que no sean juzgados mixtos -con competencias en material civil, penal y familia- los que tengan que investigar estos delitos y se vean "sobrepasados" ante la falta de recursos y el exceso de competencias. "Nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales” y no ante una situación común donde los delitos son cometidos por varias personas a la vez en una provincia", alertan los autores del informe.

Su diagnóstico es claro: en Barbate y otras poblaciones de Andalucía se está produciendo -se quejan- "una situación que se repite y que aboca al incumplimiento de la ley por falta de medios para la persecución y la tramitación judicial de los asuntos vinculados al narcotráfico a gran escala". Tanto en este municipios como en los de La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, o los de Ayamonte y en menor medida Moguer, en Huelva, sus juzgados -se queja la asociación- "están afectados con causas complejas de narcotráfico y con una sobrecarga de trabajo muy superior a lo que debiera corresponderles".

Si la competencia para la investigación de estos hechos se atribuyera a la Audiencia Nacional, defiende la AJFV, "se evitaría" a los titulares de estos juzgados padecer lo que denominan un "clima de opresión" (por el "miedo ante el rechazo social" que el desarrollo de su labor acarrea en una población con altos índices de paro donde el narcotráfico "campa a sus anchas"). "Ya hemos vivido situaciones parecidas con el terrorismo etarra en el pasado y tal solución se mostró efectiva", recuerda.

"Presión" a jueces en su primer destino

De esta forma, resalta, se evitaría "cualquier intento de presión" a los miembros de la carrera judicial destinados en estos municipios, "que normalmente se encuentran en su primer destino".

La asociación propugna una mayor agilidad en la instrucción de estos delitos, sin pérdida de garantías de derechos, y el aumento de recursos humanos y materiales en la lucha contra estas redes criminales, para lo que son necesarias reformas legales como las de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que recoge las competencias de la Audiencia Nacional) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, defiende -como incentivo económico para estimular profesionalmente a los jueces y evitar la movilidad judicial- que se amplíe el complemento por especiales circunstancias del destino que ya perciben los jueces destinados en el País Vasco, Ceuta y Melilla (que oscila entre los 498 y los 844 euros), entre otros, o en su defecto, el establecimiento de un complemento de penosidad o peligrosidad "para todos aquellos que se dejan la piel, día tras día, en los juzgados de esta naturaleza", hace hincapié Oliva.

"Lo que está en riesgo no solo es la existencia de zonas de impunidad, sino el prestigio de nuestro país y la imagen que trasladamos al exterior", avisa el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.