Jarana judicial

Ni un día ha pasado desde que nuestras «políticas» han conocido la sentencia absolutoria de Dani Alves, hasta que se han convertido en posibles sujetos pasivos de una demanda contra el derecho a su honor. En el caso de la vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era previsible, pues ya lleva tiempo dando sobradas muestras de sus carencias intelectuales. Ojo, nunca por su acento, sino por el contenido de sus manifestaciones. Algo más, no mucho, sorprende el caso de Ana Redondo, que además de ser ministra de Igualdad parece ser que ejerció de profesora de universidad impartiendo clase de Derecho Constitucional. Y digo que sorprende algo más, insisto, no mucho, porque es precisamente a nuestra Constitución a la que le ha pegado la patada. A nuestra Carta Magna y a los derechos fundamentales que en ella se reconocen. Y si esto es grave viniendo de una ministra, más lo es que la patada la pegue una supuesta «jurista» que imparte clases de Derecho Constitucional a nuestros futuros jueces, fiscales y abogados. Hoy justamente decía «El Uno» que se iban a «endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y excelencia». Pues bien, si no «cambia de opinión», lo suyo sería comenzar metiendo mano a la Universidad de Valladolid e investigar qué estándares exige entre su profesorado. No cabe duda alguna de que ambas han de dimitir, pero tampoco de que la señora Redondo jamás debería volver a enseñar Derecho Constitucional.

Alguien que, sin ningún tipo de pudor, es capaz de sostener que cree sinceramente que «la presunción de inocencia no puede sostenerse sobre la falta de credibilidad de la víctima, sobre el cuestionamiento sistemático de las palabras de las víctimas que son mujeres», no puede representar el Ministerio de Igualdad, pero menos, en mi opinión, formar a futuros juristas.

Pero no se limita la ministra a negar la esencia misma del proceso penal, sino que va más allá. Cito textualmente sus palabras: «Hay que esperar a la sentencia firme del Supremo y espero que, a pesar de todo, pues la valentía de la víctima suponga ese recurso y en todo caso la Fiscalía recurra también». Alguien del Ejecutivo que está enviando dicho mensaje, tanto al Tribunal Supremo como al Ministerio Fiscal, no puede continuar ni un segundo más en ese Ejecutivo.

Se refiere, claro está, a esa Fiscalía que ya nos recordó «El Uno» de quién depende. Esa Fiscalía que ha visto todos y cada uno de sus motivos del recurso de apelación contra la sentencia que condenaba a Alves, desestimados por unanimidad, porque todavía quería más condena, incluso los 150.000 euros de responsabilidad civil, a los que la denunciante no renunció. Esa Fiscalía que, dicho sea de paso, es liderada por un investigado que apela, continuamente, al derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Alguien que, después de la absolución de Alves, es capaz de proclamar que «es una mujer joven, una mujer de veintitrés años que se enfrenta a un hombre mayor que ella, desde luego, poderoso, deportista de élite, un ejemplo hasta ese momento para la sociedad... Qué dureza enfrentarse con todo eso, y uno se enfrenta y uno se enfrenta porque ha sido violentada, porque ha sido víctima», se merece, además, ser demandada y condenada por vulnerar el derecho al honor del jugador.

Vergüenza ajena, por otro lado, es lo que produce, la «desvergüenza» de la vicepresidenta, María Jesús Montero, cuando exaltada y vitoreada por sus acólitos, vocifera: «Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Por eso también desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo, estamos con ella, estamos con todas aquellas que se enfrentan a gigantes para poder reclamar la dignidad que, en su palabra, en su boca es la dignidad de todas nosotras, y no está sola. Aquí estamos contigo».

Hay más seres, muches, que no merecen ni ser nombrades, por su intrascendencia, que han atentado contra el derecho al honor de Dani Alves, rebuznando sus últimos estertores. Esos gorgoteos de garganta previos al final me han producido sentimientos encontrados entre la pena y el bochorno. Pero lejos de hacer leña del árbol caído, prefiero compadecerme de elles. No, sin embargo, de la actual vicepresidenta del Gobierno, ni de la profesora de anticonstitucional erigida en ministra de Igualdad, que continúan, ellas sí, teniendo la responsabilidad de respetar y salvaguardar el Estado Social y Democrático de Derecho que (mal)dirigen.

Queda por ver si Alves quiere Jarana o no. Si la quiere, lo tiene fácil. El Tribunal Constitucional, en consonancia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo avala: «La lesión del derecho queda consumada en el momento en que, desde el poder público, se emitan declaraciones que no se limiten a describir un estado de sospecha», sino que vayan más allá, reflejando la sensación de que la persona en cuestión es culpable, siendo indiferente si se produce con anterioridad a la condena o con posterioridad a la absolución. Siendo así que queda prohibido que «los poderes públicos, tras declararse judicialmente la inocencia de una persona, cuestionen tal declaración, así como imputar ilícitos a una persona a pesar de que su culpabilidad no haya sido declarada por un tribunal, en el seno del proceso judicial público, diseñado al efecto por el legislador y con todas las garantías».

No quiero concluir estas líneas sin aplaudir la valentía de un tribunal que, pese a saber que iba a ser vapuleado por hordas de seres carentes de entendimiento básico, ha decidido hacer justicia y recordarnos que no todo vale en un Estado Social y Democrático de Derecho. Tres mujeres y un hombre, en Pleno, que hoy han sido incluidos en la «justicia patriarcal» por respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Mismo derecho que ampara, de momento, a gran parte del Gobierno, a los familiares de Sánchez y al fiscal general del Estado, y que no dudo que no dejará de ser invocado.