La incertidumbre política, último escollo para el relevo del CGPJ

El rompecabezas de la investidura -con el cruce de alianzas, bloqueos y líneas rojas- palidece ante la incapacidad de PSOE y PP para resolver la anomalía institucional en la que está instalado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovación desde que agotó su mandato hace más de cuatro años y medio A falta del necesario consenso, las elecciones del 23J se antojaban como la solución para conseguir de una vez el relevo del órgano de gobierno de los jueces, pero la incertidumbre política que arrojan las urnas añade más interrogantes si cabe a una renovación que exige Europa, como la modificación legal que deje en manos de los jueces la elección de los doce vocales de procedencia judicial.

Mientras se dilucida si Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez son capaces de aglutinar los apoyos necesarios para presidir el Gobierno, quien más quien menos asume que el Consejo cumplirá cinco años en funciones el próximo 4 de diciembre (lo que supondrá que los 16 vocales que ahora componen la institución que preside de forma interina Vicente Guilarte habrán duplicado su mandato).

Si el bloqueo político no fuerza la convocatoria de unas nuevas elecciones en diciembre, la investidura de Sánchez o de Feijóo debería acarrear la esperada renovación del CGPJ. Si es el candidato del PSOE el elegido, los populares se quedarán sin argumentos para negarse a pactar el relevo (la reforma penal que eliminó el delito de sedición fue el último desencuentro que hizo saltar por los aires la negociación). Fuentes del PP asumen que tendrán que sentarse para llegar a un consenso y "volver al acuerdo inicial" manteniendo "los vetos sobre algunos candidatos que se consideran una línea roja" (entre ellos descuella el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, muñidor del párrafo de la sentencia del "caso Gürtel" que fulminó a Mariano Rajoy en la moción de censura). Aunque a diferencia de lo que sucedía durante la pasada legislatura, subrayan, ahora acudirían a ese cara a cara "como partido más votado".

Un cambio legal en el aire

Pero los populares no se olvidan del otro mandato de la Comisión Europea: la reforma legal que permita cambiar el sistema de elección, en consonancia con los estándares comunitarios, para que sean los propios jueces quienes elijan a los doce vocales de extracción judicial. Una modificación legislativa a la que está por ver si el PSOE se avendrá una vez renovado el actual CGPJ.

Una hipotética investidura de Feijóo tampoco cambia excesivamente el escenario. Sin la mayoría absoluta necesaria (ni sumando con Vox) para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que el relevo se produjese ya con un nuevo sistema de elección de los vocales, al PP no le queda otra (salvo inesperado apoyo del PNV a esta iniciativa) que negociar el relevo en el Consejo (desde 2018 hay una lista de medio centenar de magistrados propuestos por las asociaciones judiciales, de entre quienes deberían elegirse por la Cortes esos doce vocales) y dejar para más adelante sus esfuerzos para conseguir que esa reforma sea una realidad.

Con la fustrada mayoría del bloque PP-Vox, los planes de los populares pasaban por modificar por la vía rápida la LOPJ para permitir de nuevo al CGPJ realizar nombramientos discrecionales, y solucionar así la delicada situación que atraviesa el Tribunal Supremo, con 22 vacantes sin cubrir tras la jubilación el pasado día 18 de la presidenta en funciones de la Sala de lo Social, Rosa María Virolés. Un "estropicio" -en palabras del dimitido Carlos Lesmes- que en el conjunto de la cúpula judicial deja ya en 80 el número de vacantes.

Pero sin esa mayoría suficiente, el PP se vería maniatado para hacer realidad esa reforma que enmiende la que llevaron a cabo PSOE y Podemos en febrero de 2021, para forzar al PP a renovar el CGPJ, impidiendo a la institución llevar a cabo nombramientos cuando se encuentra en funciones.

Nombramientos bloqueados

Tras esa reforma exprés, el PP pretendía afrontar la modificación del sistema de elección para aprobarla entre febrero y marzo, acometiendo a continuación la renovación del Consejo con el nuevo modelo de designación. Con esas previsiones, el relevo en el CGPJ se habría producido entre abril y mayo.

Pero la aritmética del 23J ha echado un jarro de agua fría sobre los planes del PP, para el que solo la repetición electoral -lo que inevitablemente haría que el Consejo del Poder Judicial alcanzase en diciembre los cinco años con el mandato caducado- abre una ventana a un cambio de escenario si de la nueva cita con las urnas surgiese una mayoría absoluta de la suma de escaños de los populares y la formación de Santiago Abascal.

Y en el caso de que el PP se mostrase reacio a negociar la renovación del PP con Pedro Sánchez como presidente, fuentes del bloque mayoritario del CGPJ no descartan que el líder socialista retomase con Podemos -y con el respaldo de sus socios de investidura- su frustrado proyecto de rebajar las mayorías necesarias para llevar a cabo la renovación de la institución en el Congreso y en el Senado (una Cámara Baja con mayoría absoluta del PP que estaría en condiciones de bloquear los nombramientos), una iniciativa que el Gobierno tuvo que replegar ante las reticencias de las autoridades comunitarias.