Imputado por uno de los atentados más sangrientos de ETA y procesado por lesa humanidad

José Antonio Urruticoechea, “Josu Ternera”, tiene cuentas pendientes con la Justicia española. En la Audiencia Nacional están en vigor cuatro requisitorias de otros tantos juzgados centrales de instrucción, con sus correspondientes órdenes europeas de detención (OED), una de ellas por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en el que murieron once personas, seis de ellas niños. Fue precisamente su imputación en esta causa la que precipitó su huida en noviembre de 2002, cuando desoyó la citación del Tribunal Supremo (TS) y no se presentó a declarar. Aunque el procedimiento lo abrió el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, fue el Supremo el que asumió la causa por la condición de diputado del Parlamento vasco del histórico ex dirigente etarra. Ante la espantada de “Josu Ternera”, reiterada al ser citado por segunda vez, el Alto Tribunal dictó entonces una orden de busca y captura contra él.

Además, el ex jefe de ETA fue procesado en octubre de 2015, junto a otros tres antiguos dirigentes de la banda terrorista -Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", Mikel Carrera Sarobe y Ángel Iriondo- por delitos de lesa humanidad por el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González. Posteriormente, la magistrada Carmen Lamela concluyó ese sumario en mayo del año pasado, por lo que la causa está desde entonces en manos de la Sala de lo Penal de este tribunal para su enjuiciamiento. Aunque la denuncia impulsada por Dignidad y Justicia incluía a todos los dirigentes de ETA, a los que también imputaba un delito de genocidio, finalmente la Audiencia Nacional limitó la imputación de lesa humanidad y sólo para los jefes etarras a partir de octubre de 2004, cuando el Código Penal incorporó este delito, desde 2015 castigado con prisión permanente revisable. Aunque como los hechos que se le imputan son anteriores, se enfrentará a las penas en vigor entonces: de 15 a 20 años de prisión cuando se ha causado la muerte de alguna persona. En el auto de procesamiento, en el que a "Josu Ternera"se le atribuyen dos asesinatos, el juez emitió una orden internacional contra él para reclamar su extradición y ordenó su ingreso en prisión.

«Los máximos dirigentes de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado, lo que aparece con alta probabilidad respecto de atentados de especial significación», aseguraba el magistrado en esa resolución. Asimismo, la Audiencia Nacional fijó entonces una fianza de dos millones de euros para Urrutikoetxea y le dio un plazo de 24 horas para consignarla.

Para el instructor, "Josu Ternera"y el resto de los ex dirigentes etarras procesados, eran quienes ordenaban a los "comandos"cometar los atentados, por lo que tenían "perfecto dominio de la organización", una "estructura de poder perfectamente organizada". De ahí, que según el magistrado, "deberían responder de los hechos delictivos que han dirigido o respecto de los cuales han decidido".

El artículo 607 del Código Penal recoge el delito de lesa humanidad y hace referencia expresa a los asesinatos que se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella"y, en todo caso, "por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene abierto un sumario en el que se investiga su responsabilidad en el asesinato de Luis Maria Hergueta, directivo de Michelín en Vitoria, de un tiro en la nuca, el 25 de junio de 1980.

Por último, el juzgado número 5 de este mismo tribunal investiga a Urrutikoetxea por delito de integración en organización terrorista. A la espera de la confirmación oficial de la detención del ex dirigente etarra, los magistrados de la Audiencia Nacional que tienen causas contra él ya han ordenado traducir al francés las OED, aseguran fuentes jurídicas.