Homs reta a la Justicia: «La sentencia ya está dictada»

El diputado catalán amenaza en su declaración ante el Supremo con no acatar «políticamente» la sentencia sobre la consulta del 9-N. Acusa a los magistrados de tener ya preparada la condena y a la Fiscalía de comportarse como el «brazo armado» del Partido Popular.

Llegó doce minutos antes de la hora en que estaba citado en el Tribunal Supremo, arropado por dirigentes de su partido, tres consejeros de la Generalitat, la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, representantes de asociaciones independentistas, los portavoces en el Congreso del PNV y ERC, Aitor Esteban y Joan Tardá, respectivamente, el diputado de Podemos Marcelo Expósito, así como por Artur Mas, la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau, los tres acusados de desobediencia y prevaricación en el TSJ de Cataluña por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Así llegó el actual portavoz del Partit Democrata Catalá (PDC) en el Congreso de los Diputados y ex consejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs para declarar por su relación con estos mismos hechos. Un apretón de manos con Artur Mas, acusado por idénticos sucesos, y un fuerte aplauso daban paso a su entrada en la sede del Alto Tribunal, donde, como cualquiera que accede a la dependencia judicial, tuvo que pasar por el correspondiente arco de seguridad. Esteladas, ninguna, acaso la que portaba el propio Homs en la solapa de su chaqueta.

En su comparecencia ante el magistrado Andrés Palomo, insistió en que su actuación en relación con el 9-N, donde está como investigado por los delitos, en principio, de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales, fue «legal» porque, aseguró, la resolución del TC en la que prohibía la consulta resultaba «de todo punto imposible su cumplimiento por su propio contenido, porque era cualquier cosa menos precisa», motivo por el que se pidieron aclaraciones, pero sin obtener ninguna respuesta. Y, derivado, de lo anterior, admitió haber firmado, como responsable de los servicios jurídicos, la carta dirigida a la empresa encargada de prestar los servicios informáticos el día de la consulta, en la que señalaba que la prestación de ese servicio «no se encontraba afectada por la resolución» del TC, pero sostuvo que ello no podía considerarse de ningún modo delictivo. De hecho, resaltó que ese criterio fue el que sostuvo la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, que posteriormente fue cambiado por la Fiscalía General del Estado por imperativo jerárquico y «criterios políticos».

Precisamente, en relación al contenido de la providencia del TC, Homs reconoció que mantuvo un «debate vivo» con el instructor de la causa. Su defensa solicitará el sobreseimiento de la causa si el instructor no lo acuerda.

Antes de contestar a las preguntas del magistrado, realizó una especie de alegato sobre lo que significaba el 9-N, una consulta, señaló, que se realizó para seguir el «mandato del Parlament» y dentro de un marco legal «comprometido en facilitar la participación ciudadana y la libertad de expresión e ideología».

Sin embargo, el actual portavoz del PDC se negó a contestar a ninguna pregunta de las que pensaba formular la Fiscalía, toda vez que ésta, aseguró, ha actuado en este procedimiento como «brazo armado» del Partido Popular. «Claro que no he contestado a una Fiscalía que en este tema actúa subordinada a los intereses del PP», incidió al respecto.

Homs salió de la declaración ante el Supremo, que se prolongó casi dos horas, con el firme convencimiento de que en esta causa está ya todo decidido: «La sentencia ya está dictada», dijo en catalán, para, posteriormente, en castellano insistir en ello: «Supongo que será condenatoria. No creo que sea absolutoria», aseguró en la rueda de prensa que celebró en la librería Blanquerna de Madrid tras su declaración. De esta forma, recalcó que por la sintonía entre el juez y el fiscal, en su opinión, «la sentencia está hecha antes de empezar», algo que, destacó, es lo propio de un «proceso político» como el del 9-N.

En todo caso, ya advirtió de que no pensaba acatar esa sentencia. «He manifestado que éste es un proceso político y no jurídico y que hoy tengo la sensación de que la sentencia ya está dictada». Un «proceso político» en el que, añadió, «el derecho se utiliza como pretexto».

Junto a todo ello, arremetió muy duramente contra las instituciones judiciales y fiscales en todo lo relacionado con este proceso, a las que acusó de haber actuado al servicio del Gobierno del PP. Así, en relación con el Tribunal Constitucional, dijo que se puso «a disposición del Gobierno de España»; mientras que a la Fiscalía la acusó de, en todo lo relacionado con la cuestión catalana, de actuar «al servicio de los intereses partidistas del PP». «Tengo la impresión de que las principales instituciones del Estado han actuado de manera arbitraria y seguidista de los intereses del PP». Sin embargo, aseveró que nada de ello influirá en la hoja de ruta soberanista ni les van a «amedrentar» para continuar con el proceso soberanista. «La sensación que tengo es que éste no es tema personal. Igual pueden tumbar a uno pero no puede servir de nada porque yo sólo soy un pretexto. Con la fuerza puedes imponer muchas cosas pero no puedes convencer jamás para que cambien sus ideas».

Antes de la declaración de Homs, Artur Mas ya incidió en que se trata de un «proceso político», por lo que calificó de «insólito e impropio» el que su ex consejero esté investigado por el Supremo.

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Monté, insistió en que defienden la «democracia» ya que, señaló al respecto, «las urnas no son el problema sino que son siempre la solución».

Por su parte, Homs dijo que las declaraciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre la independencia de la Justicia le recuerdan a las de «algunos ministros franquistas». Català le acusó de crear «confusión» al afirmar que la Fiscalía actúa en beneficio del Gobierno y le recordó que la Justicia española es «absolutamente independiente».