La hermana de Miguel Ángel Blanco respalda que siga la investigación por su secuestro y asesinato

Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, se ha sumado a la petición del PP de que se prolongue la investigación a cuatro exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua en 1997. Así lo ha puesto de manifiesto en un escrito -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- remitido el pasado jueves al instructor de la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

En ese documento, Marimar Blanco respalda que la instrucción, que según la última prórroga concluye el próximo 11 de agosto, se amplíe hasta el 11 de febrero del próximo año. Y es que todavía quedan diligencias pendientes de practicar, entre ellas la toma de declaración a Soledad Iparraguirre, "Anboto", y José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri", a la espera de que Francia autorice que sean investigados por este procedimiento (ambos se acogieron al principio de especialidad esgrimiendo que las autoridades del país vecino no les entregaron por esta investigación). Otro de los investigados, Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", que se encuentra en libertad al igual que Mikel Albisu, "Mikel Antza" (también imputado), renunció recientemente al principio de especialidad, lo que llevó al instructor a retirar la OEDE cursada a Francia respecto al exdirigente etarra.

Según García Castellón, los cuatro exjefes de ETA contra los que se querelló Dignidad y Justicia (que también apoya la prórroga de la investigación) eran "plenamente conscientes" de su "posición de mando" dentro de ETA, así como de su "amplia capacidad de actuación", que incluía no solo la posibilidad de "ordenar la comisión de acciones terroristas concretas", sino también "evitar las mismas".

"Plenamente conocedores"

Como integrantes de la Zuba o comité ejecutivo de la banda terrorista, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sostiene que eran "plenamente conocedores" de la existencia del secuestro de Miguel Ángel Blanco, no solo por haber "decidido, planificado y ordenado" la acción criminal, sino porque ETA "se responsabilizó de su secuestro" a través de un comunicado "justificando la acción terrorista".

Desde esa posición de dominio, eran por tanto "plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima", tal y como defendía en la querella contra la excúpula de ETA el entonces letrado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien señaló a los cuatro exjefes etarras como autores mediatos del mismo por su posición de dominio dentro de la organización terrorista, que les hacía tener en sus manos la posibilidad de impedir el asesinato del concejal del PP en Ermua.

Los informes policiales coinciden en que en el verano de 1997 el secuestro de un concejal del PP era una prioridad absoluta para la cúpula etarra, tal y como consta en las anotaciones manuscritas que "Kantauri", que era responsable de los "comandos ilegales", envió a los integrantes del "comando Vizcaya".

Para García Castellón no hay duda de que “partiendo de esa fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización”, existió en su seno “una cadena de mando de tipo vertical y “militar” en la que las órdenes emanadas desde su comité ejecutivo llegaban a los integrantes de los comandos operativos de la organización terrorista para ser cumplidas”

Policía y Guardia Civil constataron por escrito que mientras ETA llevó a cabo su "estrategia de desestabilización" a través de una cadena de atentados entre 1995 y 1998 que tenían a políticos del PP como objetivos prioritarios, los cuatro exjefes de ETA investigados eran miembros de la Zuba: Gracia Arregui al frente primero del «aparato militar» y después del "logístico"; "Kantauri", como responsable de los "comandos ilegales"; Soledad Iparraguirre, al frente de los "comandos legales" y "Mikel Antza", del "aparato político".