El Ministerio de Hacienda ha accedido a revisar las retribuciones del personal laboral contratado por España en Venezuela y otros países con altos niveles de inflación, para que este colectivo pueda afrontar el coste de los productos y servicios básicos.

El Gobierno seguirá de cerca la seguridad de los casi 200.000 españoles que residen en Venezuela y se plantea reforzar la representación diplomática para atender sus necesidades, ante el deterioro de la situación "excepcional"en el país.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de decretar el estado de excepción, que no ha sido refrendada por la Asamblea Nacional venezolana "es un hecho excepcional que requiere de un seguimiento excepcional".

Ha hecho además hincapié en el "deterioro tan importante"de la seguridad, especialmente en las ciudades y la capital del país, Caracas, una situación que ha llevado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a decidir el regreso del embajador español para que pueda atender las necesidades de los nacionales en Venezuela.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha presidido el Consejo de Seguridad Nacional que, además de aprobar el informe correspondiente a 2015, ha analizado la evolución de la crisis migratoria en Europa, la amenaza terrorista tras los atentados de Francia y Bélgica, y la situación en Venezuela desde la óptica de los intereses españoles en ese país.

El Ejecutivo busca "atender mejor"a la población española y los intereses de las empresas que tienen intereses en el país iberoamericano, también ante los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre la población.

Para ello, además del regreso del embajador, Antonio Pérez Hernández, llamado a consultas hace más de un mes, el Ejecutivo estará "muy pendiente"para evaluar si es necesario reforzar la representación diplomática española en Venezuela.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha recalcado que se ha tratado de una reunión "ordinaria"del Consejo de Seguridad Nacional, en la que se ha hecho además un "análisis bastante amplio"de la situación en Siria y en Libia, así como de la evolución de la crisis migratoria en la Unión Europea.

"Indudablemente", ha reconocido Sáenz de Santamaría, hay "preocupación"en el Gobierno por la situación de la colonia española en Venezuela y el agravamiento de su seguridad, "y la seguridad de los españoles es asunto de seguridad nacional, como en otros ámbitos y otros países".

En la reunión se han analizado los compromisos de España con la Unión Europea en materia de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas.

Según ha informado Sáenz de Santamaría, España ha recibido 6.000 solicitudes de asilo de enero a abril de este año, mientras que en 2015 el número de demandantes se multiplicaron por cuatro con respecto a 2013 hasta alcanzar los 20.000 expedientes.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha accedido a revisar las retribuciones del personal laboral contratado por España en Venezuela y otros países con altos niveles de inflación, teniendo en cuenta los tipos de cambio y las condiciones de vida en el país, para que este colectivo pueda afrontar el coste de los productos y servicios básicos.

Así se lo ha trasladado este departamento a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, que el pasado mes de abril presentó una queja para que se tuviera en cuenta el incremento del coste de la vida en países como Venezuela, Marruecos, Argentina, Emiratos Árabes, y también europeos como Reino Unido o Alemania.

Esta denuncia responde a las quejas del personal laboral contratado por España en el Exterior, manifestando su preocupación y reclamando el amparo de la Administración ante el incremento de los productos básicos y los servicios en estos países, como la sanidad y la educación.

El Servicio Exterior de CSIF ha recibido comunicaciones de trabajadores de países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Marruecos, Emiratos Árabes o Alemania reclamando la mediación del sindicato con la Administración española para lograr una revisión salarial.

Pues bien, Hacienda ha informado a CSIF de que se están llevando a cabo los trabajos de recopilación de datos sobre la evolución del índice de precios al consumo, teniendo en cuenta, en su caso, la variación del cambio de la moneda local respecto de la divisa en la que el personal tenga fijada sus retribuciones.

A la vista del comportamiento de la inflación de cada país, la evolución de los tipos de cambio y las condiciones de vida en que se desarrolla la actividad laboral, Hacienda expondrá los criterios de revisión recogiendo las opiniones y propuestas de las organizaciones sindicales.