El principal señalado rehúsa ratificar las declaraciones en las que apuntó a la Junta.

«Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar», sostenía Hemingway. Francisco Javier Guerrero, el principal encausado en el «caso ERE», suma este año los 62 y tras cerca de siete de proceso judicial y seis extensas declaraciones previas ante Policía Nacional, Guardia Civil y el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, se agarra ahora a los silencios. «Señoría, me acojo a mi derecho a no declarar. No voy a contestar a ninguna de las partes salvo que mi abogado diga que conteste alguna pregunta», indicó. El ex alto cargo señalado como epicentro del terremoto del «caso ERE» señaló a LA RAZÓN que ha recordado lo que declaró hace «un montón de años» y que lo hizo con «la espada de Damocles de la cárcel en la cabeza». Guerrero sostuvo a este diario que desde que se produjeron las declaraciones reproducidas en la sala han pasado muchas cosas en el «caso ERE» que él desconocía cuando lo interrogaron la Policía y la jueza Alaya. Cuestiones por las que la Fiscalía «ha tenido tiempo» de preguntar. Hasta ahora, Guerrero se ha negado a ratificar todas las declaraciones suyas anteriores reproducidas en la sala (de marzo de 2011 y enero, febrero y marzo de 2012). Faltan por leer otras dos, la última de ellas, de octubre de 2015, ante la jueza Núñez Bolaños grabada en vídeo de forma voluntaria, a diferencia de las otras. Un detalle que abre la posibilidad de variar su postura, ya que, ante las primeras declaraciones alegó haber sufrido «una presión tremenda tanto mediática como por parte de la Policía» y que «no se recoge con exactitud» sus palabras.

El secretario judicial leyó la declaración ante la Policía, en la que Guerrero habló de la existencia de un «fondo de reptiles» –la partida 31L cuya legalidad se dirime en este primer juicio de los ERE– y se presentó como una pieza más de un engranaje que venía de más arriba. Sobre que su suegra apareciera como beneficiaria de una póliza, indicó que se le otorgó «como a cualquier persona que me lo pidiera» y que fue la aseguradora la que decidió. Ante la Guardia Civil, destacó que la Dirección General de Trabajo «no tenía capacidad ni medios para controlar las ayudas» otorgadas y que «se dieron sabiendo que eran empresas que se iban a cerrar».

El interrogatorio ante Alaya le llevó a la cárcel siete meses tras responder a 145 preguntas y reconocer que alguna vez se sintió presionado y que «nadie puede decir que haya hecho nada a sus espaldas».