Guerrero denuncia que tras su salida de la Junta se destruyó documentación de los ERE

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE, se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE, denuncia que tras su salida de la Junta y al saltar el caso sus sucesores en la Consejería de Empleo "se acojonan"y "se ha destruido documentación"de los expedientes de las ayudas que dio.

Guerrero ocupó el cargo de 1999 al 2008, gran parte del periodo investigado en el caso ERE en cuya pieza política -está imputado en muchas más- se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación al crear o mantener un "procedimiento específico"con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía. Informa Laura Blanco/Efe.

Se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos quienes fueron sus jefes en la Consejería de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y quien presidió los sucesivos gobiernos socialistas a los que perteneció, Manuel Chaves (también el sucesor de éste, José Antonio Griñán, con quien Guerrero coincidió durante su etapa como consejero de Hacienda).

La mayoría de los acusados basan su defensa en desconocer cómo se gestionaban las ayudas porque eran competencia del director de Trabajo y tanto la Fiscalía y las acusaciones como los agentes de la UCO que llevaron la investigación hablan de arbitrariedad, millones otorgados sin solicitud ni apenas documentación y sin saber qué requisitos se exigían para acceder a unas ayudas "opacas"que se acabaron dando "por amistad, vecindad o afinidad política".

En una entrevista con Efe, Guerrero asegura que "se ha destruido documentación"pues cuando cesó sus expedientes "estaban intactos".

"Yo he sido funcionario de carrera desde los 20 años, ¿sabré cómo se conforma un expediente administrativo?, ¿a mí me van a contar que tenía que tener? Lo que yo no sé es qué ha pasado con los expedientes administrativos, tengo alguna sospecha", afirma rotundo aunque dice no saber quién, pues si lo supiera "lo diría".

No obstante, sostiene que "la Dirección General y la Consejería que sucedió a Antonio Fernándezse acojonan pues destruyen documentación, no tengo ninguna duda, no está la documentación que estaba en los expedientes".

A Fernández le sustituyó en el 2010 Manuel Recio, con Daniel Rivera como director de Trabajo -ambos fueron investigados en la causa que finalmente se archivó para ellos- y al estallar el caso, la Consejería de Empleo hizo una revisión de expedientes.

Según ha testificado en el juicio un investigador de la UCO, no se destruyó documentación pero sí se completaron expedientes y se "retiró información comprometida".

Preguntado Guerrero qué interés habría en manipular sus expedientes si eran correctos, dice que "no lo verían ellos, o cuando la justicia reclama algo pues la gente se pone a temblar, se le olvidan los principios, que es mejor morir de pie que vivir de rodillas".

Habla de "algunas inquinas"porque se considera "de los mejores mediadores que ha tenido la Junta", y asegura que "enviaba expedientes a la Intervención General y no me pusieron pegas"así como a la Cámara de Cuentas.

Pero insiste en que "a alguien no le ha gustado cómo se hicieron las cosas en aquella época"y "ha visto fantasmas donde no los había".

Guerrero da dos nombres: María José Rofa, exasesora que entró en la Dirección de Trabajo tras su marcha en el 2008 de la mano de su sucesor Javier Márquez, y el director de Trabajo de 2010 a 2012 Daniel Rivera "que no sé de qué va"y que le "parece mentira"que fuera excluido de los acusados cuando "fue uno de los autores de que se hiciera una revisión de toda la documentación".

Rofa declara mañana en el juicio y es una testigo clave que aportó mucha documentación para la investigación y habló de desorden y caos en la Dirección de Trabajo cuando llegó, pero Guerrero se pregunta "qué hace la señora Rofa analizando expedientes del año 2003 para llevarlos al juzgado, yo no investigué ningún expediente de mi antecesor y esta señora por qué está investigando mis notas particulares de los expedientes".

"Si la señora Rofa ha podido tocar esos expedientes, ¿cuánta gente no habrá podido tocarlos?, ¿qué garantías tengo yo de que la documentación es la que era?", se cuestiona.

Pese a todo, no se siente un chivo expiatorio pero sí "defraudado porque creo que fuimos honestos en lo que hicimos"y achaca a que "la gente muchas veces tiene mala memoria o no se quiere acordar de cosas"que otros acusados apunten que si había irregularidades era en la gestión de las ayudas, "una opinión"que "es su problema, no el mío, yo intento no pensar mal de nadie".

Insiste en que trabajó "desde la órbita de la legalidad y un procedimiento correcto"que le vino dado y "volvería a hacerlo"así.

En el juicio, Guerrero rechazó declarar porque tras hacerlo "ante la UDEF, ante la UCO, ante la jueza (Mercedes) Alaya tres veces, ante la jueza (María) Núñez Bolaños ¿qué más voy a decir?".

Sólo respondió unas preguntas a su entonces abogado Fernando de Pablo, que en abril dejó de representarle para asumir su defensa el despacho ANF, al que dice que acudió porque conocía el caso ya que en su día llevaron a Daniel Rivera.

Niega que su asistencia la pague Carlos Leal, investigado en piezas separadas del caso ERE por cobrar sobrecomisiones por labores de mediación del bufete Villasís.

"Mi defensa de momento no la paga nadie, vamos a ver si la paga la Junta, con 712 euros al mes que me pagan imagínate lo que puedo pagar, ni la comunidad de mi casa", bromea.